La designación por parte de Israel de seis ONG vinculadas al terrorismo se ajusta plenamente al derecho internacional

El 22 de octubre de 2021, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, designó a seis ONG palestinas como organizaciones terroristas vinculadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). El PFLP es reconocido como una organización terrorista por Israel, la UE, los Estados Unidos y otros países, ya que estuvo involucrado en secuestros de aviones en la década de 1970, ataques contra israelíes en la Segunda Intifada, el asesinato en 2014 de cinco fieles israelíes en una sinagoga en Jerusalén, y muchos más ataques contra judíos en todo el mundo. Las Brigadas Abu Ali Mustafa, el brazo terrorista del FPLP, mantienen la cooperación operativa con Irán y Hezbollah. Además, el FPLP es un socio principal de las Fuerzas Nacionales e Islámicas Palestinas (PNIF), la organización que agrupa a los grupos terroristas palestinos.

Respondiendo a la reacción internacional, crítica de la declaración israelí, este documento tiene como objetivo explicar los vínculos entre las ONG palestinas y el FPLP y la legitimidad de la designación de “organización terrorista” según el derecho internacional.

El vínculo entre las seis ONG palestinas y el FPLP

Un informe detallado de la ONG Monitor (1) reveló el vínculo entre las seis ONG palestinas designadas y la organización del FPLP. NGO Monitor publicó las siguientes actividades de miembros de las ONG que se relacionan directamente con el apoyo, financiamiento y aliento del grupo terrorista, PFLP:

1. Al Haq

Shawan Jabarin, director general de Al-Haq, fue condenado en 1985 por reclutar y organizar la capacitación de miembros del PFLP. En 2008, la Corte Suprema de Israel se refirió a él como un “activista de alto nivel” en el FPLP. Financiamiento: Unión Europea, Suecia, Noruega, Irlanda, Italia, Francia y España.

• Addameer

Abdul-Latif Ghaith, fundador y ex presidente de Addameer, ha sido identificado como un “activista” del PFLP. Khalida Jarrar, exvicepresidenta de Addameer, fue sentenciada a dos años de prisión en marzo de 2021 por ser miembro del PFLP. Bashir Al-Khairi, miembro de la Junta Directiva de Addameer, es miembro del Consejo Nacional del PFLP. Financiamiento: Irlanda, Noruega, España, Suiza y la Fundación Heinrich Boll.

• Defence for Children International – Palestina (DCI-P)

Hashem Abu Maria, el ex coordinador de la unidad de movilización comunitaria de DCI-P, fue aclamado por el FPLP como un “líder”. Nassar Ibrahim, ex presidente de la Asamblea General de DCI-Ps, fue un ex editor de El Hadaf, la publicación semanal del PFLP. Mary Rock, ex miembro de la junta de DCI-P, era candidata del PFLP para el Consejo Legislativo Palestino. Financiamiento: UE, Italia, Suecia, Países Bajos, Broederlijk Delen, Rockefeller Brothers Fund, Save the Children y UNICEF.

• Centro Bisan de Investigación y Desarrollo

Ubai Aboudi, director ejecutivo de Bisan, fue sentenciado a 12 meses de prisión en 2020 por ser miembro del PFLP. Itiraf Hajaj (Rimawi), exdirectora ejecutiva de Bisan, fue responsable de las operaciones clandestinas del PFLP y fue condenada a 42 meses en 2020. Financiamiento: Unión Europea, Comisión Europea, Bélgica, Italia y España.

• Comités de Mujeres de la Unión Palestina (UPWC)

Suhair Khader, vicepresidente de UPWC, es miembro del Comité Central del PFLP. Smira Abdel-Alin, directora de UPWC en el área de Rafah, es miembro del Comité Central del PFLP. Ismat Shakhshir, jefe de operaciones de UPWC en el distrito de Nabulus, se postuló para el Consejo Legislativo Palestino en representación del FPLP. Financiamiento: Gobierno Vasco, Norwegian People’s Aid y AECID.

• Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC)

Identificado por USAID como el “brazo agrícola” del PFLP. Abdul Razeq Farraj, exdirector administrativo y financiero de UAWC, fue arrestado en 2019 por reclutar miembros del PFLP. Samer Arbid, contador de la UAWC, fue arrestado por comandar una célula terrorista del PFLP que llevó a cabo un bombardeo que asesinó a un civil israelí. Financiamiento: Francia, Países Bajos, España (AECID), Norwegian People’s Aid, Medico, Grassroots International, Oxfam Solidarité y ONU OCHA.

Disposiciones pertinentes de las resoluciones y convenciones internacionales relacionadas con actividades terroristas En el artículo 1 (1), la Carta de las Naciones Unidas establece los propósitos de las Naciones Unidas como, entre otros, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Al hacerlo, los estados deben tomar medidas efectivas para la prevención de tales amenazas. En consecuencia, al designar a las seis ONG palestinas como organizaciones terroristas, Israel ejerce su derecho protegido por la Carta de protegerse contra una organización terrorista reconocida internacionalmente.

Esto está en conformidad con las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

Resolución 1373 (2001) 2 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) – En su resolución más destacada sobre terrorismo, adoptada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU enfatizó en las Cláusulas del Preámbulo la “necesidad de combatir por todos los medios, (…) la amenaza a la paz y la seguridad causado por actos terroristas “. El pasaje “por todos los medios” se ha interpretado en el pasado para permitir medidas de autodefensa contra grupos terroristas. La criminalización de grupos para proteger al estado es un medio más moderado para que un estado se proteja a sí mismo. En consecuencia, también debe cubrirse la criminalización.

En la Cláusula Resolutiva 1 b) de la Res. 1373, el CSNU decidió que los estados “penalizarán la provisión o recaudación intencional, por cualquier medio, directa o indirectamente, de fondos por parte de sus nacionales o en sus territorios con la intención de que los fondos se utilicen… para llevar a cabo ataques terroristas”. Por tanto, la resolución permite a los estados tipificar como delito la financiación de grupos terroristas. No debe excluir que los miembros de la ONG apoyaran económicamente al FPLP.

Además, la Cláusula Operativa (2) d) obliga a los Estados a “impedir que quienes financian, planifican, facilitan o cometen atentados terroristas utilicen sus respectivos territorios para esos fines contra otros estados o sus ciudadanos”. Por tanto, se permitió a Israel protegerse contra los partidarios del grupo terrorista PFLP.

Resolución UNSC 2642 (2019) (3) – Aunque Res. 1373 es la Resolución más citada en materia de prevención del terrorismo, existen otras más recientes que reafirman los principios de la Res. 1373. Res. 2642, por ejemplo, asegura en sus Cláusulas Preambulares, que cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable. En la Cláusula Resolutiva 8, Res. 2642 insta además a los estados a “investigar y enjuiciar con mayor eficacia los casos de financiamiento del terrorismo y aplicar sanciones penales apropiadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias a las personas y entidades condenadas por actividades de financiamiento del terrorismo”.

Como resultado de la naturaleza criminal del terrorismo, los actos que apoyan a grupos terroristas pueden y deben ser criminalizados para asegurar la prevención efectiva del terrorismo, que la comunidad internacional busca.

El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Convenio sobre Financiamiento) (1999) y la Legislación de Israel contra el Terrorismo (4) – De acuerdo con el artículo 4 a) de la Convención sobre Financiamiento, cada Parte “adoptará medidas para tipificar los delitos en su derecho interno”.

Israel adoptó la Ley de lucha contra el terrorismo de 5776-2016 para tipificar esos delitos. El Capítulo Segundo de esta Ley, artículo 3 a), faculta al Ministerio de Defensa para designar a un cuerpo de personas como organización terrorista. Incluso después de una designación, el artículo 5 a) y 7 b) ofrecen oportunidades para presentar argumentos por escrito o revocar la designación.

