La lucha contra el desperdicio de alimentos es una de las guerras que se libran en este momento en el mundo de la restauración y de la venta de alimentos.
Una guerra que tiene muchos frentes abiertos.
Por ejemplo, contamos con un sinnúmero de apps móviles que permiten a los restaurantes, tiendas y domicilios poner en venta a precios hiperreducidos los platos preparados o alimentos perecederos que no han conseguido vender o consumir al final del día. Es el caso de Food Cowboy, No Food Wasted, Food Cloud, Too Good To Go (que acaba de aterrizar en España), Ni Una Miga o Yo No Desperdicio.
Pese a la buena intención de las ideas, el efecto de estos programas no deja de ser reducido, ya que depende enteramente de la predisposición de los individuos para participar en este tipo de iniciativas.
Por otro lado, algunos restaurantes y mercados tienen políticas concretas respecto a cómo proceder con los alimentos que no han encontrado salida al concluir la jornada. Estas políticas propias son dispares y en muchas ocasiones no se alinean con las necesidades de la sociedad.
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Así, en barrios habitados por familias con bajos recursos, vemos cómo no hay aproximaciones consensuadas entre las diferentes cadenas de supermercados. Mientras unas reducen los precios en los productos que se acercan a su fecha de caducidad, otras donan los ítems a bancos de alimentos. Incluso los hay que mantienen los artículos en las estanterías hasta que estos dejan de ser aptos para el consumo y luego se ven obligados a tirarlos en contenedores. Este último comportamiento deriva en lo que inglés se ha convenido en llamar dumpster diving; es decir, buceo de vertedero.
Para evitar que los más pobres, los desamparados, los sin techo y los mendigos sufran el estigma social asociado a sumergirse en los contenedores de basura para buscar una ración comestible es necesario ofrecer a la sociedad una serie de mecanismos legales y estructuras institucionales que amparen la donación de alimentos.
Sin embargo, la legislación a este respecto brilla por su ausencia.
En febrero de 2016 Francia se convirtió en el primer país del mundo en imponer la donación de alimentos sobrantes a supermercados por ley. Dicha ley también estableció los mecanismos disuasorios que impedirían la picaresca emergente de promover la podredumbre en los ítems no vendidos para evadir las obligaciones sociales contraídas, así como las multas de importes nada desdeñables (3750 euros por infracción) que terminarían por espolear el nuevo modelo.
Gracias a esta medida Francia ha conseguido ofrecer 10 millones de comidas más cada año a su población más pobre.
Y también le ha llevado a conseguir la mejor posición en la lista clasificatoria 2017 Food Sustainability Index organizada por The Economist y Barilla Center for Food and Nutrition Foundation (BCFN).
Es por ello que no es de extrañar que el caso de éxito de Francia haya sido seguido muy de cerca por otros países.
Desde EE. UU., Jonathan Bloom, autor deAmerican Wasteland, halaga los esfuerzos del país galo: «Hacer que tirar la comida sea ilegal para los supermercados tiene una gran magnitud. Ese paso legislativo ha afectado todos los niveles de la cadena de la alimentación en Francia».
En Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido se han promocionado acciones similares, pero nunca han estado respaldadas por la ley. Por eso nunca han surtido el efecto que se hubiese deseado.
Ahora Israel se suma a esta lucha contra el desperdicio de alimentos, pero en vez de actuar sobre las tiendas de alimentación, la nueva ley afecta a los restaurantes.
Como bien dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar; siendo ambos negocios muy similares en lo que al producto tratado se refiere, era cuestión de tiempo que las restricciones que se aplican a supermercados comenzaran a aparecer en los restaurantes.
La ley fue aprobada el lunes 22 de octubre en la Knesset, el parlamento israelí, después de que hubiera sido motivada por el principal partido en la oposición, Hamajané Hatzioni, liderado por Hilik Bar, y el diputado Uri Maklev del partido Degel HaTorah.
La ley establece que los restaurantes o personas que repartan la comida serán eximidas de cualquier responsabilidad civil derivada del mal estado de los alimentos siempre y cuando se hayan seguido al pie de la letra las directrices que allí se hacen constar. Este es un aspecto de crucial importancia pues es una de las razones principales por las cuales no termina de cuajar la donación de comidas sobrantes generalizada.
Este hecho no debe llevarnos a engaño, los productos donados serán perfectamente comestibles, y se tratará, casi siempre, de bandejas de comida y menús emplatados que no llegaron a salir siquiera de la cocina.
La aprobación de la ley es importante para Maklev: «Revolucionará el tema de la destrucción de los alimentos de hoteles, restaurantes, salones de fiestas, servicios de catering, etc., comida que llegará ahora a las personas necesitadas».
Ocho han sido los años necesarios para que el germen de ley llegase a fructificar. Una noticia que ha alegrado a Hilik Bar que entiende que la nueva legislación ayudará a cubrir las demandas de donación de comida que se estaban experimentando en Israel desde hace más de una década.
Bar prevé que la medida ahorre unos 12 millones de toneladas de comida desperdiciada cada año. Se le atiza así un golpe importante al problema en esta batalla continua por una mayor sostenibilidad de la alimentación.
*** Artículo realizado por el equipo de redacción de DiegoCoquillat.com. Cuenta con profesionales tanto en el terreno de la hostelería, gastronomía y turismo, como en de las nuevas tecnologías e innovación.
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