Donald Trump anunció un nuevo approach al Estado de Israel incluso antes de jurar el cargo. A pesar de su retórica electoral sobre que era “imparcial” en su pretensión de lo que llamó “un gran acuerdo inmobiliario” entre Israel y los palestinos, se inclinó a favor del Estado judío al elegir a su embajador y romper con la hostil fijación de la Administración Obama hacia los asentamientos israelíes en la Margen Occidental.
La simpatía que Trump ha demostrado por Israel podría ser reflejo de un sostenido respeto por el Estado judío y de la influencia de sus relaciones personales con grandes amigos de Israel. Pero parece ser algo más. En el año transcurrido desde su comentario “imparcial”, parece haber entendido algo más sobre los líderes palestinos. En particular, dice que ha “visto” cómo usan su poder oficial para promover el odio violento hacia Israel, especialmente entre los niños. “Creo que los palestinos tienen que dejar atrás ese odio que les enseñan a muy temprana edad”, dijo Trump el 15 de febrero. “Les enseñan un odio terrible. He visto lo que les enseñan (…) Empieza a una edad muy temprana, y empieza en las aulas”.
En efecto, así es. La Autoridad Palestina (AP) promueve la violencia contra Israel. Lo hacen sus funcionarios en discursos públicos. La televisión y la radio de la AP lo convierten en un tema, al igual que el currículum escolar y los libros de texto. La incitación es tan implacable que ha generado críticas incluso entre los defensores de la AP, como el presidente Obama –llamativamente, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas–.
La incitación, sin embargo, es solo parte del cuadro. Los funcionarios palestinos no recurren únicamente a las palabras. Para estimular los apuñalamientos, atropellos y demás, utilizan unsistema de incentivos monetarios. La AP ha promulgado leyes y creado burocracias para asegurar una recompensa económica a los perpetradores de ataques contra los israelíes. Las cantidades pagadas se correlacionan con el número de personas que los terroristas logran convertir en víctimas. Es un sistema que no sólo fomenta la violencia, sino que hace del terrorismo una posible carrera lucrativa para los jóvenes palestinos.
Los críticos han llamado a este sistema pago por asesinato. Ha generado poca atención pública, desde luego mucho menos que el problema de la incitación. Pero merece tener más, especialmente porque los contribuyentes estadounidenses ayudan a financiar estos sangrientos pagos. El Gobierno de EEUU destina una media de 400 millones de dólares al año a ayudas a la AP, y esos dólares en ayuda son fungibles.
El sistema de pago por asesinato no es secreto ni privado. Es algo transparente y oficial. Y no es obra de Hamás, que gobierna Gaza y a la que el Gobierno de EEUU cataloga como organización extremista y terrorista. Es obra de la AP, generalmente descrita como no violenta y comprometida con la paz.
Creada bajo los Acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la AP hace las veces de Gobierno en el territorio de la Margen Occidental administrado por los palestinos. Su propósito original era ejercer la autoridad tanto en la Margen como en Gaza, pero Hamás, la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, la expulsó violentamente del poder en la Franja en 2007 y ahora es ella quien administra este último territorio.
Dentro de la AP, la organización política predominante es la OLP. Mahmud Abás, presidente de la OLP, fue elegido presidente de la AP en enero de 2005 para una legislatura de cuatro años. Aunque esa legislatura se agotó hace tiempo, la AP no ha celebrado más elecciones desde entonces: Abás sigue siendo el presidente.
La relación de la AP con el Gobierno israelí es un cúmulo de contradicciones. Israel reconoce a la AP como el liderazgo político de los palestinos. Israel recauda impuestos para ella y le transfiere los ingresos. Las fuerzas de seguridad de Israel y de la AP cooperan contra algunos terroristas que amenazan intereses comunes. Abás dice que se opone a la violencia generalizada, como la que tuvo lugar durante la primera y la segunda intifadas (1987-1993 y 2000-2005), y que sus fuerzas de seguridad trabajan con las israelíes para evitar el estallido de una tercera.
Al mismo tiempo, sin embargo, la AP aviva el odio hacia Israel (y los judíos), insta a más ataques antiisraelíes y recompensa a los terroristas. En otras palabras: la AP fomenta el terrorismo a pequeña escala pero coopera con las autoridades israelíes para prevenir el terrorismo a gran escala. El Gobierno israelí se encuentra en una chocante zona gris, parcialmente creada por él mismo. Sus funcionarios se quejan con vehemencia de la incitación, pero jamás han intentado cerrar la AP.
© Versión original (en inglés): Commentary
© Versión en español: Revista El Medio
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