Nuevos decretos dictados por el presidente de la Autoridad Palestina Abbas restringen a la sociedad civil

Introducción

Dos decretos presidenciales emitidos recientemente por el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas, hicieron vociferar intensas críticas en la Autoridad Palestina. El primero, emitido el 2 de marzo de este año 2021, impone severas restricciones a las actividades y finanzas a las organizaciones de la sociedad civil palestina.[1] El segundo, emitido tres días después, el 5 de marzo, suspende las elecciones internas en todos los sindicatos profesionales palestinos durante seis meses.[2] Las organizaciones de la sociedad civil estallaron en ira ante los decretos, que señalaron tenían como objetivo restringir su independencia e impedirles cumplir con su deber de fiscalizar el desempeño del gobierno. Estos denominaron los decretos como decisiones anti-democráticas que contravienen la Ley Básica palestina, así como también las convenciones internacionales y exigieron su revocación.

Estos decretos son parte de una serie de medidas anti-democráticas adoptadas recientemente por ‘Abbas para reforzar su control sobre todas las instituciones de supervisión palestinas y consolidar así su total autocracia. Estos llegan a raíz de varios decretos emitidos en enero del 2021 que incrementaron su control sobre el poder judicial al reemplazar a varios jueces con socios suyos. Esos decretos también provocaron indignación, tanto por parte de juristas y abogados palestinos que temen el debilitamiento del poder judicial de la Autoridad Palestina, como de los opositores de ‘Abbas, que advierten que el control sobre el poder judicial pudiera permitirle influir sobre las próximas elecciones previstas o incluso cancelar sus resultados.

Los decretos contradicen el discurso oficial del liderazgo de la Autoridad Palestina sobre la manera de revivir a la democracia palestina antes de las elecciones del Consejo Legislativo Palestino (CLP), la presidencia y el Consejo Nacional Palestino (CNP), así como también algunas medidas que la Autoridad Palestina aparentemente ha tomado en esta dirección.[3] ‘Abbas aparentemente está promoviendo las elecciones para pulir la imagen democrática de la Autoridad Palestina y obtener la aprobación de la administración Biden, mientras que al mismo tiempo utiliza los decretos para cimentar su gobierno unipersonal y tal vez incluso predeterminar los resultados de las elecciones o preparar el terreno para cancelar los decretos o sus resultados, si fuese necesario. El contraste entre estas dos tácticas, de prometer la democratización por una parte y restringir la democracia por la otra, ensombrece los preparativos de las elecciones y pone en duda su viabilidad.

Este informe da un repaso a los recientes decretos, las críticas que estos provocaron en el sector de la sociedad civil palestina y los intentos del presidente ‘Abbas por tomar el control de las diversas instituciones palestinas junto a reprimir las críticas en contra de su persona.

‘Abbas firma un decreto presidencial (Fuente: Ramallah.news)

Los nuevos decretos de Abbas restringen a la sociedad civil y suspenden las elecciones sindicales profesionales durante seis meses

El decreto de ‘Abbas’ del 2 de marzo (Decreto No. 7 del 2021), firmado por ‘Abbas el 28 de febrero, 2021 y publicado en el boletín oficial de la Autoridad Palestina el 3 de marzo, 2021 esencialmente subordina a las ONG palestinas al gobierno de la Autoridad Palestina, otorgándole la autoridad para intervenir en sus actividades y presupuestos. Por ejemplo, el Artículo 2.1 establece que toda organización «debe presentarle al ministerio de gobierno pertinente su plan de acción anual y presupuesto estimado para el nuevo año fiscal, que debe ajustarse al plan de trabajo del ministerio correspondiente». El Artículo 2.2 establece que cada organización debe presentarle al ministerio dos informes antes de que finalice el año fiscal: «un informe anual que contenga una descripción completa de las actividades de la asociación o institución durante el año» y «un informe financiero firmado por un contador calificado u organismo del área de auditoría, detallando en su totalidad los ingresos y gastos de la asociación o institución… «El Artículo 3.3 establece que» los salarios de los administradores de la asociación y el presupuesto operativo no deben exceder el 25% de su presupuesto anual «y el Artículo 4 establece que las actividades de recaudación de fondos de las organizaciones deben conformar «un mecanismo que será publicado por el gobierno».

