Se ha hablado mucho últimamente del plan de la Administración Trump de recortar los fondos del Departamento de Estado, así que querría aportar mi humilde propuesta en esa dirección: cierren su oficina de Derechos Humanos.
No es porque crea que Estados Unidos no deba preocuparse por los derechos humanos. Al contrario, creo que debería dirigir el foco hacia quienes más los vulneran, ya que no lo hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ni las denominadas organizaciones pro derechos humanos. Pero como esa oficina, a juzgar por su último informe anual sobre la materia, no hace más que canalizar la obsesión de esas instituciones contra Israel, no veo razón para gastar en ella el dinero de los contribuyentes.
El reportero de Haaretz Amir Tibon hizo análisis con cifras del informe a principios de marzo y descubrió dos datos impresionantes. El primero, que “dedica 141 páginas a la situación de los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos ocupados, más que a cualquier otro país del mundo excepto China”, a la que se dedica el mismo número de páginas. El segundo: “Incluso si se consideran dos informes distintos, el número de páginas dedicadas a cada una de las áreas –Israel y los territorios ocupados– sobrepasa a los de cualquier otro país de la región de Oriente Medio”. Por ejemplo, sólo a Israel, sin contar los territorios, se le dedican 69 páginas; en cambio, a Irán se le dedican 48 y a Siria 58.
Puesto que un lector normal asumiría que la cantidad de espacio dedicado a un país guarda alguna relación con la magnitud de sus crímenes contra los derechos humanos, ese lector sacará lógicamente la conclusión de que Israel vulnera mucho más los derechos humanos que Siria, pongamos, donde el Gobierno ha asesinado a cientos de miles de sus propios ciudadanos. Sin duda debe de ser peor que Irán, que ha sido cómplice de esa matanza aportando dinero y soldados.
Pero el informe se vuelve más surrealista aún cuando empiezas a examinar los crímenes a los que el Departamento de Estado ha dedicado toda esa tinta. Veamos, por ejemplo, la demolición de construcciones ilegales en la ciudad beduina israelí de Um al Hirán.
Dejaremos a un lado la cuestión de por qué demoler construcciones ilegales –con la aprobación de varios tribunales, incluido la Corte Suprema, y ofreciéndose a sus habitantes terrenos alternativos más una compensación económica– constituye después de todo una violación de los derechos humanos. Basta con considerar una sola frase, basada en un informe de una ONG israelí, el Negev Coexistence Forum (NCF): “NCF reportó que las obras de construcción en [la nueva ciudad proyectada de] Hirán avanzaron y se ampliaron durante el año, llegando hasta unos pocos metros de las casas beduinas en Um al Hirán, y los residentes sufrieron molestias por el polvo que levantaban las obras”.
¿Es una broma? ¿O es que los gurús de los derechos humanos del Departamento de Estado creen de verdad que el que la gente sufra por el polvo de unas obras cercanas constituye una vulneración de los derechos humanos? Siguiendo esa lógica, sólo se podría construir sin atentar contra los derechos humanos en zonas salvajes. Dicho de otra forma: tendríamos que cerrar todas las obras de construcción en todo el mundo.
O veamos este pasaje sobre la libertad de prensa, que cita a otra ONG, la Association for Civil Rights in Israel (ACRI). Empieza así:
Los medios independientes se mostraron activos y expresaron un amplio abanico de opiniones sin cortapisas. Sin embargo, en diciembre, ACRI publicó un informe que detallaba una serie de ataques legislativos y retóricos contra los medios a lo largo del año por parte de funcionarios electos, en especial el primer ministro Netanyahu, y expresó su inquietud por el escalofriante impacto de estos ataques sobre la libertad de la prensa.
En otras palabras: el Departamento de Estado cree que es razonable temer un “un escalofriante impacto” en los medios de Israel a pesar de que en su primera frase admite que no hay pruebas de tal cosa (“Los medios independientes se mostraron activos y expresaron un amplio abanico de opiniones sin cortapisas”). Aún peor, sin embargo, es que el inexistente problema de derechos humanos que se alega se solucionaría creando uno de verdad. ¿Cómo podría Israel impedir los “ataques retóricos contra los medios” de los funcionarios electos sin suprimir su libertad de expresión?
Pero mucho peor que esas inanidades es cómo el informe hace circular calumnias sin fundamento. Veamos, por ejemplo, esta perla:
Se reportó que algunos niños realizaron trabajos forzados en la Margen Occidental, incluidos los asentamientos. ONG reportaron que los patronos sometieron a hombres palestinos a trabajos forzados en los asentamientos israelíes (…) La AP [Autoridad Palestina] no pudo monitorizar e investigar los abusos en esas zonas.
Dicho de otro modo, el Departamento de Estado acusó a Israel de someter a los palestinos –niños incluidos– a trabajos forzados sin citar un solo ejemplo que sustentase esa acusación. Lo hizo a pesar de admitir que en realidad no tiene ninguna prueba al margen de “informes” no especificados de “ONG” no especificadas, que ni siquiera la Autoridad Palestina estuvo dispuesta a respaldar (no pudo “monitorizar e investigar las acusaciones”). Tampoco sorprende esta falta de pruebas, ya que la acusación carece de base (curiosamente, Israel no tiene campos de trabajo forzado en los asentamientos). Así que, ¿por qué esa acusación vil y sin fundamento se incluyó siquiera en el informe?
Un informe sobre derechos humanos digno de tal nombre establecería prioridades, dedicando la mayor parte de su atención a los peores transgresores del mundo. Sería una muestra de buen juicio elemental eliminar inanidades como “sufrieron molestias por el polvo que levantaban las obras”. También lo sería tratar de confirmar acusaciones sin fundamento, o bien omitirlas. Y hasta podría incluir alguna investigación propia sobre los crímenes contra los derechos humanos en las muchas dictaduras opresoras que las organizaciones pro derechos humanos consideran menos cautivadoras que el democrático Israel.
En su lugar, el Departamento de Estado se limitó aparentemente a copiar y pegar cualquier cosa que pudiera encontrar de dichas organizaciones, por muy absurdas que fueran o aunque no se hubiesen corroborado. El resultado inevitable ha sido una atención irracionalmente excesiva a Israel, porque es lo que hace la mayoría de las organizaciones pro derechos humanos. Si tiene alguna duda, vea este impresionante gráfico del blog Elder of Ziyon, donde se analizan los tuits de Amnistía Internacional en un mes del verano de 2015: AI dedicó sólo cuatro a la guerra civil siria, pero más de 60 a Israel y Gaza, la mayoría de los cuales incidían en un conflicto que terminó un año antes con un porcentaje infinitesimal del número de víctimas mortales registrado en Siria.
En resumen, la oficina para los derechos humanos se limitó a generar una versión, patrocinada por EEUU, del mismo prejuicio antiisraelí que la embajadora Nikki Haley condena tan justamenteen la ONU. Así que, ¿quién la necesita?
© Versión original (en inglés): Commentary
© Versión en español: Revista El Medio
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