El incidente que indignó a Nickolay Mladenov, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, salió a la luz hace unos días, cuando Israel interrumpió unos envíos de cemento para el sector privado de Gaza. Un alto cargo de Hamás había confiscado una parte considerable de los mismos para uso de la organización; para, por ejemplo, construir túneles con los que atacar a Israel. Al apoderarse del cemento destinado al sector privado, Hamás infringía los términos establecidos por los donantes internacionales que están financiando la reconstrucción de la Franja tras la guerra entre Hamás e Israel de 2014. Como señaló Mladenov, se necesita ese cemento con urgencia para reconstruir las casas dañadas o destruidas en la guerra y “para activar la tan necesaria infraestructura y los proyectos de desarrollo” en la empobrecida Gaza, donde la tasa de desempleo era del 38,4% en el cuarto trimestre de 2015. De ahí su raro arrebato contra Hamás.
La crisis hídrica que sufre Gaza no ha levantado tantas pasiones. Como apuntó la periodista de Haaretz Amira Hass diez días antes de la suspensión de los envíos de cemento, nada menos que el 95 por ciento del agua corriente de la Franja ya no es potable a causa del sobrebombeo. La ONU prevé que el acuífero quedará dañado irreversiblemente en 2020. Como ha sostenido correctamente Hass, la manera más rápida y barata de resolver el problema sería comprar más agua a Israel, pero la AP rechaza esta solución. En su lugar, está trabajando con donantes internacionales para construir una planta desalinizadora, que no estará lista hasta dentro de unos años.
El motivo oficial de esta decisión es el deseo de reducir la dependencia palestina de Israel. Pero como observó Hass, que no es sospechosa de tener posturas pro israelíes, a la AP “no le supone un problema comprar más agua de Israel para la Margen Occidental –50 millones de metros cúbicos al año–, el doble de lo especificado en los Acuerdos de Oslo”. Por lo tanto, apunta Hass, los verdaderos motivos de la AP residen en otra parte:
Teme que el Gobierno de Hamás no se moleste en pagar la factura del agua, como ha sucedido con la de la electricidad. Israel se deducirá entonces lo que se le debe directamente de los aranceles aduaneros que recauda para la AP y transfiere a Ramala. Una vez más, el pueblo palestino queda atrapado en la contienda entre Fatah y Hamás.
En resumen, Gaza sufre una crisis humanitaria completamente evitable porque los dos Gobiernos rivales no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debería pagar por tener más agua. Sin embargo, el silencio internacional es atronador.
El mismo día que apareció la columna de Hass, Israel Hayom informó del abandono de un centro de negocios israelí-palestino ubicado en un cruce de sectores controlados por palestinos e israelíes en la Margen Occidental. El centro pretendía facilitar los negocios entre israelíes y palestinos proveyendo un lugar donde se pudieran celebrar reuniones sin que los palestinos tengan que pasar por la burocracia de obtener un permiso para entrar en Israel.
Cabría pensar que esto es algo que la AP querría fomentar. Después de todo, la Margen Occidental necesita más oportunidades de negocio; su tasa de crecimiento en el cuarto trimestre de 2015 fue de un anémico 1%, y su tasa oficial de paro se situaba en el 18,7%. Además, Israel es un lugar razonable para buscar esas oportunidades. Ya es el principal socio comercial de la AP y el único de sus vecinos con una economía desarrollada.
En cambio, el centro ha permanecido cerrado desde que empezó la ola de apuñalamientos palestinos contra israelíes, en octubre de 2015, y no porque Israel lo cerrara, sino porque la AP prohibió a los palestinos que fuesen allí. Cabe suponer que, después de haberse pasado el mes anterior lanzando calumnias viles como la de que Israel estaba cometiendo un “genocidio” y que los judíos estaban “profanando” la Mezquita de Al Aqsa con sus “sucios pies”, el presidente de la AP, Mahmud Abás, tuvo que demostrar que estaba trabajando para evitar la normalización con un país tan terrible, a fin de aplacar a los esbirros contrarios a la normalización que intentan sistemáticamente detener cualquier forma de cooperación entre israelíes y palestinos, desde conferencias del sector privado sobre la coexistencia a franquicias palestinas de cadenas de ropa israelíes.
El cierre del centro no perjudicó a Israel, cuya economía no depende de los palestinos; perjudica fundamentalmente a los propios palestinos, que necesitan los trabajos que las empresas conjuntas israelíes-palestinas puedan proporcionar. Pero, una vez más, la comunidad internacional no tiene nada que decir.
Los ejemplos anteriores –hay una infinidad– son importantes aunque se eche toda la culpa (erróneamente) a Israel de la ausencia de un Estado palestino, porque demuestran que, si Israel abandonara mañana la Margen Occidental, se resolverían muy pocos los problemas de los palestinos.Una retirada de Israel no impediría a Hamás seguir robando cemento a su pueblo; no pondría fin a la contienda entre la AP y Hamás sobre quién debería pagar las facturas de agua palestinas, y no evitaría que la AP siguiera impidiendo a su pueblo la actividad comercial.
Por tanto, cualquiera que de verdad quiera ver surgir un Estado palestino funcional debería centrarse menos en la retirada inmediata de Israel que en mejorar la gobernanza palestina. De lo contrario, si nos basamos en los antecedentes de la AP y Hamás, el Estado palestino que surgiese sería otro Estado árabe fallido. Y otro Estado árabe fallido es lo último que necesita el mundo en estos momentos.
© Versión original (en inglés): Commentary
© Versión en español: Revista El Medio
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