Luces y sombras de la ley sobre la condición judía de Israel

Transcurrió ya una semana desde que el parlamento israelí aprobó la “Ley fundamental: Israel Estado Nación del Pueblo Judío”, y cuanto más la leemos, más nos convencemos: su problema no es lo que dice sino lo que calla. La misma fuerza con la que defendemos el concepto de Israel como Estado nacional del pueblo judío, es la que podemos usar para criticar que se haya optado por no aclarar otros elementos que también son claves en la definición de su identidad nacional: su condición de Estado democrático y la igualdad entre la mayoría judía y las minorías que no lo son.

“El problema no radica en lo que dice la ley, sino en lo que calla”, nos dice  la jurista Suzie Navot, experta en Derecho Constitucional. “Está perfecto anclar en la ley el hecho que Israel es el Estado nación del pueblo judío e inclusive recalcar que el pueblo judío es el único que puede concretar en Israel su autodeterminación nacional. Pero no está bien que no aparece explícitamente el principio de la igualdad ante la ley”.

El Dr. Amir Fuchs del Instituto Israelí de Democracia nos dijo que “era necesario reiterar lo que ya está en la Declaratoria de Independencia y también en otras dos leyes fundamentales: la plena igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.

El por qué de la necesidad de estampar en una ley básica (que no puede ser modificada por simple mayoría sino por lo menos por 61 de los 120 diputados del parlamento) el hecho que Israel es el Estado nación del pueblo judío, lo tenemos claro. No sólo porque lo es, sino porque son muchos los que se creen con derecho a desafiar esa condición, tergiversando la historia y alegando que no hay un vínculo especial y milenario entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Sobre esto, no tenemos absolutamente ninguna reserva.

La nueva ley no convierte a Israel en Irán ni en un estado apartheid. En la vida diaria seguirá rigiendo un espacio público compartido por judíos y árabes, el tratamiento igualitario a absolutamente todos en los hospitales y la absoluta libertad de cultos a todas las religiones, por dar sólo algunos ejemplos. Pero consideramos que la coalición de gobierno debería haber actuado con mayor responsabilidad al decidir el texto definitivo de la ley.

Al escribir estas palabras, no pensamos en absoluto en la reacción de los diputados árabes que llamaron la ley de “racista y discriminadora”. Parlamentarios que parecen, desde el podio de oradores de la Kneset, velar continuamente por los intereses palestinos y que a menudo también rechazan lo legítimo del carácter judío del Estado de Israel, no son para nosotros ningún tipo de referencia. Con su llamado a que Israel sea un “Estado de todos sus ciudadanos”, no piden igualdad de derechos, que ya tienen, sino desdibujar el carácter judío de Israel, aunque es el único estado judío del mundo.

Pero sí pensamos en los más de 420 ciudadanos drusos muertos en combate para defender al Estado de Israel, como parte de Tzahal, al que su liderazgo pidió ya al fundarse Israel, que los hombres de la comunidad sean reclutados por ley, no como voluntarios. De hecho, los jóvenes drusos en edad de iniciar el servicio militar, se enrolan en porcentajes mucho mayores que sus pares judíos.

Pensamos en todos los demás miembros de minorías no judías que aportan al país en diferentes ámbitos, que se sienten parte y quieren intensificar más aún la integración, porque entienden que en ningún lugar vivirán mejor que en Israel.

Eso, en la vida diaria, no cambiará. Así lo creemos fervientemente.

Pero cuando se promulga una ley que apunta a anclar por escrito, en un marco casi constitucional, la cédula de identidad nacional de Israel, se los debería haber incluido al menos en una cláusula general sobre las minorías.

Ya está en otras leyes, dicen los defensores de la ley. Hay otras leyes fundamentales que recalcan el carácter democrático de Israel, no sólo judío, y también la igualdad de derechos de las minorías, afirman.¿Y? ¿Por eso no se podía repetir?

Claro que se podía. Y se debía.

Justamente por tratarse una ley de peso constitucional, debería destacar las dos partes de la definición que siempre acompañó al Estado de Israel: no sólo Estado judío sino también democrático.

En el mundo de hoy, en el que está claro el peso de las palabras que circulan y se multiplican a gran velocidad, cabía esperar que la coalición israelí fuese más cuidadosa. En lugar de ello, ha logrado desatar innecesarias tormentas que nada aportan a Israel.

Uno de los más claros ejemplos es lo referente al idioma árabe. En la nueva ley, el árabe  ya no aparece, como hasta ahora, como otro idioma oficial sino que se determina que el único idioma oficial es el hebreo y que el árabe gozará de una posición “especial” que será determinada por  ley. Un inciso puntual aclara que ello no cambiará nada en el lugar del idioma árabe tal cual tenía hasta la promulgación de la ley. Entonces…¿para qué ofender gratuitamente a todos los ciudadanos de habla árabe? No se ganó absolutamente nada con ello.

De fondo de todo esto parece haber una clara agenda de determinados elementos de la coalición, que quieren presentarse como los principales defensores de los valores nacionales del país, pensando probablemente en las próximas elecciones. Su gran error es no comprender que al optar por no incluir los puntos a los que ya hemos hecho referencia, están perjudicando a Israel, no fortaleciéndolo.

Lo interesante y contradictorio es que esa contienda se haga con una ley que deja una sensación distinta de la realidad en el terreno. Antes de fin del 2015, el gobierno de Netanyahu aprobó un plan de presupuesto quinquenal para la minoría árabe, por un monto de 15 mil millones de shekel (casi 4 mil millones de dólares), calificado con razón como “histórico” por la incidencia que tendría en la educación, infraestructuras, y la economía en general.

Por otro lado, la tensión política interna ha ido en aumento, por una combinación entre el tono radical de los diputados árabes en el Parlamento y el carácter nacionalista de la coalición. Esto, aunque en el terreno, la situación de la ciudadanía árabe es cada vez mejor. Si bien hay desafíos pendientes, la minoría árabe ha obtenido grandes logros, y está presente en todas las áreas de actividad de la sociedad israelí, con alto nivel de preparación académica, altísimo porcentaje de estudiantes en todas las universidades y una marcada presencia de profesionales, por ejemplo, en todos los hospitales de Israel.

La nueva ley crea innecesariamente  una impresión distinta, arrojando un resultado nocivo y divisorio y una sensación de ofensa a las minorías no judías.

Aún sin minimizar todos estos puntos, resulta increíble escuchar algunas de las reacciones de figuras palestinas a la nueva ley israelí, desde el ex negociador Saeb Erekat diciendo que “formaliza el apartheid en Israel”, hasta Hanan Ashrawi acusando como siempre a Israel de todos los crímenes del universo y el portavoz de Hamas Fawzi Barhum afirmando que Israel es un Estado racista y discriminador que quiere “eliminar a los palestinos”.

Los únicos que han intentado hacer una limpieza étnica en el territorio de lo que es desde hace 70 años el Estado de Israel, han sido los árabes, en varias guerras cuyo declarado objetivo fue la eliminación del Estado judío. No es cuestión de interpretación subjetiva, sino de declaraciones  categóricas formuladas por diversos gobernantes y líderes árabes. Y formalmente, sigue siendo también la aspiración de Hamas, la organización terrorista que usa a sus civiles para hacer terrorismo contra la población civil de Israel.

Sí, la ley nos parece criticable. Pero entre eso y un Estado apartheid, hay años luz de distancia. Israel sigue siendo un país libre que nada tiene que ver ni con el apartheid de la ex Sudáfrica, ni con el régimen asesino de Irán.