Cuando el Primer Ministro Netanyahu se dirija a la Asamblea General de la ONU*, sin duda dedicará parte de su discurso a la necesidad de combatir a las organizaciones terroristas. Lo que probablemente no dirá es que en Israel esa batalla se ve muchas veces obstaculizada por el activismo judicial desatado de la Corte Suprema, como evidenció la semana pasada la estupefaciente sentencia que niega al Gobierno el derecho de revocar el permiso de residencia en Israel a individuos que trabajen en el Legislativo o en el Gabinete palestinos en representación de Hamás.
En 2006, tres residentes palestinos de Jerusalén Este fueron elegidos para el Parlamento palestino en representación del partido Cambio y Reforma, afiliado de Hamás, mientras que un cuarto fue nombrado para el Gabinete palestino en representación de dicha formación. Israel respondió revocándoles sus derechos de residencia.
A la mayoría de la gente esto le parecería de puro sentido común. Trabajar para un Gobierno extranjero justifica la revocación de la ciudadanía en numerosas democracias, pues se considera que para ocupar un puesto de decisión en el Gobierno de un país es necesario un determinado nivel de compromiso con el mismo, lo que entra en conflicto con la lealtad debida al otro país. De hecho, tanto Estados Unidos como Israel tienen normas de este tipo; es por eso que, por ejemplo, Michael Oren tuvo que renunciar a su ciudadanía norteamericana cuando lo nombraron embajador de Israel en EEUU, a pesar de que EEUU e Israel son aliados estrechos.
Esos cuatro palestinos no sólo estaban trabajando para un Gobierno extranjero; lo estaban haciendo en representación de Hamás, una organización terrorista comprometida con la destrucción de Israel. Eso, como el Gobierno israelí alegó correctamente en el tribunal, constituye una enorme “quiebra de la confianza”. Sin embargo, la Corte, en un veredicto de 6 contra 3, decidió otra cosa. Aunque la Ley de Entrada a Israel permite al Gobierno revocar “a discreción” el derecho de residencia a cualquiera, dice también que la norma no se debería usar para revocarlo por “una quiebra de la confianza”. ¿Por qué? Porque la mayoría de los palestinos de Jerusalén Este nacieron en Israel y han vivido allí toda su vida, así que merecen mayor protección que los migrantes, que antes han vivido en otra parte y cuyo arraigo en Israel es por lo tanto más superficial.
Que esos palestinos de Jerusalén Este merecen mayor protección que, pongamos, los obreros migrantes es evidentemente cierto. Israel se anexionó oficialmente Jerusalén Este en 1967, así que lógicamente la mayoría de ellos deberían ser ciudadanos en vez de residentes permanentes. Que no lo sean se debe a un extraordinario dilema sin solución: Israel no puede concederles unilateralmente la ciudadanía sin airar a la comunidad internacional, que quiere que sean ciudadanos de un futuro Estado palestino.
La mayoría de los palestinos de Jerusalén Este es reacia a ejercer su derecho a solicitar la ciudadanía porque otros palestinos lo ven como una traición a la causa palestina. La consecuencia es que hay todo un grupo de residentes permanentes que, como aseveró correctamente la Corte, merecen ser tratados más como ciudadanos que como residentes permanentes en muchos aspectos.
Pero en este caso particular tal distinción –por lo demás válida– es completamente irrelevante. Al fin y al cabo, el caso no tenía que ver con los residentes normales y corrientes de Jerusalén Este, que, a falta de pruebas en contrario, es razonable aceptar que Ia Corte considera Israel como su hogar principal. Atañía específicamente a unos individuos que optaron por servir a un Gobierno extranjero en representación de una organización terrorista, y que por lo tanto declararon que su lealtad a esa entidad extranjera sustituía a su lealtad a Israel.
Si puedes renunciar a la ciudadanía para trabajar para un Gobierno extranjero, puedes desde luego renunciar a la residencia permanente. Después de todo, no hay duda de que los funcionarios de Hamás no merecen más derechos que los israelíes. Sin embargo, eso es exactamente lo que les concedió la Corte: los oficiales de Hamás pueden conservar la doble nacionalidad aunque su otra nacionalidad sea la enemiga más acérrima de Israel, mientras que los oficiales israelíes no pueden hacer lo propio aunque su otro país sea una estrecho aliado de Israel.
Además, es claramente razonable esperar que quien elige trabajar para un Gobierno extranjero se mude a la jurisdicción de ese Gobierno, salvo impedimentos extraordinarios. En este caso no existían dichos impedimentos, como demostró el que dos de ellos se trasladaran de hecho a Ramala tras perder su permiso de residencia israelí (los otros dos fueron detenidos por Israel por motivos ajenos al caso).
Incluso los jueces de la mayoría parecieron darse cuenta de lo endeble que era su argumento. Uzi Vogelman, que redactó el dictamen, dijo, en unas declaraciones absolutamente asombrosas: “Nuestra decisión interpretativa no se ha centrado específicamente en la parte demandante, sino en una cuestión interpretativa de aplicabilidad general a los residentes de Jerusalén Este”. Cómo un tribunal puede decidir sobre un caso sin centrarse en él es algo que se me escapa.
Presumiblemente, esta sentencia tendrá una aplicación limitada. Al fin y al cabo, ¿Cuántos palestinos de Jerusalén Este van a convertirse en miembros del Gobierno palestino en representación de Hamás? Pero, en realidad, las implicaciones son amplias, porque si ni siquiera jurar lealtad a un Gobierno extranjero en representación de una organización terrorista comprometida con la destrucción de Israel basta para hacer que un palestino pierda su permiso de residencia israelí, y sus consiguientes beneficios, ¿Qué demonios hace falta? Nada que se me ocurra. Por lo tanto, los defensores de Hamás en Jerusalén se verán ahora alentados a intensificar toda clase de actividades en nombre de su organización, sabedores de que no tendrá por consecuencia su expulsión del país.
El activismo judicial de la Corte coharta la capacidad del Gobierno en casi todos los ámbitos, como expliqué en Mosaic el año pasado y han demostrado varias sentencias en los últimos meses, que con razón han indignado a numerosos miembros de los partidos gobernantes. Pero la sentencia de la semana pasada podría haber sido un punto de inflexión: como reacción, la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y su partido, Hogar Judío, propusieron un conjunto de leyes para contrarrestar los excesos de la Corte. Está por ver si se aprueban. Pero esta indignante sentencia en defensa de los legisladores de Hamás demuestra claramente su necesidad.
* Nota del editor: este artículo está fechado el lunes 18, y Netanyahu habló ante la Asamblea General el martes 19.
© Versión original (en inglés): Commentary
© Versión en español: Revista El Medio
Asi es porque los tribunales Israelies sus resoluciones no son extremas como los De HAMASH que todo lo resuelven con el anikilamiento!!! Los Tribunales respetan la vida de los inculpados aunque sean culpables!!!