Punto final, sin justicia ni verdad

Joaquín Morales Solá 

La Nación

Cristina Kirchner no se libró del escándalo político, aunque logró que las comisiones del Senado, mayoritariamente kirchneristas, aprobaran su acuerdo con Irán. El escándalo significa para cualquier gobierno un precio político, que nadie sabe por qué la Presidenta está dispuesta a pagar. Su canciller, Héctor Timerman , demostró ayer que él tampoco sabe para qué se firmó ese pacto. ¿Sólo para buscar una verdad improbable? ¿Y la justicia? El ministro relativizó la posibilidad de encontrar una solución judicial, sobre todo porque las diligencias previstas por el acuerdo se harán en Teherán y no en la Argentina.

Timerman borró, con un solo párrafo, la larga doctrina oficial sobre la revisión del pasado en temas de derechos humanos. Verdad y justicia . Eso es lo que se dijo siempre desde que el kirchnerismo llegó al poder. La verdad sobre los crímenes de la última dictadura ya se conocía antes del kirchnerismo. Ese pasado inhumano y trágico quedó expuesto en el trabajo de la Conadep, en el juicio a las juntas militares y en los posteriores juicios por la apropiación de niños en cautiverio. La doctrina oficial incluyó la justicia a esa verdad que ya estaba probada.

En el caso de la masacre de la AMIA, el canciller se conforma sólo con la verdad. ¿También su gobierno?

Buscar la verdad es negar que haya una verdad. Toda la investigación argentina de más de 18 años, con sus avances y retrocesos, con sus miserias y sus virtudes, fue sepultada por ese acuerdo inexplicable.

Ésta es la conclusión más clara que puede sacarse de la exposición de Timerman ante el Senado , pero, sobre todo, de la actitud del oficialismo, proclive al secretismo, a la oscuridad y al retaceo de información sobre el acercamiento a los ayatollahs iraníes. Es, tal como dijo Laura Ginsberg, familiar de víctimas del atentado, el «punto final» para la investigación sobre lo que ocurrió en la sede la mutual judía. La causa se cerrará algún día y 85 muertes quedarán definitivamente impunes.

¿Cómo no suponer que existen cosas secretas en esas negociaciones luego de que el gobierno iraní informó que las tratativas reservadas con funcionarios argentinos llevan dos años?

Timerman desmintió ayer en el Senado cualquier acuerdo secreto, pero es el mismo canciller que hace casi dos años desmintió violentamente al periodista Pepe Eliaschev cuando éste reveló que existían conversaciones entre Timerman y funcionarios iraníes. Timerman viajó entonces a Israel para desmentir a Eliaschev, pero éste terminó confirmado por los propios iraníes.

Es el mismo canciller que les aseguró a los dirigentes de la AMIA y la DAIA que el actual ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, buscado por Interpol, declararía ante la justicia argentina. Aseveración que los iraníes se ocuparon de desmentir con precisión apenas 24 horas antes de su crucial exposición ante el Senado argentino.

Por el momento parece que los adversarios del canciller no están en la Argentina, sino en Irán.

El canciller aceptó ayer que los acusados iraníes podrían no declarar en Irán, como podrían, agregó, no declarar en la Argentina. La posibilidad de no declarar contra sí mismo es, en efecto, una garantía del derecho argentino. Pero hay diferencias con este caso.

La primera: cualquier ciudadano citado por la justicia argentina está obligado, aun cuando fuere un simple testigo, a presentarse ante los jueces. Si no se presentara, la justicia podría buscarlo en el acto con la fuerza pública. La segunda diferencia: el juez evalúa aquí la actitud de cualquier imputado que decide no declarar contra sí mismo. Puede ser una carga contra él al final del proceso.

En el caso que involucra seriamente al gobierno iraní por la tragedia de la AMIA, no hay posibilidad de que ninguna fuerza pública lleve a los acusados ante la justicia argentina. Menos posibilidades hay de que los jueces locales puedan dictar una sentencia de cumplimiento efectivo contra los que se negaron a declarar. Esta última certeza es una definitiva violación del Código Procesal Penal, porque ningún argentino tendrá nunca fuerza para decidir un arresto en Teherán.

Si de lo que se trata es de una causa judicial, ¿por qué el kirchnerismo se negó ayer con tanta obstinación a que fueran a exponer al Senado, en una reunión secreta, el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal general de la investigación sobre el atentado, Alberto Nisman? ¿Qué teme el oficialismo que digan esos funcionarios judiciales? ¿Acaso que no están de acuerdo con el pacto con Irán y que no ven en él ningún beneficio para el progreso de la causa?

El juez podría viajar a Teherán si se dieran las condiciones, pero ¿qué será de Nisman, el fiscal que llevó adelante la investigación que terminó con el pedido de captura internacional de los iraníes?

Párrafo aparte merece una aclaración: todos los buscados ahora por Interpol son iraníes, porque el único no iraní que había, un libanés, fue asesinado.

Nisman es ahora la única persona que quedó con pedido internacional de captura. Los iraníes fueron explícitamente liberados por el acuerdo de su gobierno con Cristina Kirchner, según consigna, de manera torcida, el texto del acuerdo. Ese texto no dice nada sobre Nisman, tal vez porque ningún funcionario argentino se acordó de él.

La detención de Nisman fue pedida por el gobierno de Irán, luego de que el fiscal argentino expuso en la sede central de Interpol, en Lyon, las razones que respaldaban la captura de los iraníes.

En aquel momento, Nisman fue también seriamente amenazado de muerte, amenazas que se repitieron en los últimos días. Es evidente que la justicia argentina perdió en todos los terrenos después del acuerdo que ayer defendió malamente el canciller argentino.

El gobierno iraní volvió a insistir en las últimas horas en la inverosímil y calumniosa hipótesis de que Israel perpetró el atentado contra la AMIA. Imposible encontrar mayor dosis de insoportable antisemitismo.

Funcionarios de Teherán aseguraron que ningún iraní estará obligado a hablar ante los comisionados argentinos. Ni justicia ni verdad, entonces.

Después de esas revelaciones, que ya no son simples interpretaciones, la Presidenta tuvo la oportunidad de retirar el acuerdo del Senado y renunciar a ese pacto. Habría sido un gesto de «coherencia con sus principios y sus convicciones», coherencia de la que ella suele jactarse. Extrañamente no lo hizo, contra cualquier pronóstico. Todavía está a tiempo.

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