La CPI no tiene nada que ver con la Justicia

La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones y restricciones de visa adicionales contra cualquier persona que «se haya comprometido directamente en cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a cualquier personal de los Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos  «o han intentado hacer lo mismo contra un aliado de Estados Unidos.

Una vez más, vemos que los intereses de los Estados Unidos e Israel se alinean de manera única, esta vez porque la CPI elige funcionar no como un ejecutor del derecho internacional, sino como una herramienta política de nuestros enemigos comunes.

Las acciones recientes de la CPI con respecto tanto a Israel como a los Estados Unidos solo refuerzan la sabiduría, de hecho, la necesidad, de estos países que buscan justicia independientemente de los organismos internacionales como las Naciones Unidas y la CPI, y de continuar apoyándose mutuamente como aliados firmes.

En el corazón del conflicto con la CPI está su determinación de perseguir agendas políticas más allá de sus estatutos como cuerpo legal. De hecho, tanto con respecto a los Estados Unidos como a Israel, la CPI ignora los fundamentos de la equidad: igualdad de trato y aplicación coherente de la ley.

Comencemos con el propósito esencial de la CPI, que fue establecida por las Naciones Unidas bajo el Estatuto de Roma en 2002 para enjuiciar los crímenes internacionales más atroces, en ausencia de un sistema legal nacional capaz de hacerlo.

Como veremos, ni las acciones de Estados Unidos ni de Israel bajo consideración de la CPI alcanzan ni remotamente el nivel de «atroz». Pero lo que es más importante, pocos países en la tierra tienen sistemas de justicia internos tan rigurosos como los de cualquier nación.

Además, ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, por lo que técnicamente ninguno está sujeto a la autoridad de la CPI. En otras palabras, dado que el tribunal carece por completo de jurisdicción legal en estos asuntos, su único propósito puede ser difamar políticamente a los dos países.

Por lo tanto, de acuerdo con la propia misión central de la CPI, ambos procesamientos son extrajudiciales e inapropiados, no solo un mal uso del tiempo y el dinero, sino esencialmente injusto.

Pero la parodia continúa: para justificar estos enjuiciamientos motivados políticamente, la CPI tiene que ignorar el derecho internacional real.

Los palestinos han presentado el caso de la CPI contra Israel por dos cargos:

1) los judíos están creando comunidades «ilegales» en Judea-Samaria (también conocida como Cisjordania) y Jerusalén oriental, ambos territorios técnicamente disputados;

2) Israel utilizó una fuerza desproporcionada en 2018 y 2019 para defender sus fronteras cuando los palestinos de Gaza intentaron violar el territorio soberano israelí.

Para justificar estos cargos, el Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Bensouda, dictaminó que «Palestina» es un estado, que no está sujeto al derecho internacional.

Al menos siete naciones, todas firmantes del Estatuto de Roma, incluidas Australia, Austria, Brasil, República Checa, Alemania, Hungría y Uganda, han presentado informes amicus advirtiendo a Bensouda que «Palestina» no es un estado.

En una afrenta aún mayor a la equidad, los cargos que la CPI está considerando contra Israel no mencionan el terrorismo árabe o los ataques con cohetes de Gaza contra civiles israelíes. Como era de esperar, el tribunal nunca ha investigado formalmente ningún crimen de guerra por parte de los palestinos, incluido el apoyo financiero de los atentados suicidas o el alojamiento de lanzadores de misiles y la sede militar de Hamas en escuelas y hospitales.

Las acusaciones de la CPI contra Estados Unidos por crímenes de guerra incluyen «actos de tortura, tratos crueles, ultrajes contra la dignidad personal, violación y violencia sexual» en Afganistán (así como actividades clandestinas relacionadas en las instalaciones de la CIA en Polonia, Rumania y Lituania).

Sin embargo, debemos señalar que Afganistán se ha opuesto a la investigación de la CPI, ya que está llevando a cabo su propia investigación, y que Polonia, Rumania y Lituania no son partes en la acción de la CPI.

Igual de extraño desde el punto de vista judicial es el hecho que el tribunal intenta juzgar a Israel por un «crimen» por el cual el tribunal nunca ha acusado a ningún otro país, ni a Turquía por su conquista ilegal de 1974 de parte de Chipre, ni a Rusia por su 2014 invasión y anexión de Crimea.

Tanto Turquía como Rusia se apoderaron violentamente de territorios que eran indiscutiblemente parte de naciones soberanas; si algún país merece ser procesado por la CPI, estos dos lo hacen.

Por otro lado, los territorios en cuestión en Tierra Santa nunca estuvieron bajo la soberanía de los palestinos. Más bien, estas tierras al oeste del río Jordán fueron cedidas a Israel en 1920 por el Acuerdo de San Remo y luego ratificadas por la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas.

Jordania, que tomó brevemente el control de Judea y Samaria, fue expulsada por Israel en 1967 y liberó su reclamo de estas tierras a Israel en 1994. De hecho, Israel tiene mayor reclamo sobre este territorio que cualquier otra nación en la tierra. Los palestinos nunca han tenido soberanía sobre ninguna tierra.

Eugene Kontorovich, director de Derecho Internacional en el Foro de Política Kohelet con sede en Jerusalén y director del Centro de Derecho Internacional en el Medio Oriente de la Universidad George Mason, señaló que Bensouda «ha tomado la decisión absurda  que un país no puede demandar a un no miembro de la CPI por un delito que nunca ha sido procesado por nadie «.

Finalmente, la CPI ha mostrado un sesgo político indiscutible. Cuando se redactó originalmente el Estatuto de Roma, la Liga Árabe presionó a los negociadores para que criminalizaran a Israel por permitir que sus propios civiles se mudaran a Judea y Samaria. La definición del estatuto de agresión internacional también compromete los derechos nacionales a la legítima defensa.

No es de extrañar que la mayoría de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (incluidos los Estados Unidos) y las potencias globales emergentes (como Israel) declinaron firmar el Estatuto de Roma y convertirse en miembros de la Corte Penal Internacional.

Lo que es peor, según un informe del Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, el caso de la CPI contra Estados Unidos se originó en dos grupos de defensa sin fines de lucro: la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Constitucionales, ambos relacionados con las ONG palestinas que trajeron  la denuncia contra Israel ante la CPI.

Como se muestra en el informe de la JCPA, las ONG palestinas «mantienen fuertes lazos con las organizaciones terroristas designadas Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina». Estas organizaciones ciertamente no son amigas de los Estados Unidos o Israel.

En resumen, la Corte Penal Internacional realmente no es una corte en absoluto. Más bien es una agencia de acción política de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es difamar a los países que ve como enemigos, usando «leyes» basadas en acusaciones falsas.

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron

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