Corte Internacional de Justicia sobre Israel: decisiones no vinculantes, pero inflamables

El viernes 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) publicará una opinión consultiva sobre las consecuencias de las políticas israelíes en los «territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este».

La opinión consultiva fue encargada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) basándose en la Resolución 77/247. Se pidió a la CIJ que aclarara la legalidad de la «ocupación, asentamiento y anexión por parte de Israel del territorio palestino ocupado desde 1967».

La pregunta misma es capciosa, conteniendo y avanzando la respuesta. Una respuesta ajustada como anillo al dedo, no a la verdad en este caso, sino a los intereses de sus proponentes.

En aquel momento, 87 de los 193 Estados miembros de la ONU votaron a favor de la resolución, menos de la mitad del total de miembros. La resolución fue apoyada, entre otros, por los países de la Liga Árabe, incluidos Egipto, Líbano, Siria, Somalia, Yemen e Irak, muchos países africanos y Palestina, que no es miembro de pleno derecho de la ONU pero tiene estatus de observador y está representada por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Además, algunos países occidentales, como Irlanda, España, Noruega y Suiza, apoyaron la resolución. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Israel y otros 20 Estados miembros se opusieron a la resolución, pero fueron superados en votos.

La opinión consultiva no es vinculante. De hecho, no es más que una simple opinión, similar a resoluciones que, organismos controlados por satrapías islamistas y sus aliados, como la ONU, emiten con regularidad. Para más inri, la legitimidad misma de la Corte Internacional de Justicia, bajo el sesgo de actores abiertamente hostiles a Israel, es poco menos que nada.

Sin embargo, esa opinión vinculante si tiene un efecto real, que no es sino inflamar aún más el ya tenso ambiente político debido al actual conflicto de Gaza. Y esa inflamación hace que la paz se aleje. Nada más, y nada menos.
La Resolución 77/247 de la ONU forma parte de una campaña que desde la década de 1970 pretende socavar y amenazar la existencia del Estado judío. Esto incluye los recientes procedimientos presentados ante la CIJ en virtud de la Convención sobre el Genocidio, así como los ataques a Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La CIJ ha sido presentada con narrativas claramente unilaterales en los procedimientos relativos a la Resolución 77/247, que no tienen en cuenta la complejidad del conflicto y tergiversan el contexto jurídico, histórico y político. Por ejemplo, se ignora totalmente la conexión histórica del pueblo judío con la tierra, así como las sólidas reivindicaciones legales que Israel tenía sobre la soberanía de los «territorios ocupados antes de recuperarlos de Jordania y Egipto en 1967».

Una opinión consultiva de la CIJ podría eludir el marco existente, sancionado internacionalmente y jurídicamente vinculante, para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Todas las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre este tema, así como los Acuerdos de Oslo que siguen siendo vinculantes, exigen una solución negociada al conflicto. Una Opinión Consultiva que declare, por ejemplo, que los palestinos tienen derechos soberanos sobre el ‘territorio ocupado’, o que Israel debe retirarse incondicionalmente, socavaría totalmente los derechos legales y de seguridad de Israel en dichas negociaciones.

No es nueva esa fagocitación de la Corte Internacional de Justicia por parte de actores radicales. En España lo conocemos de sobra, con los intentos de internacionalización de un conflicto artificial, como el que intentó el independentismo catalán con organismos legales internacionales, a través de una política de hechos consumados, o como intentara en su día la banda terrorista ETA y su entramado político.

La Autoridad Palestina está movilizando deliberadamente a los Estados miembros de la ONU antioccidentales y particularmente antiisraelíes, con un papel decisivo de España, (siguiendo las instrucciones del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) para socavar la seguridad de Israel y lograr el reconocimiento internacional de un Estado palestino independiente en el territorio estratégicamente sensible de Cisjordania y la ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores. Tal y como están las cosas, tal Estado tendría como objetivo nada menos que la erradicación del Estado judío de Israel. Eso es inaceptable, y los Estados miembros de la ONU tienen el deber de garantizar que eso no ocurra.
Lo que esta opinión consultiva pretende realmente es la destrucción de los Acuerdos de Oslo, que establecía una serie de pasos inequívocos que la Autoridad Palestina nunca tomó en la consecución de la paz. De facto, la opinión busca el reconocimiento de una ocupación de un territorio cuyas fronteras se desconocen, cuya población involucrada se desconoce, al igual que se desconoce cuál es la legítima autoridad futura encargada del territorio (¿la Autoridad Palestina, una entidad no democrática, corrupta, que celebra y financia los actos de terrorismo, o Hamás, una banda yihadista que organiza y ejecuta pogromos contra los judíos?). Una opinión consultiva que la negociación entre las partes bajo el auspicio de la comunidad internacional, y que no reconoce las necesidades de seguridad de Israel, propiciando un bucle permanente de violencia que legitima los actos terroristas del 7 de octubre.

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