El racismo institucional de las Naciones Unidas

 

Simplemente hay un enorme doble estándar internacional aquí sobre lo que pasa como racismo institucional y lo que no, y debe ser reconocido.

 

Por lo menos, la gente podría preguntarse si una organización que ha hecho de la discriminación contra un país del mundo uno de sus principios operativos… vale la pena el costo exorbitante. Estados Unidos, por ejemplo, como el mayor donante individual de la organización, en 2018 financió a la ONU por una suma de $ 10 mil millones.

 

Como mínimo, en lugar de pagar como contribución  «un poco menos de una quinta parte del presupuesto colectivo del organismo» cada año, a los EE. UU y a las Naciones Unidas les iría mucho mejor si pagaran lo que quisieran y obtuvieran beneficios de  lo pagado. En la actualidad, la ONU ha dejado de ser una fuerza para el bien y se está utilizando, en primer lugar, para apuntalar a su mayoría de déspotas antidemocráticos no transparentes e irresponsables, y en segundo lugar, para perpetuar los conflictos, en gran medida a costa de los contribuyentes estadounidenses..

Todos aquellos que realmente se preocupan por la erradicación de la discriminación y el racismo deberían preguntarse por qué, si el racismo es inaceptable en cualquier otro lugar, debería ser algo normal en la ONU.

 

Mientras las acusaciones de racismo «institucional» en organizaciones, profesiones, universidades e instituciones culturales continúan en los titulares, nadie está denunciando al racismo institucional de las Naciones Unidas (ONU).

¿Qué es el racismo institucional? La primera entrada en Google dice : «El racismo institucional es una forma de racismo que se inserta como una práctica normal dentro de la sociedad o una organización».

Si googleas «racismo», el diccionario de Google lo define como:

«Los prejuicios, la discriminación o el antagonismo dirigidos contra una persona o personas sobre la base de su pertenencia a un grupo racial o étnico particular, típicamente uno que es minoritario o marginado».

La ONU considera a todos los estados del mundo como sus miembros, y todos son aparentemente iguales en virtud del derecho internacional, a lo que la ONU afirma adherirse. Según su propia lógica, por lo tanto, todos los estados miembros de la ONU deben ser tratados por igual por los distintos organismos de la organización y ser juzgados de acuerdo con los mismos estándares. Si la ONU identificara sistemáticamente a una minoría de solo un estado miembro para ser condenada por supuestos abusos de derechos humanos, por ejemplo, mientras ignora completamente los abusos documentados de derechos humanos de una gran cantidad de estados miembros, este doble estándar equivaldría a una discriminación sistemática, o «racismo», contra ese estado de acuerdo con la definición de «racismo institucional» mencionada anteriormente.

De hecho, esta forma de discriminación sistemática, o «racismo», es lo que la ONU ha estado involucrando durante décadas contra un país, Israel, un pequeño estado de aproximadamente 8,7 millones de ciudadanos, con una masa de tierra aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey, de una población mundial total de 7.8 mil millones de personas:

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han aprobado una gran cantidad de resoluciones y decisiones contra Israel. Según la organización no gubernamental de derechos humanos (ONG), UN Watch :

«Cada año, la Asamblea General adopta unas 20 resoluciones contra Israel y solo 5 o 6 contra el resto del mundo combinadas, una sobre Irán, Siria y Corea del Norte. La Asamblea General adopta cero resoluciones sobre los abusadores sistemáticos como Cuba, China y Arabia Saudita”.

La discriminación es demasiado obvia para ignorarla. Hay 193 estados miembros en la ONU. Por 20 resoluciones al año que se lanzarán al único país democrático en el Medio Oriente, que realmente observa los derechos humanos y la igualdad bajo la ley, pero solo 5 o 6 en los 192 estados restantes, que incluyen a los principales violadores del derecho internacional, como China, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Arabia Saudita, Turquía, Nigeria e Irán, hablan de una forma extremadamente arraigada de discriminación o «racismo» patrocinado por el estado.

China, un estado de 1.400 millones de personas, sigue siendo el verdugo número uno en el mundo, según Amnistía Internacional. El régimen comunista chino persigue despiadadamente a las minorías étnicas y religiosas, y les quita a sus propios ciudadanos los derechos humanos más básicos, como la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de reunión, como informó anteriormente el Instituto Gatestone. Cada uno de esos derechos está consagrado en las propias convenciones y declaraciones de la ONU. Además, China continúa ocupando el Tíbet, que invadió en 1950, y donde ha trasladado a millones de chinos étnicos a «Sinizar» el área, en violación del Artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que una potencia ocupante no puede «deportar o transferir partes de su propia población civil al territorio que ocupa». A pesar de que China es uno de los principales violadores del derecho internacional y uno de los abusadores más escandalosos de los derechos humanos, ni la Asamblea General ni el ACNUR han condenado sus acciones.

