En Gijón fue todavía peor. Tras proclamar la capital «Libre de Apartheid Israelí», se repartieron pegatinas y cartelería por todos los comercios para que los empresarios las pegaran en sus escaparates y señalaran que era un establecimiento libre de apartheid israelí.

En Molins de Rei, en Cataluña, también se dio otro caso que vulneraba el principio de igualdad ante la ley de los judíos. Las jugadoras del equipo de waterpolo de la selección femenina de Israel vieron cómo se les denegaba el uso de las instalaciones deportivas de ese ayuntamiento y la piscina. Ada Colau también se sumó desde la capital al rechazo a las deportistas judías desde las instituciones públicas. La alcaldesa catalana ha sido acusada de liderar en numerosas ocasiones campañas de odio hacia Israel.

Esta persecución antisemita propia de la Alemania nazi ha sido denunciada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). «Aprobaron no contratar a judíos. Buscan siempre criminalizarnos bajo supuestas declaraciones humanitarias. Se nos ha excluido de la vida social, política, económica y cívica de los territorios. Se nos ha impedido optar a contratos públicos, no podíamos tener acceso o alquilar espacios, tener acceso a una sala o realizar actividades culturales o académicas. Nos han dejado fuera totalmente», lamenta Ángel Más, presidente de ACOM.

«¿Alguien se imagina aprobando una moción contra los rusos por su guerra de Crimea? No ha habido ninguna moción en España pidiendo el boicot contra China por su intervención militar en el Tíbet, tampoco ningún ayuntamiento ha instado al boicot contra Venezuela por su dictadura bolivariana. Sin embargo, sí ha habido boicot contra una nación, la de Israel y sus habitantes», nos transmite uno de los miembros de ACOM que lucha contra el antisemitismo de los partidos de izquierdas.

Juicios por antisemitismo

La relación de los ayuntamientos con acuerdos discriminatorios anulados por la Justicia acaba ser recogido en un informe realizado por ACOM. Todos han sido denunciados por la asociación ante los tribunales. 58 sentencias dan la razón a la comunidad de judíos españoles por su inconstitucionalidad y ataque frontal a los derechos humanos y discriminación por razón de origen.

«No íbamos a permitir que los representantes políticos nos discriminaran. Por eso hemos decidido ir a juicio contra todos estos ayuntamientos. Atenta contra el artículo 14 de la Constitución española que impide la discriminación por motivos raciales, de nacionalidad o religiosos. Hemos ganado a todos los ayuntamientos, diputaciones regionales y cabildos insulares que han tomado esta iniciativa ilegítima», recalca Ángel Más.

De este modo, el Kichi se sentó ante el magistrado del juzgado de instrucción nº 1 de Cádiz, tras la querella interpuesta por ACOM contra los miembros de la Junta del Gobierno Local de Cádiz. «El regidor de la capital gaditana declaró en calidad de investigado por ser parte activa de un boicot xenófobo, discriminatorio y anticonstitucional del que se jactaba públicamente. Asimismo, tras darse a conocer la sentencia que anulaba la decisión del Ayuntamiento gaditano de suspensión del ciclo de cine israelí y de la adhesión de la localidad al espacio BDS-ELAI, el mismo juzgado reabrió la causa criminal contra los investigados, en tanto en cuanto el proceso estaba suspendido hasta que se recibiera sentencia del asunto administrativo», señala la asociación en el recurso contra el gobierno podemita.

El chorreo de varapalos judiciales a las formaciones de ultraizquierda (que contaban con el apoyo del PSOE, Compromís y Bildu), ha evidenciado la ilegalidad de las mociones que iban siendo consolidadas como si tal cosa. Ángel Más recuerda que incluso en el New York Times apareció en portada cómo Valencia (Compromís) era el primer ayuntamiento del mundo con más habitantes en democracia que se autoproclamaba «libre de judíos».

¿Racistas contra el racismo?

