Lynch y Nisman: unir los puntos entre dos tramas iraníes

El Comité Judicial del Senado comenzará el 28 de enero con las audiencias de confirmación para que Loretta Lynch, fiscal del Distrito Oriental de Nueva York, se convierta en fiscal general de Estados Unidos. La comparecencia supone una oportunidad decisiva para aprender de las lecciones que nos ha dejado el difunto Alberto Nisman respecto al terrorismo iraní en el Hemisferio Occidental.

La comparecencia de Lynch tiene lugar poco después de la sospechosa muerte de Nisman en su residencia de Buenos Aires. Nisman era el fiscal argentino encargado de investigar el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el centro judío sito en la capital argentina. Tanto él como su equipo revisaron meticulosamente montañas de documentos, transcripciones de cables y otro material de inteligencia. Su investigación llegó a la conclusión de que al menos siete altos cargos iraníes estaban implicados en la planificación del atentado.

Las pruebas de Nisman hicieron que Interpol emitiera en 2007 órdenes de busca y captura contra cinco altos cargos iraníes, mientras que Argentina emitió órdenes de detención contra el entonces presidente iraní, Akbar Hashemi Rafsanyani, y su ministro de Exteriores, Alí Akbar Velayati. Las órdenes de detención y de busca y captura aún tienen validez, y la mayoría de los iraníes señalados en el caso siguen interviniendo en la política de su país.

Como fiscal de Estados Unidos en Nueva York (entre 1999 y 2001, y desde 2010), Lynch colaboró​ con Nisman en el caso Estados Unidos vs Abdul Kadir, así como en relación a la investigación del fiscal argentino sobre el caso de la AMIA. Kadir era un parlamentario de Guyana que actualmente cumple cadena perpetua por su participación en la planificación de un macroatentado, volar los conductos de combustible del aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy, lo que fue descrito por otro de los acusados (también declarado culpable) como un intento de “dejar pequeño el atentado contra el World Trade Center”.

La oficina de Lynch estableció que Mohsen Rabani, antiguo agregado cultural iraní en Argentina, era quien dirigía a Nadir. Este mismo mes, Nisman también presentó pruebas de que Rabani estaba conspirando con la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para encubrir el papel de Irán en el atentado contra la AMIA, con el objetivo de reforzar los vínculos comerciales (y puede que también los de otro tipo) con la República Islámica.

Cuando Lynch comparezca ante el Comité Judicial esta semana, los miembros del Congreso deberían pedirle que describiera la ayuda prestada por Nisman a su oficina en pro de la seguridad nacional estadounidense. Deberían saber lo mismo que ella acerca de las actividades de Rabani en el hemisferio occidental, y de lo que puede hacer el Departamento de Justicia para asegurarse de que aprendemos de las importantes lecciones que nos brindan los informes de Nisman.

Además, el comité debería preguntarse cómo podemos ayudar a la Interpol a localizar a Rabani y si –dada su intervención en la propagación de las operaciones ilegales iraníes en el hemisferio occidental– sus actividades están siendo vigiladas en la actualidad. De confirmarse, ¿Lynch ofrecería a Interpol la cooperación del Departamento de Justicia para conseguir que Rabani y los otros destinatarios de las órdenes de busca y captura relacionadas con la AMIA respondan a las cuestiones planteadas por Nisman? Naturalmente, el Comité deberá preguntar qué pasos está dispuesta a dar la nueva fiscal general para asegurar una investigación justa y transparente de la trágica muerte de Nisman.

El más reciente informe del fiscal argentino (que debería haber presentado al Congreso de su país horas después de que se descubriera su cuerpo) presenta pruebas de que habría otro alto cargo iraní, Alí Akbar Salehi, interviniendo en las supuestas conversaciones secretas para borrar la participación de Irán en la trama del atentado contra la AMIA a cambio de un acuerdo comercial para intercambiar petróleo por grano. Salehi, un científico nuclear que dirige la Organización de Energía Atómica iraní, pasó seis meses en Argentina en los años 80 al frente de un grupo de científicos nucleares de su país que recibían formación en centrales nucleares argentinas. Por aquel entonces, Irán y Argentina gozaban de una sólida relación en materia nuclear, y en 1987 el país sudamericano incluso ayudó a mejorar el reactor nuclear de investigación en Teherán. Hay que preguntarse por qué un científico nuclear desempeñaría un papel tan decisivo en esas negociaciones secretas si el objeto de reforzar los vínculos eran petróleo y cereales.

Irán tiene un historial de falsedad y de tramas para eludir sanciones, incluido un plan de intercambio de gas por oro con Turquía y otro, aún pendiente, con Rusia, en el que el intercambio sería de petróleo por alimentos. Hace dos años, Argentina lanzó una campaña global de marketing para aumentar las exportaciones de su industria nuclear, que lleva dormida desde los años 80. El acuerdo de petróleo a cambio de grano entre Argentina e Irán, ¿pretendía en realidad servirse de ese marco para comerciar en materia nuclear y para otro tipo de intercambios ilegales? En el caso de que surja información preocupante acerca de las actividades nucleares ilícitas entre Buenos Aires y Teherán, ¿Lynch llevará a cabo una investigación imparcial y no politizada?

En la comparecencia del miércoles, los miembros del Comité Judicial del Senado deberán plantear todas estas cuestiones de forma explícita.