Existen innumerables otros ejemplos de estados miembros de la ONU que no cumplen ni siquiera una fracción de los tratados y declaraciones de derechos humanos de la ONU, sin embargo, esos países nunca se mencionan. El ACNUR no ha aprobado una resolución única contra Arabia Saudita, por ejemplo, un país de más de 33 millones de personas que continúa operando en gran medida de acuerdo con las normas medievales de derechos humanos, a pesar de los esfuerzos del príncipe heredero Mohamed bin Salman para llevar a cabo algunas reformas. El año pasado, el reino superó su propio récord de ejecuciones, según Amnistía Internacional, cuando decapitó a 184 personas. Arabia Saudita solo decidió terminar con la flagelación hace unos meses. El país desértico, que ocupa la mayor parte de la Península Arábiga, todavía opera un sistema de tutela masculina , que trata a las mujeres como menores legales , por lo que generalmente solo pueden viajar y realizar las tareas más mundanas, como solicitar un pasaporte, bajo la supervisión de un tutor masculino.

El ACNUR no ha aprobado una sola resolución de derechos humanos contra Egipto , uno de los 5 verdugos más prolíficos en 2019 . Existen innumerables otros ejemplos de países con atroces registros de derechos humanos que no solo no son convocados por la ONU y sus organismos de derechos humanos, sino que también sirven en esos organismos; países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Nigeria, Pakistán y Somalia, que actualmente forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU .

En contraste, los supuestos y presuntos delitos de Israel figuran como un elemento permanente en la agenda del CDH, el llamado Programa del Punto 7 , de modo que cuando el CDH está en sesión, Israel siempre está condenado. Ningún otro país, sin importar cuán insensibles sean sus abusos contra los derechos humanos, se destaca.

Israel también se destaca en varios otros organismos de la ONU, como la UNESCO, que se propuso renombrar sistemáticamente antiguos sitios judíos como si fueran sitios musulmanes. El área del Muro de los Lamentos, un muro exteriort que es todo lo que queda del Segundo Templo judío que fue destruido por las Legiones Romanas en el año 70 EC, fue renombrado por la UNESCO «La Plaza Al-Buraq», por el corcel que según el Islámico Hadiths  llevó a Muhammad al cielo y de regreso. La UNESCO también renombró los sitios judíos de la Tumba de Raquel en Belén y la Tumba de los Patriarcas de Hebrón como «sitios palestinos». La UNESCO «lamenta profundamente» que Israel se haya negado a eliminar los sitios de su lista de patrimonio nacional.

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU, en su asamblea anual, asigna a Israel su propio tema de agenda separado, el número 14 . En él, todos los años, Israel es condenado por violar los «derechos de salud palestinos» en los «Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado».

La Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) «dedicada a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres», también señala de manera rutinaria a Israel por su condena por «violar los derechos de las mujeres», mientras que no se menciona a países como Afganistán, Siria, Somalia y ni siquiera a Irán, uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres. No solo no se condena a Arabia Saudita, donde las mujeres siguen siendo tratadas como menores legales, y donde los activistas por los derechos básicos de las mujeres enfrentan largas condenas de prisión , sino que Arabia Saudita incluso fue elegida para la CSW hace unos años para ayudar en el tarea de «promover los derechos de las mujeres».

Lamentablemente, casi todos los estados miembros de la ONU, aparte de los Estados Unidos, parecen encontrar este trato discriminatorio de un solo país en el mundo como algo completamente normal y como debería ser. Simplemente hay un enorme doble estándar internacional aquí sobre lo que pasa como racismo institucional y lo que no, y debe ser reconocido.

Irónicamente, el racismo institucional contra Israel en la ONU desvía la atención de los países que necesitan un escrutinio agudo, lo que posiblemente sea la razón de su éxito. Los países donde las mujeres tienen pocos o ningún derecho, donde los opositores políticos son torturados y escondidos en las cárceles o asesinados, y donde las personas no pueden decir lo que piensan libremente, obtienen un pase. Por lo menos, la gente podría preguntarse si una organización que ha hecho de la discriminación contra un país en el mundo uno de sus principios operativos, como se institucionaliza en los puntos permanentes de la agenda y casi las condenas rituales, vale la pena el costo exorbitante. Estados Unidos, por ejemplo, como el mayor donante individual de la organización, en 2018 financió a la ONU por una suma de $ 10 mil millones.

Como mínimo, en lugar de pagar como contribución  «un poco menos de una quinta parte del presupuesto colectivo del organismo» cada año, a los EE. UU y a las Naciones Unidas les iría mucho mejor si pagaran lo que quisieran y obtuvieran beneficios por lo  pagado. En la actualidad, la ONU ha dejado de ser una fuerza para el bien y se está utilizando, en primer lugar, para apuntalar a su mayoría de déspotas antidemocráticos no transparentes e irresponsables, y en segundo lugar, para perpetuar los conflictos, en gran medida a costa de los contribuyentes estadounidenses. El dinero ahorrado podría utilizarse mejor para repatriar empresas estadounidenses y proteger el mundo libre de los adversarios más depredadores de Estados Unidos.

Finalmente, todos aquellos que realmente se preocupan por la erradicación de la discriminación y el racismo deberían preguntarse por qué, si el racismo es inaceptable en cualquier otro lugar, debería ser algo normal en la ONU.

Judith Bergman, columnista, abogada y analista política, es miembro distinguido del Instituto Gatestone.

https://www.gatestoneinstitute.org/16214/united-nations-institutional-racism