Organizaciones palestinas de derechos humanos ilegalizadas por el ministro de Defensa.
(Ynet)
El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, designó la semana pasada a seis «grupos de derechos humanos» palestinos como organizaciones terroristas.
Activistas del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y de Amnistía Internacional se apresuraron a condenar a Israel y pidieron a la comunidad internacional que ayudara a revertir una decisión sin precedentes.
Sin embargo, no se les puede culpar.
- En primer lugar, el sesgo antiisraelí es un concepto profundamente arraigado en la agenda de los dos grupos internacionales de derechos humanos.
- En segundo lugar, los gritos de discriminación de ambos, el BDS y Amnistía, encuentran eco en los partidos de izquierda israelíes y en los miembros de la coalición: Meretz y Laboristas.
- En tercer lugar, Estados Unidos también exigió una explicación a Israel tras la decisión, que efectivamente proscribe a los seis grupos en Israel.
No me malinterpreten, los derechos humanos son sumamente importantes, pero el propio concepto de derechos humanos se convirtió recientemente en una plataforma para la difusión de mentiras, la manipulación y el fomento del odio contra Israel.
Agotó toda la credibilidad de las llamadas «organizaciones de derechos», a las que ahora la gente decente rara vez escucha, incluso cuando tienen algo que valga la pena decir.
Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel.
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Más alarmante aún es la revelación de que muchos miembros de estas organizaciones también están afiliados a conocidos grupos terroristas, mientras que algunos incluso llevaron a cabo ataques contra israelíes
Pero eso son los grupos de derechos humanos en general. Las organizaciones de derechos de los palestinos en particular son sólo plataformas políticas que niegan el derecho de Israel a existir, y algunas lo llevan aún más lejos.
Ya en febrero de 2019, el Ministerio de Asuntos Estratégicos publicó un informe exhaustivo, según el cual varias organizaciones palestinas se convirtieron en nada más que un mecanismo para el lavado de dinero y el reclutamiento de terroristas – principalmente para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado una organización terrorista por Israel y muchos países occidentales.
Estas llamadas «organizaciones de derechos palestinos» recibieron nada menos que 200 millones de dólares de la Unión Europea (UE) entre 2014 y 2021.
Estos estipendios -a los que Israel intentó poner fin- no hicieron hasta ahora más que reforzar la animosidad y el odio de los palestinos hacia el Estado judío, incluso en asuntos no relacionados con el terrorismo.
Más alarmante aún es la revelación -presentada de nuevo en el informe de 2019- de que muchos miembros de estas organizaciones también están afiliados a conocidos grupos terroristas, mientras que algunos incluso llevaron a cabo ataques contra israelíes.
La UE, sin embargo, sigue pensando que sabe más y se mantiene firme en su apoyo.
La Unión de Comités de Trabajo Agrícola -que es uno de los seis grupos con etiqueta de terrorismo- parece el nombre de una organización deliciosamente inocente y pedestre.
Pero lo cierto es que dos de los activistas que trabajan para esta organización -Summer Arabid y Abd a-Razak Farage- no solo son miembros del FPLP, sino que también fueron acusados de estar involucrados en el asesinato de Rina Shnerb, de 17 años, en agosto de 2019, que murió por una bomba colocada en la carretera mientras iba de excursión con su padre cerca de Dani’s Spring.
La ex jefa del grupo de derechos de los presos «Addameer», otra organización proscrita, Khalida Jarrar, también es miembro del FPLP.
La lista de miembros de estos grupos de derechos financiados por la UE que están relacionados con organizaciones terroristas es interminable.
Las organizaciones serias de paz y derechos deberían haber construido un muro entre ellas y las organizaciones que celebran el terrorismo y trabajan para deslegitimar a Israel, pero ocurre lo contrario
Sin embargo, poco después de la declaración de Gantz, la Miembro del Parlamento de Meretz, Gaby Lasky, publicó un tuit en el que afirmaba que «las organizaciones de derechos humanos no son organizaciones terroristas» y que «El ministro de Defensa debe revertir su decisión».
Por su parte, el jefe de Meretz y ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, exigió pruebas antes de calificar de ilegales a las seis organizaciones, al igual que la Miembro del Parlamento laborista, Naama Lazimi.
Sus exigencias son, cuando menos, extrañas, teniendo en cuenta que se publicaron pruebas detalladas no sólo en el informe de 2019, sino también, en repetidas ocasiones, por la organización NGO Monitor, que promueve la rendición de cuentas sobre los informes y las actividades de las ONG humanitarias en lo que respecta al conflicto árabe-israelí.
Paramédicos y soldados en Gush Etzion tras un intento de ataque terrorista, enero de 2021.
(AP)
Las organizaciones serias de paz y derechos deberían haber construido un muro entre ellas y las organizaciones que celebran el terrorismo y trabajan para deslegitimar a Israel, pero ocurre lo contrario.
Y cuando los políticos y las «organizaciones de derechos» de Israel se levantan para defender a estos organismos, básicamente están matando lo que se suponía que era el «bloque de paz» de Israel.
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