La Historia y el taxista de Granada

Una vieja costumbre turística es recurrir a la «sabiduría múltiple» de los taxistas del lugar que se visita a fin de poder saber el pronóstico del tiempo, el tipo de cambio de la moneda local, los deportes o la situación social, política y económica del país.

Digo ésto evocando mi última visita a Granada hace ya unos años. Recuerdo que, debido a la crisis, le pregunté al taxista que me llevaba a la Alhambra, acerca de la situación económica de la región. Ante mi total sorpresa, y sin conocer mi identidad israelí, respondió sin tartamudear: «Mal seňor, muy mal; de hecho, desde que echaron a los judíos de aquí, ésto nunca volvió a ser lo que era antes».

Reconozco que una sensación rara, mezcla de justicia y dolor, invadió mi interior. «Más vale tarde que nunca», pensé para mis adentros.

La historia suele brindanos a veces esas pequeňas «venganzas del chinito»; aquellas que por un instante, hacen que repentinamente se abran los cielos y uno sea testigo de un pequeňo estado de plenitud y conformidad.

Pero si el taxista tenía razón, ¿qué determinó entonces la expulsión de los judíos de Espaňa en 1492 por los Reyes Católicos? ¿tan ávidos estaban de empeorar la situación inmediatamente después de la Reconquista?

Las causas de la expulsión de los judíos dieron lugar a un intenso debate historiográfico en el que se manejaron interpretaciones muy diversas.

Se alegaron explicaciones basadas en la presión de la opinión popular antijudía, el odio del pueblo hacia los judíos a causa de la práctica de la usura y de su acumulación de riquezas.

También se esgrimieron razones fundamentadas en alineamientos sociales: un episodio de la lucha de clases entre los tradicionales grupos privilegiados de la nobleza y el clero y la incipiente de los judios, o la expulsión como alianza de las oligarquías urbanas antijudías con la monarquía.

Sin embargo, en aquella época, ni la opinión de las masas populares tenía gran incidencia en las decisiones de la alta política, ni la ecuación judíos=burguesía poseía fundamento, como tampoco la tenía el antagonismo nobleza<>judíos, pues muchos de ellos eran administradores de los Estados de la aristocracia; asimismo las oligarquías ciudadanas tampoco tenían la impronta suficiente para imponer una decisión de tanta trasendencia sobre una monarquía autoritaria que, por otro lado, controlaba a los municipios a través de los corregidores.

A pesar de la dificultad de establecer con precisión la razón última que llevó a firmar el «Edicto de Granada» y a los Reyes Católicos a decidir la expulsión, hay algunos puntos que parecen bastante asentados en el debate historiográfico actual. Uno sería el hecho de que la iniciativa partió de los inquisidores que pretendían, con tal radical medida, acabar con el «herético contrato» de convivencia entre judíos y cristianos en el mundo occidental.

En segundo lugar, en general, se reconoce un fondo político a esta decisión: constituir un paso más de la monarquía autoritaria de los Reyes Católicos en su afán para lograr una mayor cohesión social, repetidamente resquebrajada por los tumultos antijudíos de la década de los ochenta del siglo XV, a partir de la unidad de la fe.

En este sentido algunos historiadores llegaron a afirmar que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón esperaban que la eliminación del judaísmo facilite la asimilación definitiva y la integración de los conversos en la sociedad espaňola; mientras que otros sostuvieron que los reyes aspiraban a un máximo religioso, concretado en la unidad de la fe católica, que habría que interpretar como un elemento de la maduración del poder de la monarquía en la construcción del futuro Estado moderno espaňol.

¿Suena conocido, no?… opinión popular, asimilación, integración, unidad, contratos heréticos, cohesión social.…

Pero volviendo a la «venganza del chinito», esta semana el Gobierno español decidió modificar el Código Civil para conceder la nacionalidad española a los descendientes de los judíos que fueron expulsados. Desde que se comunicó esa medida, muchos ciudadanos israelíes acudieron a consulados españoles en Jerusalén y Tel Aviv para informarse.

En el anteproyecto de ley se citan posibles certificaciones de la condición de sefardí, entre ellas los apellidos de los interesados y el idioma familiar, en referencia al ladino. Los medios de Israel publicaron una lista con 5.200 apellidos sefardíes, lo que propició un aluvión de consultas a las misiones consulares españolas.

Comunidades judías en todo el mundo aplaudieron la medida, que calificaron como «reparación moral de la deuda histórica de España con los sefardíes».

«Este anteproxecto de ley quiere restituir legalmente la gran infamia de la expulsión; estaremos atentos a como quede definitivamente», advirtieron dirigentes de colectividades judías de España, que cifran en unas tres millones de personas las que podrían beneficiarse de esta decisión.

Para muchos de ellos, esta medida es un reencuentro histórico y sentimental, que podría ser importante a efectos estratégicos económicos.

Aunque los siglos lo diluyen en el tiempo y parezca un hecho menor, la expulsión de los judíos de España, fue un drama desastroso y traumático en su momento. Que los descendientes de los judíos sefardíes expulsados recuperen la nacionalidad es la reparación de una barbaridad histórica.

Si no me creen, pregúntenle al taxista de Granada.