El patrón ha sido el mismo. Para muestra la moción aprobada en Corvera (Asturias) e impulsada por Izquierda Unida en 2015. Esta declaración pública citada por la edil de IU, Sara Paz Suáre, fue el documento pionero, la plantilla a la que se suscriben años posteriores el resto de consistorios:

Teniendo en cuenta que miles de organizaciones en el estado español y en el mundo entero ya se han adherido a la campaña global ciudadana antirracista y no violenta por la libertad, la justicia y la igualdad. Recordando que el Relator Especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Richard Falk, consideró en 2010 (A/HRC/13/53), que el BDS era una campaña legítima para acabar con las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional. Considerando que en su informe de marzo 2014, dicho Relator Especial reconoció que la mayoría de los productos de las colonias israelíes en territorio palestino ocupado incluyendo Jerusalén Este, eran etiquetados como fabricados en Israel, y que las instituciones y empresas israelíes no suelen distinguir entre asentamiento ilegal y territorio israelí, menos en Jerusalén Este ocupada. Preocupados/as por las consecuencias jurídicas, económicas y éticas que podría acarrear la colaboración con entidades israelíes que tengan algún tipo de actividad en las colonias israelíes ubicadas en territorio palestino ocupado. Alarmados/as por la impunidad de la que goza Israel y por la incapacidad de la comunidad internacional de sancionar a ese estado por sus continuas, sistemáticas y deliberadas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los palestinos y palestinas. Convencidos/as de que un futuro de paz, prosperidad y seguridad para ambos pueblos pasa obligatoriamente por una solución basada en la justicia, y de que sólo una presión efectiva ejercida sobre el estado ocupante puede llevarle a respetar el derecho internacional. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a esta Corporación, reunida en Pleno, la adopción de los SIGUIENTES ACUERDOS:

1. Declarar a este municipio Espacio Libre de Apartheid israelí (ELAI).

2. Por esta declaración, el Ayuntamiento de Corvera de Asturias se compromete a no establecer convenio, contrato o acuerdo de tipo político, comercial, agrícola, educativo, cultural, deportivo o de seguridad con instituciones, empresas y organizaciones israelíes hasta que Israel no reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y acate el derecho internacional, mediante la finalización de la ocupación y colonización de los territorios que ocupó en 1967.

Como diría el profesor de Ética y Filosofía, Miguel Ángel Quintana Paz, en su artículo Neoviolencia o por qué el mundo hoy arde con un nuevo tipo de violentos, estaríamos ante un nuevo estilo de ejercer el totalitarismo. La violencia se disfraza de pacifismo y buenas intenciones. Atacan sin ser atacados. Como leemos en la moción de la concejal de IU, reivindica ser antirracista pero, a su vez, es racista con los judíos.

Ansias de poder

A este respecto, y tal y como ha podido comprobar este periódico en el listado de sentencias, los jueces comprobaban cómo también se extralimitaban en sus ansias de poder. El presidente de ACOM culpabiliza, sobre todo, a Podemos. «Se extralimitaban en sus competencias. Un alcalde no puede declarar la guerra a Rusia. Estamos ante una anomalía democrática. Podemos inicia una persecución y así lo sufrimos la comunidad judía. Pablo Iglesias tiene esa fijación. En su programa han lanzado los libelos más sangrientos contra Israel. Se ha hablado de dominación global judía, que controlamos el mundo y nos llama el lobby sionista. Es una demostración moderna del antisemitismo más rancio. Estamos muy preocupados por este hecho porque ahora Podemos está en el poder», reitera Ángel Más.

Finalmente, los ayuntamientos han reaccionado siempre de la misma manera. Acatarán la nulidad de las mociones pero siempre posicionándose a favor de los palestinos y recalcando que lo hacen por el reconocimiento de un Estado Palestino sin considerar que sean xenófobos por abstenerse de firmar acuerdos con judíos.

Acuerdos discriminatorios BDS ANULADOS por la Justicia