España: Estado Islámico reclutando en las cárceles

El 1 de octubre, la policía antiterrorista española registró la celda de Mohamed Achraf en la penitenciaría Campos del Río en Murcia. La policía descubrió que Achraf estaba dirigiendo una red «disciplinada y organizada» de presos yihadistas, dedicados a reclutar y radicalizar a otros internos, así como a planear ataques contra objetivos específicos. (Fuente de la imagen: Ministerio del Interior).

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron

La policía española ha desmantelado una red yihadista que opera dentro de más de una docena de cárceles españolas. La red, supuestamente vinculada al Estado Islámico, ha sido establecida y operada — aparentemente bajo las narices de las autoridades carcelarías — por uno de los yihadistas más implacables del sistema penitenciario español.

La existencia de la red ha cuestionado no solo la efectividad de los procedimientos de seguridad en las cárceles españolas, sino también los programas del gobierno español de «desradicalización», cuyo objetivo es el de «rehabilitar» a los militantes islámicos para una eventual «reinserción» a la sociedad.

Dentro de los principales miembros del grupo se encontraban 25 yihadistas, ubicados en 17 prisiones diferentes, (que representan más de la mitad de las 30 prisiones españolas que albergan a presos yihadistas), según detalles proporcionados del pasado 2 de octubre por parte del Ministerio del Interior.

El grupo, descrito por el Ministerio del Interior como un «frente de cárceles» yihadi, se dedicaba a reclutar, adoctrinar y radicalizar a otros reclusos, así como a planear nuevos ataques yihadistas.

Dentro de sus miembros se encontraban yihadistas condenados, así como presos comunes radicalizados en la cárcel, entre ellos, varios ciudadanos españoles convertidos al Islam. Algunos miembros estaban a punto de terminar sus sentencias y esperaban quedar en libertad.

El líder del grupo, Mohamed Achraf, un marroquí de 44 años cuyo nombre real es Abderramane Tahiri, cumplía una condena de 14 años de prisión, por planear ataques con camiones bomba contra objetivos de alto perfil en Madrid, que incluían el Tribunal Supremo y la Estación de Príncipe Pío.

Estaba previsto que Achraf fuera dejado en libertad el 14 de octubre de 2018, casi con cuatro años de antelación. Achraf fue encarcelado en 2008 y cumplió la mayor parte de su condena siendo trasladado de prisión en prisión, un protocolo estándar, destinado a evitar que los islamistas establezcan un punto de apoyo en cualquier instalación y radicalicen a los demás reclusos. En febrero de 2018, fue trasladado a la penitenciaría de Campos del Río en Murcia, donde estuvo recluido en régimen de aislamiento.

El 1 de octubre, la policía de contraterrorismo registró la celda de Achraf y descubrió que estaba dirigiendo una red «disciplinada y organizada» de presos yihadistas, dedicada a reclutar y radicalizar a otros reclusos, así como a planear ataques contra objetivos específicos.

El Ministerio del Interior reveló que la red llevaba a cabo sus actividades, a través de la interacción física entre reclusos dentro de las mismas cárceles, así como a través de «relaciones epistolares» entre reclusos ubicados en diferentes prisiones. La red evadió los mecanismos de vigilancia al comunicarse a través de internos que no estaban sujetos a un monitoreo especial.

Citando fuentes policiales, el periódico La Verdad, basado en Murcia, informó que probablemente Achraf será procesado por nuevos delitos de terrorismo y, en lugar de ser liberado antes, permanecerá en detención preventiva.

Achraf tiene una larga historia de militancia yihadista en España. Durante una sentencia de prisión anterior, cumplida entre 1999 y 2002 en la penitenciaría de Topas en Salamanca, Achraf organizó una red yihadista similar, llamada «Mártires por Marruecos», que operaba dentro y a través de al menos cinco cárceles españolas. La red estaba formada por cuatro células que, según los fiscales, estaban «perfectamente estructuradas y conectadas entre sí».

