Con el fin de combatir el crimen organizado transnacional, las Órdenes Ejecutivas 13.581 y 13.773 establecen una política clara que identifica la convergencia entre las redes de financiación del terrorismo y el crimen organizado transnacional como una amenaza vital a nuestra seguridad nacional. Sin embargo, ni el presidente Trump ni el presidente Obama declararon a Hezbolá Organización Criminal Transnacional (OCT).
Hace mucho tiempo que se debería haber designado OCT a Hezbolá, dado el creciente conjunto de pruebas que demuestran su implicación en el crimen transnacional. Hezbolá obtiene cientos de millones de dólares de sus actividades criminales. Especialmente en América Latina, los agentes de Hezbolá han forjado unos amplios y duraderos vínculos con cárteles de la droga. Pero los Gobiernos latinoamericanos son reacios a tratar a Hezbolá –y a sus redes locales– como una organización terrorista. Si la designaran OCT tendrían que tomarse más en serio su amenaza y enfrentarse a su aparato criminal, que tiene un impacto más directo en sus sociedades que su aventurerismo militar en Oriente Medio.
Se calcula que entre un 20 y un 30% de los 1.000 millones de dólares del presupuesto anual de Hezbolá provienen de otras fuentes que no son las contribuciones iraníes. Sobre todo, de actividades ilícitas en las que toma parte para cubrir sus crecientes necesidades económicas, especialmente desde su implicación en la guerra civil siria.
En muchos casos, Hezbolá ha actuado de intermediaria para los cárteles y contribuido a la logística de los cargamentos de droga o al blanqueo de las ganancias mediante su extensa red de negocios en el Hemisferio Occidental, África Occidental y China. Ahí está el caso de la red libanesa-colombiana de Aymán Yumá, que blanqueó dinero de los cárteles mediante empresas fantasma de Hezbolá. Yumá no sólo proporcionó servicios financieros a los cárteles, también coordinó cargamentos de cocaína. Yumá fue finalmente señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2011. El caso dio lugar a la imposición de sanciones económicas contra el Banco Libanés Canadiense, así como a confiscaciones de bienes y el señalamiento de empresas del Líbano, África y América Latina. Además, confirmó que Hezbolá ya no sólo se financia por la vía iraní y las remesas procedentes del blanqueo de capitales de pequeñas compañías extranjeras.
Las sanciones estadounidenses, así como varios tribunales de Estados Unidos y el extranjero, tienen en el punto de mira a elementos vinculados a Hezbolá que actúan como proveedores de servicios logísticos y financieros, traficantes, capos de la droga, distribuidores y, más recientemente, suministradores de precursores químicos utilizados para refinar cocaína. Los operativos de Hezbolá son participantes activos en todas etapas de la cadena de suministro de la droga, incluyendo, ominosamente, importantes ventas al mercado estadounidense, como revela el caso que se está juzgando en este momento en Miami.
Hezbolá está estrechamente ligada a las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, y ayudándolas a ganar más poder. Declararla OCT podría sacar a la luz la letal convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo del islam radical, y hacer más eficaz la lucha contra sus redes financieras.
© Versión original (en inglés): Foundation for Defense of Democracies (FDD)
© Versión en español: Revista El Medio
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