El requisito de limitar los salarios en un 25% del presupuesto es uno que muchas organizaciones no podrán cumplir y el decreto implica que las organizaciones que no cumplan con este criterio serán disueltas. Además, el decreto autoriza al gobierno a confiscar los activos de las organizaciones disueltas e incorporarlos directamente al presupuesto de la Autoridad Palestina. El Artículo 5.2 establece que los activos de una organización disuelta serán transferidos a la tesorería de la Autoridad Palestina o «a una asociación o institución palestina similar». De acuerdo al Artículo 6.2, el gobierno de la Autoridad Palestina determinará las tarifas que se cobrarán a las organizaciones «por las apelaciones presentadas a los ministerios gubernamentales pertinentes».[4]

Cabe mencionar que el decreto no explica la urgencia de las medidas ni establece criterios claros para su implementación.

El 6 de marzo del 2021 se filtró la información de que, un día antes, ‘Abbas emitió otro decreto presidencial, sobre el «suspender las elecciones en los sindicatos profesionales y asociaciones y organizaciones populares». Este decreto aún no ha sido publicado en el boletín oficial de la Autoridad Palestina. Según el contenido divulgado en los medios de comunicación, el decreto tampoco contiene ninguna explicación sobre sus objetivos y tiempos, por lo que su propósito sigue sin estar del todo claro. El diario en Londres Al-Arabi Al-Jadid evaluó que este tiene como destino reprimir los conflictos internos dentro de Fatah, liderado por ‘Abbas, a fin de preservar su unidad antes de las elecciones y también para frenar los posibles conflictos entre miembros de Fatah y miembros y de los sindicatos profesionales.[5]

Organizaciones de la sociedad civil: Los decretos de ‘Abbas’ violan las convenciones internacionales

Tal como se dijo, los recientes decretos fueron recibidos con feroces críticas, en especial por parte de organizaciones de la sociedad civil, que exigieron revocarlos de inmediato, alegando que trascienden la autoridad del presidente y violan flagrantemente la Ley Fundamental Palestina y de los convenios internacionales a los que esta se refiere. La Autoridad Palestina es firmante de ello. Estos describieron los decretos como un intento de desmantelar todo el sector de la sociedad civil palestina o convertirlo en un brazo del gobierno de la Autoridad Palestina bajo la tutela de ‘Abbas y agregaron que, si estos decretos son implementados, evitarán que las organizaciones cumplan con sus deberes, los cuales incluyen la supervisión al desempeño del gobierno. Muchos preguntaron por qué se emitieron estos decretos ahora, antes de las ya planificadas elecciones.

La Comisión Internacional de Apoyo a los Derechos de los Palestinos (ISCPR/siglas en inglés), por ejemplo, declaró que el decreto del 2 de marzo «amplía los ya amplios poderes de supervisión que realiza el poder ejecutivo… y restringe severamente la libertad de acción de las organizaciones sin fines de lucro y de las organizaciones gubernamentales, «cuando el gobierno lo que debería hacer es proteger esta libertad «de acuerdo con la Ley Básica Palestina y las convenciones internacionales de derechos humanos de las que el Estado de Palestina es firmante». Esta comisión también cuestionó «el momento del decreto… que se produjo al mismo tiempo que los preparativos iniciales para las elecciones, en las que las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante, ya sea creando conciencia sobre el tema de las elecciones o simplemente supervisándolas…»[6] En cuanto al decreto de aplazamiento de las elecciones en los sindicatos profesionales, el ISCPR manifestó que tal situación «contraviene el espíritu de la democracia y del decreto presidencial que anunciaba la realización de elecciones al CLP, la presidencia y al CNP». Este exhortó a los sindicatos profesionales a oponerse a este decreto que, «al igual que los anteriores, fue publicado sin consultarle a nadie» y pidió a Abbas que detenga la emisión de decretos ‘innecesarios’ y revoque los más recientes.[7]

