Los demandantes, en un caso civil antiterrorista por daños y perjuicios, en EEUU, contra la Autoridad Palestina, posiblemente por mil millones de dólares, anunciaron el jueves que habían superado la mayor parte de su moción de juicio sumario, allanando el camino para un posible primer juicio pleno contra la Autoridad Palestina.
Las demandas de ocho de las nueve familias de las víctimas superaron la moción de la AP de desestimar el caso, antes del juicio, con argumentos de responsabilidad indirecta y, en virtud de la Ley Antiterrorista de EEUU, prosperaron las demandas contra la AP por responsabilidad federal directa.
El caso de una de las nueve familias fue desestimado y la demanda por responsabilidad directa del estado en contra de la AP también fue desestimado, pero el resultado general significó que el juicio seguirá adelante después de largos años de litigio y ataques que duraron más de una década, a menos que la AP trate de llegar a un acuerdo.
Una audiencia está programada para el jueves en la cual el tribunal federal de EEUU de Nueva York es probable que establezca un calendario para avanzar hacia el juicio.
El fondo del caso, presentado por la ONG Shurat Hadin – Israel Law Center y Kent Yalowitz de Arnold Porter en nombre de las familias de 11 víctimas, demanda a la AP por la presunta participación de su personal en siete ataques terroristas entre 2001 y 2004, durante la segunda intifada.
Según los demandantes, varios de los operativos de la AP ya habían sido condenados penalmente en tribunales israelíes por su participación en incidentes terroristas, algunos de ellos con múltiples condenas.
Dijeron que en cada ataque individual hubo por lo menos un empleado de la AP involucrado y que la AP mantuvo a los empleados en su nómina, en algunos casos promocionándolos, e incluso exaltándolos y glorificándolos, incluso después de ser declarados culpables.
Sobre la base de la supuesta conexión de la AP con los alrededor de 30 perpetradores, los demandantes sostienen que la AP tiene responsabilidad indirecta por los actos de sus empleados.
El 23 de septiembre, un jurado de Brooklyn dictó el primer gran veredicto sobre financiación del terrorismo después de un juicio pleno contra una importante institución financiera – el Banco Árabe.
Si este caso va a juicio, sería de importancia similar y podría ser el primero de su tipo en contra de la AP, que normalmente se negó a participar y tuvo juicios por omisión en su contra, o llegó a acuerdos silenciosos fuera de los tribunales.
El caso ha incluido el raro acontecimiento de la AP mostrando sus archivos internos del personal, incluidos los archivos y expedientes de inteligencia de los «mártires».
Debido a esa evolución, algunos documentos judiciales contienen extensas áreas que están siendo tachadas, así como también que la identidad, mantenida secreta, de muchos del personal de la AP es de conocimiento de la corte, pero no del público en general – a pesar de que estas protecciones son raras en los casos civiles.
Un grupo de periodistas está tratando de que se levante el secreto de sumario, pero su moción aún no ha sido resuelta y el juez había rechazado previamente la moción de los demandantes para hacerlo.
Los demandantes dijeron que la evidencia en contra de la AP y sus empleados incluye condenas y confesiones en contra de los empleados, registros internos de la AP que muestran pagos y promociones para los terroristas condenados durante sus encarcelamientos y declaraciones en publicaciones de la AP reflejando la incitación y aprobación de los ataques (que dicen revelan la mentalidad de la AP).
En un caso, los demandantes dicen que la AP proporcionó a Hamas apoyo, personal y equipo para fabricar bombas como represalia por la muerte selectiva por parte de Israel de un líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Uno de los desafíos que los demandantes tendrán que superar es el uso, como prueba directa, de las condenas de tribunales militares israelíes.
Aunque no hay ningún caso equivalente, los demandantes creen que tendrán éxito en éste, dado que tribunales de EEUU han admitido condenas de tribunales militares israelíes en casos de inmigración-deportación, y fueron utilizados en el reciente caso del Banco Árabe.
En los días en que Yasser Arafat presidía la AP, muchos casos similares fueron ignorados, mientras que con Salim Fayyad, la AP se presentó y trató de solucionar algunas demandas.
Si el caso se convierte en el primero de su tipo en ir ante un jurado, no está claro por qué han cambiado aquí las tácticas y la voluntad de la AP de ir a juicio.
La Directora de Shurat Hadin, Nitzsana Darshan-Leitner, dijo: «Esta histórica decisión permite que estas víctimas estadounidenses del terrorismo, y sus familias, presenten ante un jurado de Nueva York su abrumadora evidencia del apoyo de la Autoridad Palestina a las asesinas operaciones terroristas en Israel».
Traducido para porisrael.org por José Blumenfeld
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