La Autoridad Palestina (AP) anunció reciente y nada inesperadamente que planeaba presentar una queja ante organismos internacionales por los ataques y crímenes israelíes contra periodistas palestinos.

El Ministerio de Información palestino denunció los ataques, a los que calificó de «crímenes de guerra», y afirmó que instaría a la Federación Internacional de Periodistas a enviar una comisión a los territorios palestinos para que iniciara una investigación contra Israel.

Irónicamente, el anuncio de la AP llega tan sólo unos días después de que ésta ordenara el cierre de las oficinas de un periódico en Ramala y la detención de una periodista, Naela Jalil. El anuncio también coincide con la actual campaña contra la libertad de expresión que está librando la AP en la Margen Occidental, donde los palestinos están siendo arrestados por publicar comentarios críticos en las redes sociales.

La Autoridad Palestina, naturalmente, no ve la necesidad de una intervención internacional para poner freno a su represión de la libertad de expresión. Por lo visto, tampoco considera que el cierre de un periódico y la detención de periodistas sean crímenes de guerra cuando es ella quien los comete.

A comienzos de este mes, la AP ordenó el cierre del periódico Al Arabi al Yadid, con sede en Ramala, con la excusa de que estaba operando sin licencia del Ministerio de Información palestino. La decisión de cerrar el diario se adoptó después de que fuerzas de seguridad asaltaran sus oficinas en diversas ocasiones e interrogaran a los empleados acerca de la naturaleza de su trabajo.

Sin embargo, la dirección de Al Arabi al Yadid declaró que había solicitado la licencia en diciembre de 2014, pero que no recibió respuesta alguna del ministerio.

Un alto cargo ministerial admitió posteriormente que la decisión de cerrar el periódico se adoptó tras la publicación de un artículo considerado «ofensivo para el Estado Palestino y sus agencias de seguridad». En otras palabras: la decisión no tenía nada que ver con que la publicación no tuviera licencia.

El Ministerio de Información envió una carta al fiscal general palestino en la que le instaba a autorizar el cierre del periódico y se le explicaba por qué había que cerrarlo. La misiva rezaba así:

Un periódico con sede en Londres que tiene oficina en Ramala publicó recientemente un artículo que ofende al Estado palestino y a sus agencias de seguridad. En la noticia se presentaba a nuestras fuerzas de seguridad como si no hicieran nada más que detener gente y coordinar la seguridad con el Estado ocupante [Israel]. Eso constituye incitación contra la Autoridad Palestina y sus agencias de seguridad. Por tanto, esperamos que emita una orden para cerrar esa oficina carente de licencia.

Según periodistas palestinos, la pieza que enfureció a la AP e hizo que actuara contra Al Arabi al Yadid en realidad fue escrita por una periodista egipcia, Shaima al Hadidi.

En el artículo se criticaba a la AP por tomar medidas contra los periodistas y los opositores políticos en la Margen Occidental, y hace referencia a la coordinación en materia de seguridad entre las fuerzas palestinas e Israel. Así, acusaba:

La Autoridad Palestina no vacila en abrir las puertas de sus celdas para [encerrar] sus oponentes. Las cárceles de la AP en Ramala están llenas de decenas de presos políticos acusados de resistencia a la ocupación.

El artículo revela que los detenidos palestinos sufrieron graves torturas mientras estuvieron bajo custodia de la AP. Tan sólo durante el pasado agosto hubo al menos 12 casos de detenidos que se quejaron de haber sido torturados por interrogadores de la Autoridad Palestina. A algunos se les negó atención médica, y se señala que en los últimos años diez palestinos han muerto en cárceles palestinas. Por lo que se ve, nadie en la comunidad europea ha prestado la menor atención a la cuestión. Seguramente consideran que esta información es, en términos periodísticos, una noticia de las de perro-muerde-a-hombre: ¿que los dirigentes palestinos vuelven a abusar de su pueblo? Qué más da, menos mal que no somos nosotros.

Algunos de los palestinos que murieron mientras estaban detenidos han sido identificados: Maid Barguti, de Ramala; Fadi Hamadneh, de Nablús; Arafat Yaradat, de Hebrón; Aymán Samara, de Yenín; Nawaf Kawazbeh, de Belén; Rabi Mahmud al Yamal, de Hebrón, y Raed al Hitleh, de Tulkarem.