Después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 193 personas y otras 2.000 resultaron heridas, las autoridades españolas lanzaron una campaña de represión contra los fundamentalistas islámicos en todo el país. Una operación de contraterrorismo, la Operación Nova, dio como resultado la detención de 36 yihadistas, incluidos varios miembros de la red de Achraf. Los investigadores encontraron correspondencia que reveló que Achraf estaba planeando bombardear la Audiencia Nacional, la corte superior de Madrid, donde las autoridades judiciales estaban investigando los atentados del 11-M.

Los investigadores también encontraron correspondencia entre Achraf y otros yihadistas, incluida una carta que decía: «El musulmán ahora tiene dos sitios donde ir: a la cárcel o a la yihad». Otra carta decía:

«Nosotros lo que queremos es prepararnos para luchar por Alá. Te doy una buena noticia: he creado un nuevo grupo, dispuestos a morir por Alá en cualquier momento. Estamos esperando salir para empezar a trabajar directamente, junto contigo en el grupo. Es nuestro deber pensar y proyectar porque hay hombres, armas también, y el sitio tampoco nos falta, sólo nos falta la práctica».

En abril de 2005, Achraf fue extraditado a España desde Suiza, donde huyó después de salir de prisión, y donde intentó, sin éxito, encontrar asilo al afirmar ser palestino.

En febrero de 2008, Achraf fue condenado a 14 años de cárcel por «pertenencia a grupo terrorista en concepto de promotor y director».

Durante su juicio, la corte se enteró de cómo Achraf, quien se refería a sí mismo como «Emir», utilizó una mezquita improvisada en un gimnasio de la prisión para «adoctrinar» a otros reclusos en la línea dura de la ideología yihadista salafista-takfiri promovida por el Estado Islámico.

Dada la historia de Achraf con el yihadismo salafista y sus esfuerzos previos para hacer proselitismo y adoctrinar a los reclusos durante su primera condena en prisión, no está claro por qué las autoridades españolas le permitieron establecer otra red yihadista aún más grande durante su segundo encierro.

El periódico La Verdad informó que la red de Achraf «estaba muy organizada y tenía objetivos concretos, ya que había amenazado a determinados funcionarios de las instituciones penitenciarias, alguno de rango superior.» El grupo tenía su «propia iconografía y eslogan» y «estaba perfectamente estructurado», con «órdenes precisas de actuación en los patios y métodos de formación y de entrenamiento».

La red de Achraf puede ser solo la punta del iceberg. Un análisis reciente de los datos oficiales penitenciarios, publicado por el periódico El Independiente, reveló que más de 150 reclusos están actualmente cumpliendo condena en 28 diferentes cárceles españolas por delitos relacionados con la yihad.

Casi la mitad (72) de los convictos relacionados con la yihad son marroquíes, seguidos por los españoles (57). Los otros presos son de Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Dinamarca, Egipto, Francia, México, Países Bajos, Pakistán, Portugal y Turquía.

El delito más frecuente entre los convictos relacionados con la yihad es la pertenencia a un grupo terrorista, seguido de reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento para el terrorismo y el apoyo a un grupo armado.

Adicionalmente, otros 120 reclusos que están cumpliendo condena por delitos no relacionados con la yihad, están siendo monitoreados por señales de «fanatismo islamista», según el periódico El País, citando fuentes del Ministerio del Interior.

La red de Achraf también ha puesto de relieve la eficacia, o la falta de ella, de los programas de desradicalización de los presos yihadistas por parte del gobierno español. Según la protección de derechos humanos, garantizada por la Constitución española, dichos programas solo pueden aplicarse de forma voluntaria.

De los aproximadamente 270 reclusos monitoreados por tendencias yihadistas, solo 20 participan en programas de desradicalización, según la agencia de noticias española EFE. El Ministerio del Interior admitió:

«La mayoría de los individuos investigados, lejos de alcanzar los objetivos de reinserción social, se han mantenido activos en la militancia yihadista, acrecentando su proceso de radicalización durante su estancia en prisión».

Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York.