Por último, las organizaciones designadas tienen la opción de presentar una petición a la Corte Suprema de Israel. Por lo tanto, Israel estableció una base legal nacional que es eficiente y transparente y está de acuerdo con la Convención sobre Financiamiento del Terrorismo.

La Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Por último, el más alto tribunal de derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha dictaminado en su infame Sentencia 5 sobre Nicaragua que la responsabilidad recae sobre Estados Unidos como resultado de su capacitación, armamento, equipamiento, financiamiento y suministro o fomento, apoyando y ayudando a las fuerzas rebeldes de los Contra. Si bien esta decisión se refiere a acciones de los Estados, muestra la línea que marca el derecho internacional con respecto a la prestación de apoyo a los grupos terroristas. La idea de una prohibición absoluta de brindar apoyo a grupos terroristas, ya sea financieramente o mediante capacitación (como hicieron los miembros de Al-Haq y UAWC), indica el rigor del derecho internacional y, por lo tanto, brinda a los estados la oportunidad de protegerse contra amenazas terroristas. Esto debe incluir claramente la criminalización de las ONG que brindan apoyo activo y tangible a tales grupos terroristas.

El problema de la financiación

Según lo identificado por NGO Monitor, las ONG palestinas designadas son financiadas ocasionalmente por instituciones gubernamentales europeas. Esto plantea un problema de dos caras: en primer lugar, los marcos europeos apoyan financieramente a las organizaciones vinculadas al terrorismo y, por lo tanto, financian indirectamente a la organización terrorista del PFLP. En segundo lugar, las seis organizaciones designadas aceptan fondos que utilizan indebidamente para su participación en actividades terroristas. El uso de fondos para actividades terroristas es una violación flagrante del derecho internacional.

Según el artículo 2 (1) (a) de la Convención sobre Financiamiento del Terrorismo, “toda persona comete un delito en el sentido de la Convención si esa persona… recauda fondos con la intención de que se utilicen, total o parcialmente, en para llevar a cabo un acto que constituye un delito… ” En consecuencia, el uso de fondos de las ONG designadas para sus fines vinculados al FPLP crea una nueva violación del derecho internacional.

Conclusión

La designación por Israel de las seis ONG palestinas se ajustó plenamente a las normas y obligaciones del derecho internacional. Además, al designar a esas organizaciones, Israel se centró en su conexión con el FPLP y el apoyo activo resultante de un grupo terrorista, que supera las actividades ostensiblemente llevadas a cabo por tales organizaciones como una tapadera para su actividad terrorista. El vínculo entre las organizaciones y el FPLP las hace elegibles para la criminalización de acuerdo con las disposiciones de las convenciones y resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Como protección contra las acciones activas y continuas del FPLP para socavar la seguridad de Israel y la seguridad de sus ciudadanos, Israel, por lo tanto, tiene justificación para designar a las ONG vinculadas al FPLP como grupos terroristas y, como tal, para protegerse contra las amenazas prevalecientes a la paz y la paz. seguridad.

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Nota

1 https://www.ngo-monitor.org/reports/summary-pflps-ngo-network/

2 https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf

3 https://undocs.org/S/RES/2462(2019)

4 https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-11.pdf

5 CIJ, Caso relativo a actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, Fondo, CIJ Rep 1986, 14 (1986), párr. 228 (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf)

Lea Bilke es estudiante de derecho en la Universidad Libre de Berlín en Alemania, especializada en derecho internacional y europeo.

Amb. Alan Baker es director del Instituto de Asuntos Contemporáneos del Jerusalem Center y director del Global Law Forum. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, así como en los acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se desempeñó como asesor legal y subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y como embajador de Israel

 

Traducido por Hatzad Hasheni / Porisrael