últiples denuncias contra Israel de violación de los derechos humanos pueblan cada día las páginas y los espacios de los medios de comunicación en Occidente. La gran mayoría son burdas manipulaciones. Pero en cambio, las violaciones perpetradas por el otro bando, sus vecinos palestinos, casi nunca tienen repercusión en nuestros medios. Estamos a otra cosa. Casi todos han decidido por anticipado quién tiene razón y quién debe ser condenado. El último ejemplo de esta grotesca situación acaba de tener lugar.
El gobernador de la Autoridad Palestina en Jerusalén, Adnan Gheith, contactó hace dos meses con Issam Akel, un palestino, vecino de Belén y funcionario del Ministerio de Administración Local de la Autoridad Palestina. Ambos se encontraron en presencia de varios oficiales de seguridad palestinos. Después de la reunión, en la que Akel fue acusado por las autoridades de haber participado en la venta de una casa de Jerusalén a ciudadanos israelíes, Akel desapareció. Fue secuestrado… por las autoridades palestinas.
Sucede que según la legislación palestina, la venta de tierras a judíos es ilegal y castigable con la pena de muerte. Algo que nunca oigo denunciar, porque me parece difícil un caso de racismo más flagrante que éste. Hay que reconocer que el presidente palestino, Mahmud Abbas, desde 2014, no ha ratificado ninguna condena a muerte por esta causa y se ha limitado a condenar a cualquier palestino involucrado en la venta, el alquiler o en la facilitación de una transacción de cualquier bien raíz a un judío a la pena de cadena perpetua con trabajos forzados. Un hombre de paz, este Abbas.
Pero sucede que según la legislación emanada del Parlamento palestino, ellos entienden por Palestina -es decir, el territorio en el que se aplica sus leyes- todo el territorio del antiguo mandato británico de Palestina. O sea, que las leyes palestinas se aplican en otro Estado soberano internacionalmente reconocido: Israel. No conozco ningún otro caso en el mundo en el que las leyes de un Estado se pretendan aplicar en el Estado vecino. Pero a nadie parece preocuparle eso. Ni siquiera en la eventualidad de los ciudadanos árabes del Estado de Israel, que tienen exactamente los mismos derechos que los ciudadanos judíos. Si uno de ellos vendiera su propiedad inmobiliaria podría ser condenado a cadena perpetua por los tribunales dependientes de la Autoridad Palestina. Nada. Riña de vecinos. Eso no tiene importancia.
Pero en el caso de Issam Akal, su secuestro conllevaba una sorpresa para el gobernador palestino de Jerusalén: Akal, además de ser palestino, era ciudadano de los Estados Unidos de América. Que antes que por los judíos o por los palestinos, se preocupa por sus compatriotas, como es lógico. Hoy hace una semana el gobernador Gheith fue detenido por las Fuerzas de Seguridad israelíes acusado por este caso. Yo conozco en el mundo grupos terroristas y guerrilleros que secuestran ciudadanos. Conozco también casos de delincuencia común que buscan hacer caja con secuestros. Pero no conozco ninguna otra autoridad gubernamental que secuestre a sus ciudadanos por ninguna causa. Mucho menos por disponer de su propiedad o por ayudar a otros compatriotas a disponer de la suya. Pero la habitual hipocresía que tanto se practica en los medios de comunicación occidentales acalla casos como éste. A estos palestinos «malos», que les den. Ellos sólo se ocupan de los palestinos «buenos» y deciden quiénes lo son
«palestruchos» patéticos!!!