Israel, Occidente y el desafío de la migración

En general, a medida que el público fue tomando conciencia sobre el tema de la inmigración, los sistemas políticos en la mayoría de los países occidentales, siguieron la opinión pública y han seguido una tendencia más conservadora, la misma se ha visto fomentada por la preocupación del cambio en el carácter nacional que resultaría por la gran dimensión de este fenómeno. Los comentarios de la canciller alemana Angela Merkel sobre su deseo de “reducir drásticamente” el número de inmigrantes que arriban a Alemania son, por lo tanto, un momento decisivo en la política alemana de inmigración, luego que un millón de inmigrantes entraran al país en 2015.

Para Israel, el tema de la inmigración tiene un significado estratégico conocido, con consecuencias de gran alcance para el sentido más amplio de la seguridad nacional. Israel es el único país occidental con una frontera terrestre con África, un gran “exportador de inmigración” a Occidente, y también resulta muy tentador para muchos palestinos que residen ilegalmente dentro de las fronteras de Israel.

Las tendencias migratorias se adaptan a las políticas de los varios países de destino. Una política “más suave” da lugar a un mayor flujo de inmigrantes, y viceversa, como han mostrado los ejemplos de Suecia y Australia. Durante años, Suecia ha mantenido una política liberal de inmigración, la cual incluye condiciones de fácil acceso a la asistencia social y a la integración. Es más, Suecia le otorga la residencia permanente a los refugiados o apátridas luego de cuatro años, y la nacionalidad luego de algunos años de residencia. No es de extrañar que estas condiciones fomentaran la inmigración a Suecia. Entre los estados europeos Suecia aprobó el porcentaje más alto de peticiones de asilo (77%). En 2014, Suecia recibió 80.000 peticiones de asilo, un 50% más que el año anterior, cuando anunció que ofrecería la residencia permanente a inmigrantes de Siria, y en 2015 Suecia confirmo aceptar a 190.000 inmigrantes. Así, en los últimos años Suecia se ha transformado de un país homogéneo a una sociedad multicultural, y también ha criticado a otros países europeos por sus políticas migratorias más duras.

Sin embargo, dado el flujo creciente de inmigrantes por el puente Oresund entre Dinamarca y Suecia, y ante la gran cantidad de personas sin techo en las plazas de las ciudades, un cambio de atmósfera en el tema de la inmigración es palpable. Se inició un proceso legislativo para permitir cerrar el puente y reforzar el personal de control de pasaportes en las fronteras, y parece ser que dichas medidas han disminuido el flujo migratorio. El primer ministro sueco, que hace apenas unos meses había dicho “mi Europa no construye murallas”, declaró hace poco que “Suecia ya no puede aceptar la gran cantidad de solicitantes de asilo que estamos viendo en la actualidad”.

Australia otorga un ejemplo diferente. Pese a ser una nación de inmigrantes, su política rígida se centra en el control selectivo de quién puede ingresar. Australia ofrece ventajas económicas y sociales, pero su población no es muy grande y por ende teme cambios drásticos al carácter nacional y cultural de su sociedad.

A principios del siglo XXI, luego de años en los que muchos inmigrantes llegaron a Australia, se adoptó la política de la Solución del Pacífico, mediante la cual se transfirió a los inmigrantes a las islas de Nauru y Manus para ser “procesados”. Esta política, que disuadió a los inmigrantes y redujo sus números, fue abandonada en 2007 (a causa de desarrollos políticos internos), y el flujo de personas buscando asilo en Australia nuevamente subió. En julio de 2013, Australia y Pápua Nueva Guinea firmaron un “Acuerdo Regional de Reasentamiento” (la solución PNG), mediante la cual los inmigrantes, siempre y cuando tuvieran derecho al estatus de refugiado, fueron transferidos a Pápua Nueva Guinea. Se amplió de manera considerable el centro migratorio en la isla de Manus, lugar al cual se enviaba a los inmigrantes antes de transferirlos a Pápua Nueva Guinea. En el caso en que se determine que no tienen derecho a recibir el estatus de refugiados, permanecen en el centro de procesamiento, son devueltos a su país de origen, o enviados a terceros países. Como es de esperar, las organizaciones de derechos humanos han criticado esta política durante la última década, Israel se ha enfrentado a la inmigración a gran escala desde África, sobre todo de Eritrea y Sudán. Decenas de miles se han infiltrado en Israel a través de la frontera del Sinaí para buscar trabajo. Visto que Sudán es oficialmente un país enemigo, y teniendo en cuenta la grave situación de derechos humanos en Eritrea, devolver a los infiltrados a su país de origen resulta problemático. En su lugar, las medidas se han enfocado en cerrar la frontera, disuadir, y fomentar la salida voluntaria. Además, se han firmado acuerdos con otros países africanos para posibilitar enviar a los infiltrados a los mismos, aunque en pequeña escala.

Inicialmente, Israel no había tomado ningún paso para detener el fenómeno, lo cual solo agravó su envergadura. Varios años después, se decidió construir una cerca en la frontera entre Egipto e Israel, mientras que las medidas preventivas y disuasorias utilizadas incluyeron el recurso legal de mantener a los infiltrados en detención prolongada. Luego se introdujo una política integrada, que pretendía reducir la cantidad de inmigrantes en los centros urbanos y en Israel en general, así como fomentar su partida voluntaria. El incentivo monetario para la partida voluntaria se incrementó, y los infiltrados fueron transferidos de los centros urbanos a Holot, un centro de detención abierto. Esta política dio fruto inmediatamente luego de ser implementada en diciembre de 2013. En el primer trimestre de 2014, 4.000 inmigrantes dejaron Israel voluntariamente, y la infiltración de inmigrantes se detuvo casi completamente.

Sin embargo, luego de una audiencia en la Corte Suprema en abril de 2014, y luego que la Corte invalidara la ley en setiembre, la cantidad de personas marchándose cayó considerablemente. Luego, se promulgó una ley bastante débil que redujo el período de detención a tres meses, lo cual era solo un mes más largo de lo ya estipulado por la Ley de entrada en Israel. Sin embargo, en este caso el Alto Tribunal de Justicia también intervino: en 2015, por tercera vez consecutiva, la cantidad de tiempo que los infiltrados podían ser obligados a permanecer en un centro de detención fue revocado. Como resultado, la entrada de inmigrantes a Israel se reanudó en la segunda mitad de 2015, aunque a una escala menor.

La pregunta es si seguirá creciendo la infiltración en 2016 luego de la erosión de estas contramedidas. La policía egipcia ya está influenciando en el tema. El vínculo demostrado entre las medidas adoptadas (o no) por un país y la escala de la infiltración debería ser tomado en cuenta seriamente. Una política firme es una barrera, mientras que su erosión tiende a fomentar la infiltración, primero a gotas seguido por una ola masiva.

La infiltración del Sinaí no es el único desafío migratorio al que se enfrenta Israel. Hace quince años, se detuvo un gran influjo de palestinos que pretendían entrar a Israel basándose en la “reunificación familiar” con ciudadanos árabes. Durante la segunda Intifada, las agencias de seguridad se percataron que los ataques terroristas más severos los llevaban a cabo palestinos que habían logrado entrar a Israel de aquella manera. Como resultado, el gobierno israelí decidió prohibir las reunifaciones familiares, excepto en casos estipulados por ley. La ley fue apelada hasta la Corte Suprema y sobrevivió por un margen de un solo voto.

Un desafío adicional al que se enfrenta Israel tiene que ver con residentes ilegales y la posibilidad de un asalto masivo no militar en sus fronteras. Israel no tiene un control adecuado sobre las personas que ingresan desde la Autoridad Palestina, y la Agencia de Seguridad de Israel calcula que hay unos 50.000 residentes ilegales en territorio israelí en cualquier momento dado. Varios de los ataques terroristas de la ola actual fueron llevados a cabo por residentes ilegales, y el fenómeno de ingreso ilegal de palestinos no puede detenerse a menos que sea abordado con eficacia. A excepción del asalto en la frontera israelí por una masa de sirios (de origen palestino) durante los eventos del Día de la Nakba en junio de 2011, Israel aún no se ha enfrentado a una infiltración significativa desde los países vecinos, pero lo mejor sería prepararse para dicha eventualidad. Israel podría enfrentarse a la infiltración en el futuro, ya sea desde un país definido como enemigo (Siria) o desde un país con el cual tiene un tratado de paz (Jordania). La desestabilización de los países en la región aumenta este tipo de riesgos y conlleva también riesgos políticos y de seguridad.

Israel debe comprender que su nivel de vida y su proximidad a zonas devastadas por la guerra en Medio Oriente y África, lo exponen al riesgo continuo de la inmigración ilegal. Por lo tanto, para responder a este desafío, se debe adoptar una política clara y firme. El fracaso de Europa de lidiar con la inmigración masiva debería ser una advertencia, ya que Israel se enfrenta al desafío de proteger su carácter como el estado nación del pueblo judío