En otro caso, agentes de seguridad de la Autoridad Palestina detuvieron al periodista Amer Abu Arafeh tras asaltar su domicilio y confiscarle documentos, cámaras y ordenadores. Abu Arafeh declaró posteriormente que lo interrogaron acerca de unas entradas que publicó en Facebook, en las que supuestamente criticaba a la AP.

Las informaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Al Arabi al Yadid por parte de la Autoridad Palestina indignaron a ésta hasta tal punto que consideró que no bastaba con cerrar las oficinas del periódico en Ramala. La semana pasada la corresponsal de la publicación Naela Jalil fue detenida para ser interrogada. Tras las protestas de sus colegas, la AP accedió a dejarla en libertad bajo fianza.

El Sindicato de Periodistas Palestinos y unos cuantos grupos pro-derechos humanos de la Margen Occidental y la Franja de Gaza han condenado la decisión de detener a Jalil y cerrar las oficinas de su periódico.Hay que considerar la detención de Jalil en el contexto de los continuos intentos de la Autoridad Palestina de silenciar e intimidar a los periodistas palestinos que osan criticar a sus dirigentes e instituciones.

Sin embargo, como de costumbre, la mayoría de grupos pro derechos humanos que habitualmente condenan a Israel por sus acciones contra los palestinos de momento no ha respondido a este último ataque de la AP a las libertades públicas. Es un castigo a la libertad de expresión que, por lo visto, no preocupa a nadie, salvo a nosotros.

Los casos del periódico Al Arabi al Yadid y de Naela Jalil, la periodista detenida en Ramala, demuestran que los dirigentes de la AP no toleran en la práctica ninguna clase de crítica. Representantes suyos han acusado a la publicación y a la reportera de incitación contra la Autoridad Palestina; la misma Autoridad Palestina que lleva desde hace mucho dedicada a una campaña masiva de incitación contra Israel, especialmente en las últimas semanas.

Está claro que la AP quiere unos medios que sólo den informaciones contrarias a Israel. La única incitación que permite es la dirigida contra los israelíes; los periodistas que la llevan a cabo están a salvo, no se exponen a ningún tipo de acoso por parte de las fuerzas de seguridad palestinas. Pero en cuanto un medio o un periodista osan publicar cualquier cosa considerada ofensiva para la Autoridad Palestina, se encuentran rápidamente metidos entre rejas en Ramala.

Está prohibido criticar al presidente Mahmud Abás o a cualquiera de sus altos cargos. También está prohibido informar de las violaciones de los derechos humanos y de las torturas cometidas en las prisiones de la Autoridad Palestina.

En los últimos años, algunos palestinos han sido detenidos o interrogados por publicar en Facebook comentarios críticos sobre Abás y otros dirigentes palestinos.

Pero ésta no es una historia que estén interesados en abordar la mayoría de periodistas occidentales o de supuestos grupos pro derechos humanos. Una historia que deje mal a la Autoridad Palestina o a Hamás no es una noticia para publicar. La represión de la prensa por parte de la AP no va a llamar la atención de los principales medios de comunicación occidentales porque, como han señalado Matti Friedman (un reportero de izquierdas miembro de Associated Press), el galardonado periodista Jaled Abu Toameh y algunos otros, esas historias carecen de sesgo antiisraelí. Si las que cerraron Al Arabi al Yadid hubieran sido las autoridades israelíes, seguramente la noticia habría ocupado las portadas de la mayoría de periódicos de Estados Unidos y Europa.

Así las cosas, la Autoridad Palestina y el presidente Abás no tienen motivos para preocuparse por la respuesta de la comunidad internacional a sus continuos ataques a la libertad de expresión. Pueden seguir deteniendo a todos los periodistas que quieran y cerrando sedes de periódicos sin preocuparse por una posible reacción de los medios, de los supuestos grupos pro derechos humanos o de la comunidad internacional.

La AP está exigiendo ahora para sus periodistas protección internacional contra los ataquesisraelíes. Pero la verdadera pregunta que tendrían que formularle las organizaciones humanitarias internacionales cuando sus dirigentes vienen a quejarse de las violaciones de Israel es ésta: ¿quién va a proteger a los periodistas palestinos de la Autoridad Palestina y de sus fuerzas de seguridad?