Veredicto en contra del terror

La ilusión se ha desvanecido. Cuando se enfrenten a alegatos de complicidad en los ataques terroristas, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ya no podrán levantar sus manos y decir con asombro: “¿Quién? ¿Yo?”.

El jurado del reciente caso de terrorismo Sokolow v/s OLP, que decretó una compensación de $218.5 millones de dólares a 10 familias estadounidenses que fueron víctimas del terrorismo palestino en Israel, ha dicho lo contrario. “Sí”, la ANP y la OLP son responsables por la muerte, dolor y sufrimiento que causaron una serie de ataques terroristas realizados en contra de civiles hace una década. El mito de la inocencia de la ANP y de la OLP ha sido destrozado, esperemos que para siempre.

Algunos otros mitos también han sido destrozados, incluyendo el mito de que los terroristas suicidas son “lunáticos”, como nos dijo el ex Primer Ministro de Israel, Itzjak Rabin, a mi esposa y a mí cuando nos visitó en casa un mes después de que un asesino de la Yihad Islámica matara a nuestra hija de 20 años Alisa en abril de 1995.
Un lunático tiene una enfermedad mental y no distingue entre el bien y el mal, o no puede apreciar las consecuencias de sus acciones. Los “lunáticos” que llevaron a cabo los atentados terroristas palestinos no diseñaron ni fabricaron los cinturones explosivos, y tampoco llenaron un bolso con explosivos y luego realizaron el ataque por sí mismos. Los cinturones explosivos fueron diseñados y fabricados por terroristas de Hamás, de la Yihad Islámica, de Fatah y del Frente Popular por la Liberación de Palestina, siendo estos dos últimos las mayores agrupaciones de la OLP y las primeras dos son ayudadas por la OLP.

Los hombres y mujeres que se ataron cinturones explosivos llenos de rodamientos, tuercas, pernos y tornillos a sus cuerpos, y que gritaron “Allahu Akbar” (Dios es lo más grande) cuando presionaron el detonador, sabían perfectamente cuáles eran las consecuencias de sus acciones: querían matar israelíes. Tantos como pudieran, en cualquier lugar donde los encontraran. ¿Qué importaba si era en una pizzería, o en un autobús, o en la cafetería de una universidad? ¿Qué importaba si era un ciudadano estadounidense o un árabe israelí el que se vio afectado por el ataque? ¿A quién le importaba? A ellos no, y tampoco a quienes los reclutaron y luego los enviaron en una misión suicida.

Cuando el FBI fue a Gaza a investigar el asesinato de mi hija, ¿qué cooperación ofreció la ANP? Ninguna. Y cuando la ANP tuvo la posibilidad de arrestar a los asesinos de Alisa, ¿qué hicieron? Sólo porque querían sacarse la presión de Estados Unidos los arrestaron, y luego los liberaron.

¿Y qué más ha hecho la ANP para combatir el terrorismo en los años posteriores a los acuerdos de Oslo de 1993? Se ha rehusado a cumplir las peticiones israelíes —las cuales son un requisito de los acuerdos de Oslo— de que entreguen a los palestinos que son buscados por tener conexión con los ataques terroristas. Les pagan a los terroristas que se encuentran en las prisiones israelíes y les envían una pensión mensual a las familias de los llamados “mártires”. Honran a los asesinos de civiles inocentes nombrando a parques y eventos deportivos en su honor. Hicieron vista ciega de quienes planean y llevan a cabo actos terroristas desde los territorios controlados por la ANP hasta que la construcción de un cerco de seguridad por parte de Israel les puso fin.
¿Y qué hará el dictamen de la corte?

Primero, ayudará al mundo occidental a entender que la fantasía de que los palestinos no son responsables por sus acciones debe ser desechada. Lo que Edward Said denominó “orientalismo” del occidente—el tratar a los palestinos como si fueran niños que no saben cómo actuar mejor— le permitió a la ANP y a la OLP esquivar la responsabilidad por los actos terroristas que fueron realizados bajo su vigila y, peor aún, con su supervisión y/o apoyo material.
Segundo, debería convencer al gobierno de Estados Unidos que se les debe permitir a las víctimas recolectar sus compensaciones monetarias. Si no es de los $400 millones de dólares que envía anualmente Estados Unidos a la ANP, las compensaciones deberían venir de los otros bienes que tiene la ANP en Estados Unidos y deberían ayudar a las víctimas a tener acceso al dinero que tiene la ANP en Europa.

Tercero, golpear a la ANP de forma dura —en el bolsillo— debería forzar al liderazgo palestino de Mahmoud Abbas y a otros a aceptar el hecho de que no pueden continuar pagándole a los terroristas que están en prisión ni proveyendo a las familias de asesinos. Y lo más importante es que podría forzar a los palestinos que viven bajo su dominio a decir de una vez por todas “no” al continuo patrocinio y glorificación de terroristas.

A pesar de que ningún monto de dinero va a traer de vuelta a los niños, padres, madres y seres queridos que fueron asesinados, y que tampoco va a compensar adecuadamente a los sobrevivientes, el mensaje del jurado fue claro: el terrorismo tiene un precio, y los terroristas y sus patrocinadores deben pagar por ello; no con palabras, sino con el duro y frío dinero.​