Una declaración emitida por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) palestina dijo que el decreto emitido el 2 de marzo «impone nuevas restricciones injustas e innecesarias» a las organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolas en «nada más que meros departamentos de los ministerios gubernamentales pertinentes – una medida que contraviene abiertamente el carácter de sus actividades y el fundamento de sus acciones públicas como organizaciones que supervisan el desempeño de las instituciones oficiales estatales». Esta añadió que frenar la libertad de estas organizaciones e interferir, sin ningún tipo de justificativo, en sus presupuestos pudiera provocar el cierre de muchas de ellas, privando así a sus miembros de su sustento. La CIDH expresó su apoyo al sector de la sociedad civil y a «la lucha legal y legítima de este sector para que este decreto sea revocado» y exigió que ‘Abbas deje de emitir tales decretos hasta después del establecimiento del próximo CLP».[8]

Otra organización de derechos humanos palestina Al-Haqq, hizo circular un análisis legal del decreto dictado el 2 de marzo sobre las organizaciones de la sociedad civil y afirmó que emitirlo sin ningún tipo de explicación o anuncio por parte del gobierno indica «una clara intención de eliminar lo que aún queda del régimen político democrático de la Autoridad Palestina mientras la población está preocupada por el proceso electoral».[9] Un grupo de ONG palestinas hizo declaraciones similares en un documento de posturas, que también lanzó una campaña de protesta contra el decreto.[10] Representantes de los gremios profesionales anunciaron una campaña paralela contra el decreto de suspensión de elecciones internas, que estos calificaron de inconstitucional e injustificado».[11]

Los movimientos de la oposición palestina, incluyendo a Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), también condenaron los decretos. El FPLP declaró que estos decretos contravienen los entendimientos entre las facciones palestinas respecto a los procedimientos electorales y que «existe la preocupación de que puedan ser utilizados para intervenir en los resultados de cualquier proceso electoral democrático a futuro».[12] El activista de Hamas Marwan Abu Ras dijo que ‘Abbas, cuyo mandato en el cargo ha terminado de acuerdo con la constitución palestina, está usurpando por la fuerza las autoridades del poder legislativo y por ende, se ha convertido en un gobernante absoluto, al igual que un faraón.[13]

Los decretos son parte de los esfuerzos de ‘Abbas’ para reforzar su condición de presidente, tomar el control de los poderes legislativo y judicial y debilitar las instituciones que supervisan a la Autoridad Palestina

Tal como se dijo, los últimos decretos de ‘Abbas’ que restringen la libertad de las organizaciones de la sociedad civil son parte de su reciente política dirigida a reforzar su condición de presidente y especialmente en neutralizar cualquier elemento independiente que pueda fiscalizar y criticar su desempeño.

Desde que ocurrió el golpe de estado de Hamas en el 2007 en Gaza, la Autoridad Palestina no posee un parlamento actual en funcionamiento. El CLP elegido en el año 2006 no está reconocido por la Autoridad Palestina y de hecho, fue disuelto oficialmente en el año 2018 por el Tribunal Constitucional, el cual fue establecido por ‘Abbas en un decreto presidencial dos años antes.[14] En ausencia de un parlamento en funcionamiento, ‘Abbas gobierna emitiendo decretos presidenciales que sirven como sustitutos a la legislación. Es decir, ‘Abbas, el jefe de la filial ejecutiva de la Autoridad Palestina, esencialmente ha usurpado la autoridad de la legislatura.

Además, ‘Abbas recientemente ha estado utilizando estos decretos también para hacerse cargo del poder judicial. Como parte de esto, los días 11 y 12 de enero del año 2021, emitió decretos que cambiaron la estructura del sistema judicial palestino y también nombró a su asociado, el juez ‘Issa Abu Sharar, de 84 años de edad, como jefe permanente del Alto Tribunal del Consejo Judicial (el más alto tribunal de la Autoridad Palestina). Al-Sharar fue nombrado jefe interino de este consejo, destinado a servir solo durante seis meses. Los decretos también ordenaron a varios jueces su «jubilación anticipada».[15] Muchos juristas palestinos protestaron porque los decretos contravienen la Ley Básica Palestina, así como también los principios democráticos de la separación de poderes y la independencia del poder judicial y el Colegio de Abogados de Palestina ha hecho campaña para que este sea cancelado durante varias semanas.[16]

Los decretos también fueron condenados por los periodistas palestinos, quienes expresaron su preocupación en que los jueces de la Autoridad Palestina serán todos nombrados a partir de ahora en función de su lealtad a ‘Abbas y que el presidente utilizará el sistema judicial para descalificar a candidatos y listas, interfiriendo así en los resultados de las elecciones y paralizando a sus rivales más cercanos.[17] Pero la preocupación más grave entre los juristas palestinos y los rivales de Abbas es que el presidente se aprovechará del control que posee sobre el Consejo Judicial Superior y del Tribunal Constitucional para cancelar las elecciones o posponerlas indefinidamente si esto sirve a sus intereses, o para cancelar sus resultados si es que pierde.[18]

Hasta ahora la Autoridad Palestina ha evitado responder claramente a las preocupaciones planteadas sobre los decretos antes mencionados. Cuando se le preguntó en una entrevista el día 21 de enero si los decretos pertenecientes al sistema judicial no constituían infracción del poder ejecutivo a las autoridades del poder judicial y no afectarían negativamente las elecciones, el primer ministro palestino Muhammad Shtayyeh respondió que, luego de las elecciones, el nuevo CLP podrá modificar e incluso cancelar cualquier decreto presidencial, pero ignoró el tema del impacto que causaron los decretos sobre las propias elecciones.[19]

*S. Schneidmann es compañero investigador en MEMRI.

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[1] Lab.pna.ps, 2 de marzo, 2021.

[2] Qudsn.net, 6 de marzo, 2021. Este decreto aún no ha sido publicado en el boletín oficial de la Autoridad Palestina.

[3] Por ejemplo, el 20 de febrero ‘Abbas emitió un decreto ordenando detener los arrestos políticos y permitir las libertades políticas antes de las elecciones (Wafa.ps, 20 de febrero, 2021). Las organizaciones palestinas de derechos humanos afirman que el decreto no ha sido aplicado y que las libertades políticas tanto en Cisjordania como en Gaza solo se están deteriorando paulatinamente. (Al-Arabi Al-Jadid, Londres, 25 de febrero, 2021).

[4] Lab.pna.ps, 2 de marzo, 2021.

[5] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 6 de marzo, 2021.

[6] Icspr.ps, 4 de marzo, 2021.

[7] Icspr.ps, 6 de marzo, 2021.

[8] Ichr.ps, 4 de marzo, 2021.

[9] Alhaq.org, 3 de marzo, 2021.

[10] Pngoportal.org, 4 de marzo, 2021.

[11] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 7 de marzo, 2021.

[12] Pflp.ps, 4 de marzo, 2021.

[13] Safa.news, 7 de marzo, 2021.

[14] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1433 – El cisma Fatah-Hamas se extiende aún más luego de un fallo del Tribunal Constitucional de la Autoridad Palestina – establecido por el presidente de la Autoridad Palestina Abbas – para disolver el Consejo Legislativo Palestino, 22 de enero, 2019.

[15] Wafa.ps, 11-12 de enero, 2021. Entre los que se vieron obligados a jubilarse anticipadamente se encontraban incluso algunos jueces relativamente jóvenes, tales como Ahmad Al-Ashqar. Facebook.com/100000112317816, 14 de enero, 2021.

[16] Los últimos decretos emitidos por ‘Abbas solo aumentaron la determinación del Colegio de Abogados de continuar esta campaña, que incluye el boicot de los organismos que fueron establecidos, o cuyos miembros fueron designados, por un decreto presidencial de ‘Abbas, tales como el Consejo Superior de la Judicatura. Facebook.com/Palestinebar, 17 de enero, 2021; 6 de marzo, 2021.

[17] Tales como ‘Adli Sadeq, identificado con el bando de Muhammad Dahlan. Diario Al-Arab (Londres), 16 y 25 de enero, 2021.

[18] Como parte de los entendimientos con Hamas y las facciones palestinas y con el fin de disipar estas preocupaciones, el 1 de marzo del 2021 ‘Abbas emitió un decreto que establece un tribunal electoral, integrado por jueces de Cisjordania y de Gaza, cuya función será resolver las disputas electorales. Sin embargo, parece ser que a los juristas palestinos ya se les ve en desacuerdo sobre sus autoridades y si están o no subordinados al Consejo Superior de la Judicatura y al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el jurista Samer Najm Al-Din sostiene que los fallos del tribunal electoral pueden apelarse ante el Consejo Judicial Superior, mientras que el jurista Ahmad Al-Khaled cree que los fallos del tribunal electoral son definitivos. Qudsn.net, 1 de marzo, 2021.

[19] Alaraby.com, 21 de enero, 2021.