Sólo se trata de una trampa

Miguel Bronfman

Para LA NACION
29.1.2013

El acuerdo celebrado con las autoridades iraníes que se intenta exhibir como un logro histórico en realidad revela, a poco de ser analizado, que estas negociaciones con Irán únicamente conducirán a terminar con la «causa AMIA», a clausurarla y archivarla, y a postergar para siempre las ansias de obtener, algún día, algo de justicia.

Además de que se ha actuado contrariando nada menos que la letra explícita de nuestra Constitución nacional, que prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo inmiscuirse en causas judiciales en trámite, y de que se pretende crear una «comisión de la verdad» ad hoc que choca de manera insalvable con todo nuestro ordenamiento legal, este acuerdo únicamente podrá tener como resultado la absoluta impunidad de quienes han sido individualizados por la Justicia (luego de casi 19 años de investigación) como los autores del atentado que costó la vida a 85 personas. Cualquier criterio de realidad nos muestra rápidamente que todo lo pactado será sin dudas de imposible realización.

Este acuerdo no sólo es ilegal -violatorio de la Constitución y las leyes procesales penales-, si no, además, impracticable: imaginemos nada más cuánto podría durar el proceso de selección para la integración de la comisión: años.

Una vez formada la Comisión de la Verdad, sería ella misma la encargada de determinar las reglas para su funcionamiento: más y más años todavía, ya que ambas partes deben aprobar este reglamento, con lo cual no es difícil imaginar a los funcionarios iraníes poniendo una traba tras otra.

Superados todos estos escollos, las autoridades judiciales de ambos países tienen que poner a disposición de la comisión las pruebas y documentación. ¿En cuánto tiempo debería producirse este intercambio? ¿Cuánto tiempo tendría la comisión para evaluar y luego emitir su informe? ¿Un año, dos, tres? ¿Otros diecinueve? Nada de eso está aclarado en el acuerdo. Por otro lado, parece ser que Irán sí tiene información sobre el atentado y que gustosamente la pondrá a disposición de la comisión. Al propio tiempo, ¿qué información entregará la Argentina? ¿Se entregarán, por ejemplo, los informes de los servicios de inteligencia relativos a los agentes e imputados iraníes?

Finalmente, lo más absurdo: que la Comisión de la Verdad, luego de todos esos pasos, simplemente emitirá una «recomendación», la cual deberá ser tenida en cuenta por las partes.

Es decir, imaginemos nuevamente: se forma la comisión; se dicta su reglamento -y es aprobado por los dos países (seamos incluso generosos e imaginemos que esto ocurre en tiempo récord, digamos, un año)-; la comisión evalúa años y años de investigación, y luego determina que efectivamente, de acuerdo con esas pruebas, los imputados iraníes con pedidos de captura son responsables. ¿Y entonces? ¿Cómo sigue todo? Igual que ahora: la Argentina reclamando en el vacío, ya que ni siquiera se dice que la opinión de la comisión pueda ser vinculante, ejecutiva u obligatoria: se tratará simplemente de una «recomendación» que las partes «deberán tener en cuenta» para sus acciones futuras.

En otras palabras, esto que se pretende exhibir como un logro es lisa y llanamente una trampa; una trampa sin salida: aun cuando fuéramos tan ingenuos para creernos todo, y aun cuando se cumpliera al pie de la letra todo lo que está dicho en el acuerdo, volveríamos al mismo punto en el que estamos hoy, ni más ni menos que al mismo lugar exactamente, sólo que muchos años después, habiendo resignado nuestra soberanía, nuestro honor, nuestra dignidad, y habiendo manipulado políticamente, una vez más y de la manera más bochornosa posible, la memoria de los muertos