La Autoridad Palestina (AP) alega una crisis financiera que le impediría cumplir los compromisos más básicos con el bienestar de su población.
Sin embargo, un reciente informe divulgado por la organización de monitoreo de medios palestinos, Palestina Media Watch (PMW), reveló que las cifras dicen lo contrario y que la presunta crisis económica es absolutamente falsa y se usa para encubrir la maniobra que permite pagar “salarios de sangre” a los terroristas palestinos, con fondos que deberían atender las necesidades básicas de la sociedad palestina.
El informe dado a conocer este 20 de mayo asegura que la crisis es “autoinducida” con el único fin de mantener en el poder a Mahmoud Abbas y continuar con la política de incentivo al terrorismo a través de pagos de compensaciones tipo seguridad social, otorgándole a los terroristas un estatus superior al de los ciudadanos regulares en general y particularmente mucho más alto que el de los ciudadanos en necesidad socioeconómica.
¿Y cómo puede asegurar PMW tan alarmante situación? Sencillamente contando el dinero.
Al reunir una serie de datos públicos se percibe que a pesar de que Israel ha congelado montos equivalentes a los pagados por la AP como incentivos al terrorismo mediante salarios, pensiones y otras compensaciones a terroristas presos, muertos y a sus deudos, las finanzas de la AP se mantienen en números azules.
Los montos en cuestión son retenidos de los impuestos que Israel recolecta para la AP mientras esta mantenga su política de pagos a terroristas. La AP, por su parte, alega que esos fondos retenidos le impiden cumplir con sus obligaciones, pero no cesa en el pago de compensaciones a los terroristas.
La denuncia de PMW saca a la luz, por ejemplo, que los impuestos recaudados por Israel para la AP en enero-febrero de 2019 alcanzaron los NIS 1.471 millones (109 millones más que en el mismo período del año anterior). Aún después de la congelación de los aportes al terrorismo que iniciaron este 2019, los impuestos destinados a la AP resultaron bastante superiores a los recabados en 2018.
Entonces ¿cómo es posible que esta suma se convierta en una resta para los ciudadanos palestinos?
La AP se ha negado a aceptar los impuestos recaudados por Israel mientras este sustraiga los fondos que irían a parar a las compensaciones al terrorismo. Esto significa que la AP se niega, pública y oficialmente, a aceptar una cifra importante de su presupuesto anual.
PMW ha develado claramente que, a pesar de la resta de los fondos por parte de Israel, la AP recibiría aún más fondos que los recibidos en 2018.
La negativa de Abbas a recibir los fondos recaudados por Israel se basa en que los palestinos arrestados o muertos en ataques, ya sea con piedras, bombas, rifles o puñales, no son terroristas sino “soldados” que actuaban bajo órdenes de la Autoridad Palestina.
Razón por la cual la AP se niega, no sólo a recibir los fondos captados por Israel, sino a dejar de usar los fondos destinados a los ciudadanos regulares para usarlos en pagos de compensaciones a los terroristas, montos que superan los NIS 500 millones anuales.
En la denuncia de PMW se puede leer una afirmación que es concluyente: “Ahora se está argumentando que la Autoridad Palestina está en peligro de colapso económico solo debido a la implementación de la ley por parte de Israel para deducir de los ingresos fiscales. Esta afirmación es infundada. La crisis financiera de la Autoridad Palestina no es el resultado de la deducción de los fondos por parte del gobierno israelí. La crisis financiera es un resultado directo de la decisión de la Autoridad Palestina de insistir no solo en continuar alentando el terror y recompensando a los terroristas, sino también de exigir que el Estado de Israel sea su socio en esta política agresiva y permita que la Autoridad Palestina realice los pagos de los ingresos fiscales que Israel recauda y le transfiere”.
A la luz de la denuncia está claro que ni a Mahmoud Abbas ni a la AP les interesa el bienestar de la población palestina, a la cual está dispuesta a sacrificar para poder continuar con el incentivo y subvención a un terrorismo que se ha establecido como política de Estado.
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