Por Israel
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23 Kislev 5778 | lunes diciembre 11, 2017
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Las veleidades antisemitas pagadas por todos


Más de 65 ayuntamientos españoles, mayormente gobernados por partidos de izquierda radical, y otras administraciones públicas, se han adherido a la discriminatoria y xenófoba campaña de odio del BDS en el territorio español. De la ilegalidad e inconstitucionalidad de dicha campaña dan fe las decenas de denuncias ganadas por ACOM en los Tribunales españoles que ha conseguido frustrar en al menos 25 ayuntamientos el discurso del odio del BDS.

Es absolutamente inaceptable e inmoral el uso de recursos públicos para hacer campañas de propaganda ilegales de boicot contra la única democracia de Oriente Medio; tan inaceptable e inmoral como que políticos, pagados con nuestros impuestos, en busca del voto fácil o de unas líneas en la prensa adhieran sus ayuntamientos a un movimiento,  como es el BDS,  que aleja la solución pacífica del conflicto y que niega a Israel los derechos más elementales, asumiendo, desde el maniqueísmo y la  más absoluta ignorancia del conflicto árabe israelí, una postura partidista y sectaria amparada en el mensaje de odio antisemita del BDS.

La cesión de espacios municipales, la difusión de ideas y comportamientos xenófobos, y el sufragio de estos con el erario de todos los españoles no pueden tener cabida en una sociedad moderna, democrática y alejada de comportamientos discriminatorios, más aún si consideramos que el conflicto árabe israelí, como otros temas de política exterior donde debe primar una estricta neutralidad, es un asunto  totalmente ajeno a las competencias municipales. Lamentablemente, debido al populismo de algunos alcaldes, el coste de esas campañas antisemitas y de los procesos judiciales con sus costas recaen sobre las arcas de los ayuntamientos, haciendo uso de fondos comunes para costearlas. Recursos, por desgracia, más necesarios para otras actividades sociales y de creación de empleo y riqueza, especialmente  en tiempos de crisis como los actuales.

Los ciudadanos, votantes y contribuyentes de esos ayuntamientos tienen el derecho a saber que el movimiento BDS-Rescop niega la solución de dos estados, está en contra de la normalización de relaciones, ignora la responsabilidad palestina en el conflicto, es marcadamente antisemita al no reconocer el derecho a  la existencia de Israel  y, por ende, el derecho de autodeterminación del pueblo judío, y blanquea, justifica y hace apología del terrorismo palestino invitando, incluso, en sus eventos a sanguinarios terroristas como Leyla Khaled, miembro de la organización criminal FPLP, organización con la que el BDS-Rescop tiene vínculos públicos y conocidos.

 
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