Entre los centenares de ONG que viven de los presupuestos públicos para, en principio, realizar labores humanitarias en otros países hay algunas con una marcada agenda política que disfrazan sus verdaderas intenciones con presuntas labores de ayuda social. Entre ellas se cuentan las que han tomado partido en contra de Israel y que, so capa de ayudar al pueblo palestino, llevan a cabo toda clase de actividades con las que pretenden socavar la legitimidad del Estado judío. En no pocos casos existen vínculos bien documentados de estas ONG con grupos terroristas palestinos, lo que no impide que sigan accediendo a las ayudas públicas con cargo al bolsillo del contribuyente.

A pesar de las documentadas sospechas de este mal uso de los fondos destinados a la ayuda humanitaria al Tercer Mundo, hasta ahora no había ningún informe sólido que reflejara el auténtico estado de la cuestión. Por primera vez, dos organizaciones especializadas en Oriente Medio, ACOM y NGO Monitor, han puesto números al desvío de fondos con destino a actividades antisemitas, un dinero público que debería estar consagrado a mejorar la vida de los palestinos y no a culpabilizar a los judíos de todos los males de la región.

Se trata del documento Financiación española a ONGs en el conflicto árabe-israelí, un informe sobre el uso dado a los fondos destinados a la cooperación y el desarrollo en el año 2015; fondos que en muchos casos acabaron en manos de organizaciones que desarrollan campañas políticas contra Israel y los judíos. Entre ellas, afirma el documento, hay varias

que tienen vínculos con organizaciones terroristas, promueven el antisemitismo, incitan a la violencia y están involucradas en las campañas de boicot BDS (boicot, desinversión y sanciones).

La financiación española destinada a actividades de ONG altamente politizadas para el conflicto palestino-israelí asciende a 5,1 millones de euros sólo en 2015.

De dónde sale el dinero

El complejo entramado institucional y territorial español hace que existan varias capas de administraciones públicas realizando la misma labor. En el caso de la ayuda al desarrollo, tenemos agencias encargadas de esa tarea vinculadas a las comunidades autónomas, los programas propios de la mayoría de los ayuntamientos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), organismo dependiente del Gobierno de España que debería desempeñar esta labor en exclusiva, dado que las relaciones internacionales, por mandato constitucional, son competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.3 de la Constitución española).

El informe revela un dato sorprendente sobre cuál es la administración española que dedica más dinero público a labores antisionistas:

Aunque la mayor parte de donaciones para la cooperación internacional en España está centralizada en la Agencia para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el mayor donante para las actividades politizadas de las ONG en relación con el conflicto palestino-israelí es la Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), que dio 1.446.397 de euros en 2015. En conjunto, la financiación descentralizada española cubierta en este informe (2.935.550 €) supone más del doble de la financiación centralizada (1.326.720 €) en 2015.

La agencia estatal otorga subvenciones a seis de estas organizaciones, caracterizadas por una labor que el documento ha identificado después de estudiar las actividades que organizan y los programas que financian.

Todas estas organizaciones promueven el BDS y utilizan retórica demonizadora de Israel. Cuatro de seis de estos beneficiarios de Aecid en el año 2015 tienen vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), designado organización terrorista por EEUU, la Unión Europea, Canadá e Israel. Desde su creación en 1967, el FPLP ha participado en atentados suicidas, secuestros, asesinatos y otras actividades terroristas contra civiles.

Los andaluces financian con sus impuestos numerosas organizaciones de este tipo. Como esta ONG radicada en la Costa del Sol:

Unadikum Brigadas Internacionales es una “asociación que defiende los derechos del pueblo palestino y contra la ocupación y el apartheid israelí” con sede en Málaga. Entre sus objetivos están “exigir el derecho de retorno a través de la presión política”; [la] “asistencia a los presos políticos palestinos en cárceles israelíes, el apoyo a sus familias y campañas para su liberación”, y [el] “apoyo a los desplazados por las colonias sionistas y la lucha contra los asentamientos ilegales”.

Dicha organización solo está presente en Gaza. Curiosamente, el lugar en el que, por voluntad unilateral del Gobierno israelí, todos los asentamientos fueron desmantelados en 2005.

Como cabía esperar, las comunidades autónomas vasca y catalana, con fuerte presencia institucional de partidos políticos de ultraizquierda, también se distinguen en la financiación de grupos radicales contra el Estado de Israel. Es el caso de esta ONG vasca:

Mundubat –“un mundo” en lengua vasca– es una “ONG de Cooperación al Desarrollo” vasca, fundada en 1988. Un informe de junio del año 2016 presentó un vídeo preparado (…) en apoyo de la “Campaña Internacional por el Derecho al Boicot” que dice así: “Si fuera palestino, usted habría sido expulsado de su casa en 1948… Usted habría muerto mientras jugaba al fútbol en una playa de Gaza. Si fueras palestino, si te hubieras quejado de las condiciones en que vives, serías un terrorista, serías encarcelado, exiliado o muerto…”.

En Cataluña existe el caso peculiar del Colegio de Abogados de Barcelona, que destina parte del dinero de sus afiliados a apoyar a organizaciones como Novact, una ONG que

(…) niega el derecho de autodeterminación de los judíos afirmando que “el deseo de etiquetar a Israel como un Estado judío va más allá de la negación de la libertad de religión… Esta discriminación legal pone en peligro los principios básicos de la democracia y el Estado de Derecho y puede equivaler a una situación de apartheid, según el derecho internacional”. [En un informe de 2016, la ONG denuncia] el “uso y abuso de la violencia contra manifestantes pacíficos, las recientes restricciones y el control excesivo y la intromisión en el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos” por parte de Israel, y [llega] a afirmar que “el mito de la llamada ‘única democracia en el Oriente Medio’ se cae a pedazos y está perdiendo muchos partidarios en el extranjero debido a las continuas violaciones de los Derechos Humanos y abusos de la población palestina y por la total falta de respeto por el Estado de Derecho y la democracia real”.

El documento muestra el sesgo político organizaciones que, con el pretexto de una tantas veces inexistente ayuda humanitaria, destinan el dinero de los contribuyentes españoles a fines que nada tienen que ver con las necesidades reales del pueblo palestino.

Por desgracia, este tipo de relatos hostiles son apoyados por fondos del Gobierno, y también amplifican y legitiman a través de la participación activa de los representantes del Gobierno español y de los políticos en eventos virulentos, bajo la bandera de los “derechos humanos” y el “desarrollo”. De esta manera, el compromiso español con la cooperación al desarrollo es explotado en favor de las agendas políticas regionales, en claro desafío a los objetivos oficiales de la política exterior española y a los principios universales de la ayuda exterior.