La otra campana: la iraní

Emilio Cárdenas

LA NACION

Cuando el gobierno está imprimiendo una fuerte presión sobre el Congreso de la Nación para que considere y ratifique a tambor batiente el cuestionado acuerdo con Irán sobre la causa de AMIA, resulta bien interesante difundir la visión iraní directa sobre este espinoso tema. Para que nadie se equivoque. Ella es la contenida en el diario que se publica en inglés en la propia Teherán que lleva el nombre de: «Tehran Times». Nos referimos a la edición del 5 de febrero pasado que puede consultarse fácilmente en: www.tehrantimes.com/opinion/105380-iran-argentina-and- .

El mencionado medio gráfico, recordemos, se fundó en 1979 y forma parte del llamado «Grupo Propagandístico Islámico». De corte absolutamente oficialista, diríamos nosotros.

La trascendental nota a que aludimos comienza señalando que el acuerdo alcanzado con la Argentina sobre la cuestión de la AMIA tiene como propósito central «descubrir la verdad» sobre el mismo. A ese efecto, agrega la nota, los cancilleres de ambos países suscribieron un memorando de entendimiento el pasado 27 de enero que dispone conformar una «Comisión de la Verdad» compuesta por cinco abogados independientes.

Para Irán, ello es fruto «de su insistencia» desde hace 19 años, de que el caso sea investigado. Porque originalmente, sostiene el medio, el mismo estuvo en manos de «un juez corrupto y parcial». Por ello califica al acuerdo alcanzado con nuestro país de estar «estrictamente en línea con la posición diplomática iraní». Un triunfo rotundo de la diplomacia iraní, entonces.

Por esa razón, sostiene que los miembros de la Comisión «conducirán una investigación detallada de la prueba vinculada con cada uno de los acusados». Nada será en más secreto, queda visto. Luego de lo cual, ellos «expresarán sus pareceres y emitirán un informe» que contendrá, además, recomendaciones que deberán ser formuladas «en el marco de las leyes y reglamentaciones de ambas partes».

Los iraníes alientan la esperanza, sostienen, que así se hará luz sobre los aspectos oscuros de lo acontecido y finalmente se descubrirá «quién ha estado atrás de este ataque terrorista» o, por lo menos, quién ha sido responsable «de las acusaciones falsas que se formularon sin evidencia fuerte en todos estos años». Para el juez y fiscal argentinos de la causa, esto no tiene ciertamente nada de ponderación y es, en cambio, una inaceptable acusación.

Para Irán, «si los abogados independientes (a los que se asigna el rol que nuestras leyes confieren a nuestros magistrados) descubren la verdad, ello beneficiará a la Argentina también, porque conocer la verdad es un pre-requisito para la justicia y advertir que la investigación marchaba tras pistas equivocadas la ayudará a poner el curso de la justicia, finalmente, en el debido andarivel». Este comentario contiene una absurda mezcla de soberbia, desdén y hasta de una suerte de vilipendiosa condescendencia, que por cierto no necesitamos.

Para Irán, el acuerdo también provee la posibilidad de hacer preguntas a los acusados en una reunión a celebrarse en Teherán, con la participación de las autoridades judiciales iraníes y argentinas en la que los miembros de la Comisión de la Verdad a conformarse también deberán estar presentes.

Irán cree que quienes, en Irán, sugirieron que este esquema puede interferir con los derechos de los individuos están equivocados. Por varias razones.

Primero, sostiene el medio oficialista iraní, porque si el informe de la Comisión de la Verdad concluye que no hay pruebas contra quienes, inocentes, fueron acusados, estos serán compensados (suponemos que por la Argentina, lo que sería grotesco).

Segundo porque, en ese caso, no serán objeto de pregunta alguna, atento a que ambos países han coincidido en «tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en el futuro». La reunión en Teherán, en consecuencia, «no puede tener lugar hasta que se conozca el informe de la Comisión de la Verdad». Si ella no produce ese informe, no habrá, jamás, interrogatorio de ninguna naturaleza. Punto.

Tercero porque la reunión se hará en territorio iraní, done la «ley iraní tiene prevalencia y el juez iraní presidirá la reunión» . Y «como las acusaciones no han emanado de ningún magistrado iraní, el juez iraní (que presida eventualmente la reunión) no permitirá que se hagan preguntas de ningún tipo». Punto, otra vez.

Y, finalmente, porque el «Memorando de Entendimiento» contiene una cláusula que dispone que «nada en este acuerdo pondrá en riesgo los derechos individuales conferidos por la ley». Basta invocar esta cláusula, queda implícito, para que todo quede en la nada.

Como si todo lo antedicho fuera poco, la nota del medio iraní recuerda al lector que «de acuerdo al derecho de Irán y a la Constitución iraní, los iraníes sólo pueden ser obligados a declarar si ello es dispuesto por un tribunal iraní, basado en evidencia firme». Punto, final.

Por lo demás, se agrega, que el acuerdo no ha «creado obligación alguna para ninguna persona que la obligue a tener que asistir a la (referida) reunión». Y todos tienen el derecho de hacerlo de conformidad con su propia decisión». Irán aclara, de inicio, que no garantiza nada. Absolutamente nada. Ni siquiera la comparencia de los acusados. Esto es realmente increíble.

Irónicamente, la nota iraní concluye que el medio oficialista «tiene la esperanza que las legislaturas de ambos países ratifiquen el memorando de entendimiento de modo de pavimentar el camino para que la verdad sea descubierta y pueda hacerse justicia»