La Corte Penal Internacional : palestinos pueden ser culpables de crímenes de guerra por «pagar por el asesinato»

CPI. Photo: Hypergio via Wikicommons.

La semana pasada, la Corte Penal Internacional (CPI) publicó su Informe de la Oficina del Fiscal. Aunque previsiblemente acusó a Israel de crímenes de guerra falsos en Judea y Samaria, también, por primera vez, mencionó sutilmente que la Autoridad Palestina podría ser culpable de crímenes de guerra por pagos a terroristas.

El artículo 222 establece: «La Autoridad Palestina ha alentado y proporcionado incentivos financieros para la comisión de la violencia mediante la provisión de pagos a las familias de los palestinos que participaron, en particular, en la realización de ataques contra ciudadanos israelíes, y bajo las circunstancias, el pago de tales estipendios pueden dar lugar a crímenes del Estatuto de Roma «.

Eugene Kontorovich, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason y director de su Centro de Derecho Internacional en el Medio Oriente, le dijo a JNS que, si bien es exacto y encomiable, el mero hecho de que la CPI haya planteado por primera vez «pagar por matar» como un posible crimen de guerra «no debería blanquear ni fumar su prejuicio extraordinario contra Israel y la gran probabilidad de que tomen medidas serias contra los palestinos».

Kontorovich señaló que lo más sorprendente del informe de la CPI es que ha eliminado toda mención de los asentamientos rusos en Crimea y concluyó que el problema no era un crimen de guerra. «Entonces, la esencia general de este trabajo es que los asentamientos, el crimen de vivir en algún lugar, es solo un crimen que los judíos pueden cometer», dijo.

«El hecho  que [la CPI] sea lo suficientemente generosa como para considerar que el asesinato a sueldo también podría ser un crimen de guerra no debería ocultar este hecho», agregó Kontorovich. «Creo que su enfoque es abrumadoramente unilateral, sin mencionar que el tribunal tiene un historial extremadamente malo de tomar medidas contra líderes de regímenes no democráticos en ejercicio».

Además de este nuevo interés por parte de la CPI, tanto Israel como Estados Unidos han estado trabajando para detener la capacidad de la Autoridad Palestina de pagar a los terroristas.

La ley anti-«pago por asesinato» de Israel, que se aprobó en 2018, dice que el estado debe deducir y congelar la cantidad de dinero que la AP paga a los terroristas y sus familias de los ingresos fiscales que Israel le da a la AP.

«Pagan decenas de millones al año en salarios terroristas»

Por su parte, el Congreso aprobó la Ley Taylor Force, promulgada en 2018, que prohíbe cierta asistencia económica a la AP hasta que deje de pagar estipendios a través del Fondo de Mártires de la AP a las personas que cometen actos de terrorismo y a las familias de los terroristas fallecidos.

El Congreso también aprobó la Ley de aclaración antiterrorista (ATCA) en 2018 a raíz de una demanda federal conocida como Waldman v.PLO que un tribunal de apelaciones desestimó en 2016, alegando que había una falta de jurisdicción personal sobre la PLO. Para abordar esta falla, la Sección 4 de ATCA permite que los tribunales federales ejerzan jurisdicción personal sobre un acusado extranjero no estatal que acepte beneficios, como asistencia financiera, de los Estados Unidos.

Kent Yalowitz, el abogado de Nueva York que dirigió el equipo del juicio en ese caso judicial y obtuvo un veredicto de jurado de $ 655 millones contra la AP y la OLP a favor de 11 familias estadounidenses heridas en ataques terroristas, le dijo a JNS: «Ha habido un argumento de que $ 650 millones quebrarían a la AP y eso es solo una mentira Pagan muchas decenas de millones al año en salarios terroristas. Eso es mucho dinero. Tienen un presupuesto reportado de $ 5.5 mil millones al año, con mucha grasa, y tienen la reputación de no tener en cuenta todos sus fondos de manera transparente».

Desde la aprobación de ATCA, los analistas advirtieron que la coordinación de seguridad entre Israel y los palestinos estaría en riesgo.

«Ese argumento ha resultado infundado», dijo Yalowitz.

Algunos analistas también han advertido que ATCA puede aplicar a estados extranjeros, impactando a aliados en el Medio Oriente, como Egipto o Jordania. Por este motivo, entre otros, se ha presentado un nuevo proyecto de ley, la Ley de promoción de la seguridad y la justicia para las víctimas del terrorismo, que se está revisando y se ha incluido en el calendario legislativo del Senado. El proyecto de ley adopta más de cerca el lenguaje de la Ley Taylor Force, que establece que si una entidad está pagando sistemáticamente a terroristas, está sujeta a la jurisdicción de los EE. UU.

Como los palestinos son los únicos que hacen esto, parece claro que solo se aplica a ellos y no a otros estados.

«El gobierno israelí decidió finalmente tomar medidas»

Los senadores James Lankford (R-Okla.), Miembro del Comité de Finanzas del Senado, Tammy Duckworth (D-Ill.) Y Chuck Grassley (R-Iowa), presidente del Comité de Finanzas del Senado, presentaron el proyecto de ley, que busca cerrar algunas lagunas en la legislación anterior y para proporcionar justicia a las víctimas estadounidenses del terrorismo internacional y al mismo tiempo promover la cooperación de seguridad entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinas.

Con respecto a las víctimas estadounidenses del terrorismo palestino, el proyecto de ley fortalecería el ATCA. La legislación afirma el «principio fundamental de que la participación normal como parte de la comunidad internacional, o participar en cierta conducta en los Estados Unidos, exige primero responder por el apoyo previo a los actos terroristas».

La AP se ha opuesto activamente a cualquier legislación de este tipo, y los representantes se han reunido con la senadora Dianne Feinstein (D-Calif.) Entre otros, pero queda por ver qué tan exitosos serán.

Según Maurice Hirsch, jefe de estrategias legales de Palestina Media Watch (PMW), Feinstein presentó recientemente un proyecto de ley para derogar ATCA porque no permite que los palestinos reciban dinero sin aceptar la jurisdicción estadounidense. También quiere cancelar la Ley Antiterrorista de 1990, que facilita a las víctimas del terrorismo demandar a terroristas.

PMW ha pedido a Israel que retenga NIS 241 millones adicionales (alrededor de $ 69 millones) antes de fin de año. Hirsch explicó cómo se ha llevado a cabo una extensa investigación para determinar, de acuerdo con los informes mensuales del presupuesto de la AP, cuántos terroristas y familias reciben dinero. Según Hirsch, el informe del Ministerio de Prisioneros de la AP en 2018 enumeró NIS 502 millones (aproximadamente $ 144 millones).

«Después del violación y asesinato de [Ori Ansbacher [19 años] [por un hombre árabe palestino] a principios de este año, el gobierno israelí decidió finalmente tomar medidas y comenzar a activar la ley», dijo.
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