El quinto atentado

Cada uno fue único, pero todos tienen la misma matriz. El primero fue la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y enseguida vino el segundo, en la AMIA, el 18 de julio de 1994. En ambos, el patrón que se repetía consistió en el atentado, la instrucción de organismos dependientes del Poder Ejecutivo como auxiliares de la justicia sobre la escena del crimen, la no resolución del caso y finalmente, la impunidad.

Luego vino el tercer atentado, que fue el primero íntegramente institucional: la firma del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, el 27 de enero de 2013. El Poder Ejecutivo lo planificó, la justicia cubrió la retirada al no permitir que ante todo se investigara y luego bloqueando el acceso del juicio oral y público elevado en tiempo y forma. En el medio, la mayoría automática de kirchnerismo como partícipe necesario de la firma de un ilícito mediante la cobertura de una ley. Finalmente, la impunidad.

El cuarto atentado fue el asesinato del fiscal Nisman, el 18 de enero de 2015. Debía cuidarlo el Poder Ejecutivo y le liberó la zona además de entorpecer la escena del hecho, logrando también la impunidad.

La comparecencia e inexplicable silencio del embajador Capitanich avalada por la cancillería en cabeza del canciller Cafiero en la asunción del dictador Ortega sentado a metros del prófugo de la justicia argentina con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA, Mohsen Rezai, es el quinto atentado. Tan asquerosamente impune como los otros cuatro, salvo que esta vez la factura de la impunidad es a cielo abierto disfrazada de descuido, pero tan activa y premeditada como siempre.

A lo único que atinó nuestra Cancillería es a sacar un comunicado lavado en la que literalmente, al final del mismo, cierra diciendo “en el marco de lo expuesto, el Gobierno de la República Argentina, teniendo en cuenta los lazos de amistad que lo unen al gobierno de la República de Nicaragua….”, poniendo de manifiesto que dicho suceso constituye apenas un pequeño incordio entre ambos países.

Quiero saber qué lazos de amistad podemos tener con quien recibe con honores de Estado a quienes atentaron en nuestra tierra.

Esperamos 27 años para tener un prófugo sentado en un acto de un país “amigo” para pedirle de manera taxativa y vehemente la detención y posterior extradición del acusado, y el día que lo encontramos literalmente brindamos en el cóctel con los presentes para después decirles “amigos, aquí no ha pasado nada”. Las relaciones entre ambos países siguen su curso y el embajador Capitanich en su lugar.

Ya nada será igual. El mundo sabe que la actual dirigencia argentina extiende libre deuda a los aliados que reciben con honores de Estado a quienes tienen las manos manchadas con sangre de la nuestra. O peor aún, tal vez quede claro que no la consideran propia.

Soy solo un ciudadano que de manera temporal reviste el carácter de diputado nacional y he denunciado judicialmente al canciller y al embajador argentino en Nicaragua, porque definitivamente han incumplido los deberes de funcionario público tal cual lo establece el art. 249 del Código Penal, al no haber pedido su extradición ni llamado de manera urgente al embajador nicaragüense en nuestro país a consulta, además de sancionar al nuestro en Nicaragua confesando que su accionar se condice con la línea política del Poder Ejecutivo.

No tengo certezas de que esta acción judicial prospere, ya que viendo el historial de impunidad del terrorismo en nuestro país y la cobertura oficial que siempre ostentan, posiblemente el destino de mi acción sea también la nada misma.

Pero es lo mínimo que puedo hacer para honrar los valores con los que fui criado. Para mirar a mis compatriotas a la cara en la calle y ver cómo los cómplices se siguen ausentando de los actos públicos refugiándose en cócteles armados con aplaudidores obsecuentes. Como el de Nicaragua.

Justicia, justicia perseguirás.

Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos