Por Israel
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24 Kislev 5778 | martes diciembre 12, 2017
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EEUU y la lucha contra las ONG que financian el terrorismo


Provocar la quiebra de las organizaciones benéficas terroristas no fue precisamente una prioridad en los ocho años de Barack Obama. Ha llegado la hora de que la Administración Trump dé instrucciones a los burócratas para que retomen esta importante batalla.

Tras los atentados del 11-S, la Administración de George W. Bush llevó a cabo importantes operaciones de desmantelamiento. En 2001 las autoridades federales pusieron en el punto de mira a la Holy Land Foundation por canalizar más de 12 millones de dólares a la organización terrorista palestina Hamás. Al año siguiente, el Departamento del Tesoro desmanteló la Benevolence International Foundation de Illinois por “proporcionar apoyo material a varias organizaciones, incluida Al Qaeda”. La Global Relief Foundation, también clausurada en 2002, “proporcionaba ayuda a Osama ben Laden, a la red de Al Qaeda y a otras organizaciones terroristas conocidas”. Otra organización benéfica que financiaba a Al Qaeda y a Hamás, la Islamic Africa Relief Agency, corrió una suerte parecida en 2004, y su presidente fue condenado a 63 meses de cárcel.

En cambio, en sus ocho años la Administración Obama desmanteló una sola entidad benéfica por financiación del terrorismo (una tapadera de los Tigres Tamiles, en 2009). Se desconoce qué tipo de riesgos ha supuesto -si es que ha sido así- este lapso para la seguridad nacional o para nuestras tropas desplegadas en el extranjero. Pero es de todas formas desconcertante, dada la constante preocupación mundial por la amenaza del terrorismo.

El lapso de ocho años quedó confirmado en un informe publicado en diciembre de 2016 por la Financial Action Task Force, organismo internacional dedicado a promover políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

“EEUU no ha señalado a ninguna organización benéfica con sede en EEUU desde (…) 2009”, decía el informe. Publicado en coordinación con el Gobierno de EEUU, el documento decía:

El descenso es coherente con la creciente tendencia [de los grupos terroristas] a recaudar fondos bajo falsos pretextos y por fuera de organizaciones benéficas de cualquier tipo.

Es sin duda cierto que se ha producido ese descenso. Los esfuerzos del Gobierno de EEUU paraproteger la integridad del sistema financiero norteamericano y congelar fondos destinados a organizaciones terroristas han disuadido a muchas organizaciones enemigas de operar en suelo estadounidense. Pero es difícil creer que ni una sola organización haya entrado en conflicto con nuestras leyes.

Una explicación más probable es que la iniciativa Contrarrestar el Extremismo Violento de Obama, pese a las afirmaciones sobre sus éxitos en el ámbito comunitario, dejaba a un lado la aplicación de la ley para cooptar, en vez de confrontar, a los infractores. Así, se pedía a las organizaciones sin ánimo de lucro que renunciaran al extremismo y dejaran de financiar el terrorismo incluso cuando las autoridades tenían fuertes sospechas de que algunas de ellas estaban implicadas en ese tipo de actividades. Es a esto a lo que parece referirse el informe de la Financial Action Task Force como “objetivo sobrepasado”.

El apartamiento burocrático de la persecución activa de las organizaciones benéficas proterroristas ha sido una constante durante varios años. En los últimos tiempos, el Departamento del Tesoro y el FBI trabajaron conjuntamente para lograr algunos éxitos importantes. En 2006, las divisiones de Seguridad Nacional e Impuestos del Departamento de Justicia, en cooperación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el FBI, formaron un equipo de trabajo para señalar a organizaciones exentas de impuestos sospechosas de financiar a organizaciones terroristas internacionales. También incluía a representantes del Tesoro y del Comando Central del Pentágono, que cubre Oriente Medio. Entre otras cosas, el equipo de trabajo hacía un seguimiento de antiguos empleados y donantes de las organizaciones que tenían algún antecedente en financiación del terrorismo, una tarea crucial, ya que los financiadores del terrorismo reorganizan constantemente su estructura corporativa, y a veces sus nombres, para evadir las leyes.

En 2007, la estrategia de este equipo de trabajo formó parte de la propuesta de un plan nacional contra la financiación del terrorismo. El equipo de trabajo proporcionó las bases para llevar exitosamente a juicio a una serie de organizaciones delictivas. Pero todo terminó abruptamente poco después de que el presidente Barack Obama llegara al poder.

Entre tanto, las investigaciones domésticas del Departamento del Tesoro se marchitaban, debido a los obstáculos legales sobre su constitucionalidad. De hecho, el riesgo de un largo proceso de litigio cada vez que se acusaba a una organización parecía ser superior a la recompensa. Al final, como me dijo un funcionario del Departamento del Tesoro, “dejamos de hacer acusaciones a nivel doméstico”. La probabilidad  que el Departamento del Tesoro reanude las acusaciones domésticas es muy pequeña o ninguna.

Por supuesto, la lucha contra la financiación del terrorismo dentro de Estados Unidos no se ha detenido. Simplemente, ahora es estricta competencia del Departamento de Justicia. Algunos casos puntuales contra individuos han prosperado, y se han desmantelado algunas tramas. Pero las organizaciones domésticas, sea por falta de objetivos o por decisiones políticas, han quedado al margen.

El Tesoro, mientras tanto, sigue sancionando agresivamente a las entidades en el extranjero, y ayuda a frenar la financiación del terrorismo en todo el mundo. Pero es difícil entender cómo nuestros socios internacionales van a tomarnos en serio si se mantiene esta evidente asimetría. De hecho, ¿por qué deberían sentirse impelidos a tomar medidas contra sus problemas de financiación del terrorismo si no abordamos los nuestros?

La pelota está ahora en el tejado de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Es posible que, entre las muchas y diversas atenciones que exige la transición presidencial, este asunto no esté bajo el radar de la Administración. Pero debería. En realidad, lo sorprendente sería que las organizaciones terroristas no hayan aprovechado este margen de oportunidad. Es hora de poner otra vez a nuestros profesionales de la seguridad nacional a trabajar en este asunto de la máxima importancia.

© Versión original (en inglés): The Weekly Standard
© Versión en español: Revista El Medio

 
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