El 7 de octubre de 2011, mientras la dictadura que gobierna en Siria reprimía y mataba ante la vista del mundo entero, se realizaba su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como en pocas oportunidades, esta ocasión mostró las divisiones políticas de los gobiernos latinoamericanos: por un lado, hubo un grupo activamente comprometido con las prácticas autoritarias, liderado por Venezuela, Cuba y Ecuador; y otro crítico de la situación interna en Siria, conformado por Chile, Brasil, Uruguay y Perú.
En efecto, en el diálogo interactivo realizado en Ginebra, Brasil le recomendaba a Siria que respetara la libertad de asociación y expresión; Uruguay reiteraba su preocupación por la violenta represión de protestas pacíficas, el incremento de actos contrarios a las leyes internacionales de derechos humanos y consideraba que Siria debía liberar a los prisioneros de conciencia y detenidos arbitrariamente y poner fin a las intimidaciones, persecuciones y arrestos arbitrarios; Chile llamaba a Siria a generar condiciones para poner fin a la violencia y la represión, aseguraba que el estado de emergencia debía ser levantado para poder garantizar los derechos humanos y le recomendaba liberar a todos los detenidos por expresar libremente sus opiniones; y Perú, de manera firme, lamentaba que Siria no estuviera a la altura de los compromisos asumidos en marzo de 2011 relacionados con el mantenimiento de los más altos estándares en la protección de los derechos humanos y tomando nota que no había cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales y no autorizaba el acceso de la relatora especial que hacía referencia a la situación de los defensores de los derechos humanos.
Contrariamente, Cuba felicitaba a Siria por “la apertura al diálogo con la oposición”, le recomendaba seguir confrontando cualquier intento de intervención extranjera en sus asuntos internos, así como seguir tomando medidas a nivel nacional guiados por sus “legítimas autoridades” como una solución política a lo que está sucediendo en el país; Ecuador reafirmaba el “derecho de las personas a la autodeterminación, el respeto por la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”; y la República Bolivariana de Venezuela, yendo un poco más lejos que sus socios del ALBA, señalaba que “a pesar de las serias dificultades y sufrimientos, Siria había enviado un mensaje de compromiso para con los derechos humanos”.
Posteriormente al análisis del EPU de Siria, el 1 de junio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó una resolución condenando “El deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Siria y los recientes asesinatos en El-Houleh”, que reunió 41 votos afirmativos, 2 abstenciones y 3 negativos. Las abstenciones fueron de Ecuador y Uganda, mientras que por la negativa se pronunciaron Cuba, Rusia y China. Entre la abrumadora mayoría de 41 países que votaron en favor de esta resolución se encontraron Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay.
Se van a cumplir dos años del EPU de Siria en Ginebra, período en el que se perdieron muchísimas vidas y en el que no se vio a organizaciones estudiantiles, de derechos humanos y referentes sociales del “pacifismo” denunciando los crímenes del régimen antidemocrático de Bashar Al-Assad. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si la presión internacional contra la dictadura siria hubiese sido tan activa como las protestas de ahora ante un eventual ataque “quirúrgico” por parte de los Estados Unidos? En realidad, no se puede al mismo tiempo defender la paz y mantener una actitud de apoyo o neutralidad frente a un régimen represor de las libertades democráticas.
Tocando el violón debajo de la ventana de Obama declarándole su amor y entrega sin condiciones, rindiéndose como cobardes y pusilánimes grullas de la Pampa.