El presidente Obama y sus defensores se están jactando del nuevo acuerdo sobre la ayuda a Israel como la prueba de que aquél es el mejor amigo que Israel haya tenido nunca en la Casa Blanca. En realidad, es un mal acuerdo, que debería tratarse de la misma manera que Obama trató los otros acuerdos anteriores, que no le gustaban: el próximo presidente debería relegarlo al olvido. La Casa Blanca podrá decir que este es el mejor acuerdo de todos, pero en Israel muchos observadores dicen que Obama no ha hecho ningún favor al Estado judío. Esa es la conclusión a la que han llegado todos los periodistas israelíes. Y están en lo cierto.
El acuerdo de ayuda actual es de 3.100 millones de dólares anuales. El nueva es de 3.800, pero ese aumento es en su práctica totalidad ficticio. El Congreso ya asigna cientos de millones de dólares, aparte de esos 3.100, para el sistema misilístico de defensa israelí; de modo que, en realidad, la ayuda actual asciende a unos 3.500 millones. Eso significa que el incremento total es de aproximadamente 300 millones. Pero, dada la inflación registrada en el material militar, y que la amenaza contra Israel es ahora mayor a causa del acuerdo nuclear de Obama con Irán, el resultado neto es, en el mejor de los casos, una prolongación de la ayuda actual.
Ahora bien, Obama impuso dos condiciones adicionales que nunca habían existido antes y que, por tanto, no aparecen en las ayudas acordadas por George W. Bush con Israel en 2007. La primera es que, tras un periodo de transición, Israel tiene que gastar hasta la última moneda en EEUU, lo que significa que se no pueden utilizar los fondos para comprar equipo militar fabricado en Israel. La segunda es que Israel se ha comprometido a no acudir al Congreso para pedir financiación adicional, bajo ninguna circunstancia.
La segunda condición es muy importante, y por eso el senador Lindsey Graham está tan en contra de lo logrado por Obama. “No tiene valor vinculante para el Congreso”, declaró la semana pasada. “Me ofende que la Administración haya intentado apoderarse del proceso de asignaciones. Si no le gusta lo que hago, puede vetar el proyecto de ley. No puede ser que el Poder Ejecutivo dicte al Legislativo lo que va a hacer en la próxima década sobre la base de un acuerdo del que no somos parte”. Y la portavoz de Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, dijo: “Seguiremos asignando los fondos que consideremos oportunos para cubrir nuestros intereses de seguridad en Oriente Medio”.
Hay otra condición aún más absurda, y que contradice a Obama cuando declara su profunda amistad con el Estado judío. Como precio para cerrar el acuerdo, Obama obligó a Israel a comprometerse a que, si el Congreso le asigna fondos adicionales en 2017 o 2018, no acepte la ayuda y devuelva el dinero. Esto no tiene precedentes en la historia de EEUU y constituye un intento deliberado de socavar las competencias constitucionales del Congreso para establecer los niveles de la ayuda exterior.
El acuerdo ya se ha firmado, y, presumiblemente, el primer ministro Netanyahu decidió que era mejor aceptar esto de Obama ahora que exponerse a un largo periodo de incertidumbre hasta que se ponga a trabajar la nueva Administración, el próximo año. Pero ¿qué es este acuerdo? No es un tratado, y el Congreso no ha tenido ningún papel en él. Como dijo la ayudante de Ryan, nadie impide al Congreso asignar lo que considere adecuado en los próximos años, con las condiciones de Obama o sin ellas.
¿Qué hacer? Obama nos ha enseñado el camino. El 14 de abril de 2004, el primer ministro israelí, Ariel Sharón, y el presidente Bush se cruzaron una serie de cartas en las que el uno se comprometía con el otro. Era una intercambio negociado donde Estados Unidos apoyaba la decisión de Sharón de salir de Gaza. Como parte del intercambio, Israel y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre el caldeado asunto de la expansión de los asentamientos. Sharón se comprometió a no crear nuevos asentamientos y a no incentivar económicamente a los israelíes para mudarse a ellos. La construcción en los asentamientos tendría que hacerse en áreas ya edificadas, y los asentamientos podrían crecer en población, pero no en superficie. Sharón se refirió públicamente a estos compromisos una y otra vez: fueron transparentes. Y los compromisos estadounidenses fueron igualmente transparentes: el 21 de agosto de 2004, The New York Times informó: “la Administración Bush (…) apoya ahora la construcción de nuevos apartamentos en algunos asentamientos en áreas ya edificadas, siempre y cuando la expansión no se produzca hacia fuera”.
Después de que Bush y Sharón negociaran ese trato, intervino el Congreso: en junio de 2004, la Cámara aprobó, por 407 votos a favor y 9 en contra, la Resolución Concurrente 460, por la que el Congreso respaldaba “firmemente los principios articulados por el presidente Bush en su carta fechada el 14 de abril de 2004 al primer ministro israelí, Ariel Sharón”.
La Administración Obama se limitó a ignorar las cartas. Se trataron, en el mejor de los casos, como correspondencia privada y personal entre dos hombres. Al fin y al cabo, Bush ya no estaba, tampoco Sharón, y por supuesto las condiciones no eran vinculantes en el sentido en que sí lo es un tratado. Así es precisamente como las futuras Administraciones deberían tratar este acuerdo entre Obama y Netanyahu: vinculante para ellos dos, tal vez, pero no para sus países.
© Versión en inglés: The Weekly Standard
A Obama lo vende la cara es fayuto y ademas musulman por lo tanto los acuerdos pactados no valen nada