El antisemitismo en España

En las últimas semanas hemos asistido a una concienciación en Europa sobre el creciente problema del antisemitismo y la inaplazable necesidad de atajarlo. Y, por primera vez, se empiezan a mencionar aspectos de este fenómeno que la corrección política biempensante ha venido silenciando. Primero, que el problema del odio contra los judíos en Europa viene azuzado por sectores de las comunidades musulmanas, que actúan con impunidad en su acoso agresivo a la población hebrea, ante el silencio y la connivencia de partidos, prensa, academias, el mundo cultural y el artístico. Segundo, que por mucho que se busquen permanentemente equidistancias, la incitación antisemita en el espectro político es hoy mucho más relevante desde la izquierda que desde la derecha. Tercero, que ya resulta innegable que la hostilidad obsesiva de ciertos medios contra Israel, el doble rasero con que tratan sus esfuerzos para defenderse del yihadismo y la criminalización constante y la deshumanización permanente de sus ciudadanos no son sino la forma moderna de difundir los más rancios y ancestrales clichés antisemitas, aplicándolos ahora al judío colectivo, el Estado de Israel.

El nuevo antisemita busca hoy enmascararse bajo la denominación de «antisionista», que usa para demonizar al Estado judío, al único Estado judío, y sólo a ese Estado, y con él, evidentemente, a la mitad de los judíos del mundo que en él viven y a la inmensa mayoría de la diáspora que, naturalmente, lo apoya. Comunicadores y líderes de opinión en nuestro país tienen una grave responsabilidad en la creación de ese caldo de cultivo. Así, mientras somos informados sobre la insostenible situación de las comunidades judías en Francia, o el antisemitismo institucionalizado en el Partido Laborista británico, nada se suele mencionar sobre la situación en nuestro país. Aquí, el tercer partido del Parlamento, con 71 diputados, que gobierna capitales como Madrid, Barcelona y muchas otras, socio y apoyo necesario del Gobierno de Pedro Sánchez, ha promovido uno de los intentos de discriminación más graves que haya sufrido en los últimos años ninguna minoría judía en Occidente.

Instrumentalizando las instituciones democráticas en que participan y los gobiernos locales que controlan, Podemos y su entramado de falsas ONG humanitarias asociadas al movimiento denominado BDS han promovido en los últimos cuatro años más de cien declaraciones de boicot contra los ciudadanos judíos de Israel y contra los ciudadanos judíos y no judíos españoles que les apoyan. No se ha informado a los ciudadanos de que el BDS, que busca la destrucción del Estado judío mientras glorifica el terrorismo yihadista, recibe millones de euros todos los años en subvenciones públicas de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y agencias regionales, así como de los sucesivos gobiernos de España. Mientras los españoles son expuestos al escandaloso acoso a pensadores judíos por los chalecos amarillos o los ataques a cementerios hebreos en Francia, se les obvia la absoluta anormalidad democrática que supone que el candidato a presidente del Gobierno de Podemos sea empleado por la radiotelevisión pública de la República Islámica de Irán, un régimen genocida que llama a la exterminación de Israel, y que use esa presencia en Hispan TV para propagar libelos sobre una supuesta dominación global judía. Ante la inacción de la Fiscalía, una asociación privada como ACOM se ha visto obligada a lanzar decenas de iniciativas judiciales y ganar hasta cuarenta casos contra la discriminación inconstitucional que se ha intentado cometer.

Resulta pues urgente que nuestro Parlamento legisle y clarifique qué constituye un delito de odio antisemita, y que, como han hecho Gran Bretaña y Alemania, como acaba de anunciar Francia y como ha reclamado el Consejo Europeo, España adopte la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). En esa definición se recuerda que se puede criticar al Estado de Israel como a cualquier otro país, pero se mencionan algunos ejemplos de antisemitismo: uno, el antisionismo, entendido como la negación al pueblo judío de su derecho a la autodeterminación, esto es, al derecho a existir del Estado judío; dos, la comparación entre la política actual del Estado de Israel y la de los nazis; tres, hacer a los judíos responsables como colectivo de las acciones de cualquier gobierno israelí; cuatro, negar a los judíos oportunidades o servicios disponibles para otros ciudadanos. Precisamente, todo lo que hace el BDS en España.

Resulta igualmente urgente que se clarifique la ilegalidad de asociaciones que usan eufemismos tales como la «lucha» o la «resistencia» del pueblo palestino para justificar y glorificar el yihadismo. Los apologetas del terrorismo deberían ser perseguidos por la Fiscalía y, desde luego, sus asociaciones no deberían ser elegibles para ninguna subvención pública. Hago, por tanto, un llamamiento a todas las fuerzas constitucionalistas españolas para que adopten estas medidas con coraje y hagan de España un ejemplo de determinación desacomplejada en la defensa de nuestra minoría judía de las coacciones, los ataques y los intentos de discriminación por parte de los intolerantes.

Ángel Mas es Presidente de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio)