Sheik Jarrah
Hamas nunca necesita una ocasión especial para bombardear a Israel con cohetes. Sin embargo la narrativa progresista conecta el embate actual del grupo terrorista con procedimientos de desalojo en los tribunales israelíes concernientes a algunas propiedades en el barrio israelí de Sheik Jarrah. Los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren afirman que estas son violaciones completas de los derechos humanos por parte del gobierno israelí, e ilegales bajo el derecho internacional. Incluso el Departamento de Estado expresó “seria preocupación.”
La verdad acerca de Sheik Jarrah es lo opuesto. Es una disputa ordinaria de propiedad entre partes privadas. La propiedad de los demandantes judíos de las pocas parcelas de tierra ha sido confirmada repetidamente en la Corte, siguiendo leyes que se aplican de forma igualitaria sin importar la etnia. Los tribunales israelíes se han desviado de su camino para evitar desalojar a los residentes palestinos que no han pagado la renta durante medio siglo.
En el caso ahora ante la Corte Suprema de Israel, el propietario es una corporación israelí con dueños judíos cuya cadena de título está documentada en una adquisición original en 1875. Hasta 1948, el barrio ahora conocido como Sheik Jarrah fue hogar de las comunidades tanto judía como árabe. Jordania invadió Israel en 1948 y ocupó la mitad de Jerusalén, expulsando a cada uno de sus habitantes judíos e incautando su propiedad.
Cuando Israel reunió a Jerusalén y terminó la ocupación jordana en 1967, tuvo que decidir qué hacer con estas propiedades. En los muchos casos en los que Jordania había transferido oficialmente el título de propiedades poseídas por judíos a palestinos, Israel respetó los nuevos títulos—y aun lo hace—aun cuando están basados en tomas por la fuerza en una guerra de agresión seguida por limpieza étnica contra los judíos. Pero donde el título nunca había sido transferido, Israel regresó las propiedades a sus dueños. Los críticos de Israel afirman que los árabes no pueden recuperar la propiedad bajo la misma ley, pero la ley es completamente neutral—es simplemente el caso que Jordania tomó propiedad de los judíos, no de los palestinos.
El título de las propiedades en disputa en Sheik Jarrah nunca fue dado por Jordania a los palestinos, así que la ley israelí respeta el título intacto de los demandantes. Este caso no tiene nada que ver con etnia o religión. La única discriminación en el trato legal de la propiedad de Sheik Jarrah es histórica, por parte de Jordania, y contra los judíos para beneficio de los palestinos.
El demandante y sus predecesores en el título han pasado cuatro décadas en el tribunal buscando recobrar la posesión de las propiedades. En cada caso, los tribunales han fallado en favor de los propietarios. En las últimas demandas, los tribunales fallaron que cuatro de los ocho demandados eran usurpadores sin ningún derecho legal en la tierra, y los cuatro restantes eran descendientes de los inquilinos que nunca habían pagado renta.
No obstante, los tribunales israelíes han tratado por igual a los usurpadores e inquilinos palestinos como “inquilinos protegidos,” y los protegerían indefinidamente del desalojo si ellos pagaban el alquiler. Ellos se han rehusado a hacerlo.
Las leyes involucradas son las mismas que invocaría cualquier propietario. Hay sólo una objeción en este caso: los propietarios son judíos. Los progresistas occidentales han elevado el deseo de algunos árabes de no tener vecinos judíos a un derecho humano y a un derecho legal que inclusive el estado judío debe proteger.
Los grupos de derechos humanos que impulsan esta cuestión se enfocan en la judeidad de los propietarios. Una carta de 190 grupos progresistas menciona ocho veces la identidad judía de los demandantes, los llama “colonos” siete veces—otra forma de decir que ellos son judíos viviendo donde no se permiten judíos—y señala que sostener los derechos de propiedad del demandante podría cambiar el «carácter demográfico» de Jerusalén. J Street, una organización judía de izquierda, describe las demandas como un intento de “judaizar barrios principalmente palestinos,” como si la etnia de los vecinos fuera una razón para quitar la propiedad de los judíos.
Los tribunales israelíes juzgan disputas de propiedad en Jerusalén entre partes árabes, o por parte de árabes contra judíos, sin ninguna protesta. La controversia fabricada esta vez es un intento por presionar a Israel efectivamente para que perpetúe la limpieza étnica de Jordania—en nombre de los derechos humanos.
Hay mucho para decir sobre los derechos de propiedad de los judíos en la región. El millón de judíos que escaparon de los pogromos en Egipto, Irak y otras partes en el mundo árabe después de 1948 fue obligado a dejar atrás miles de millones de dólares de propiedad, para lo cual no tienen remedio. Incluso hoy, en las áreas de la Margen Occidental bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina, los palestinos que venden tierra a judíos son sometidos a tortura, encarcelamiento y muerte.
El único crimen de Israel en Sheik Jarrah es rehusarse a seguir estos ejemplos de discriminación y respetar los derechos de propiedad. Muchos críticos, incluidos los funcionarios de derechos humanos de Naciones Unidas, han tratado de decir que esto equivale a establecer asentamientos y violar el derecho internacional, una referencia a la Cuarta Convención de Ginebra. Pero incluso en la visión errada que la convención aplica aquí, prohibe sólo “la deportación o transferencia” de ciudadanos por parte de un gobierno en un territorio ocupado. No tiene relevancia en los derechos de propiedad privada y ciertamente no requiere que un gobierno se rehúse a hacerlas cumplir.
La historia real detrás de Sheik Jarrah es un microcosmos del conflicto: Israel es condenada por políticas que son completamente poco destacables, mientras la discriminación contra los judíos es proclamada como una norma del derecho internacional.
*Prof. Avi Bell es un profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Diego.
*Prof. Eugene Kontorovich es director del Centro para el Derecho del Medio Oriente Internacional en la Escuela de Derecho de la Universidad George Mason. Ambos son profesores en el Kohelet Policy Forum en Jerusalén.
Traducido para Porisrael.org y Hatzadhasheni.com por Marcela Lubczanski
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