Israel y Hamás ante el plan de Gaza: incentivos cruzados, líneas rojas y dilemas de implementación

Luego de encontrarse el cuerpo del soldado Ran Gvili, último de los secuestrados en Gaza, se pone fin técnico a la primera etapa del alto al fuego y el proceso de desescalada en el conflicto que ha tenido su punto de violencia más alto en la historia del conflicto palestino – israelí desde octubre de 2023. Es así por lo que cualquier esquema de reconstrucción y estabilización en la Franja de Gaza estará condicionado, en última instancia, por la conducta de dos actores con capacidad directa de trabar el proceso, Israel como actor estatal y Hamas.

Aunque el diseño institucional del plan de paz y reconstrucción con comités tecnocráticos, mecanismos de verificación y participación regional, pretende diluir el peso de los actores armados, la experiencia comparada en contextos posconflicto indica que los incentivos, temores y cálculos estratégicos de quienes controlan la coerción siguen siendo determinantes. Así, el plan no puede analizarse como un ejercicio técnico neutral, sino como un proceso atravesado por equilibrios de poder, presiones domésticas y riesgos de colapso operativo.

Así, la perspectiva israelí para que el proyecto avance pueden agruparse en tres ejes principales. En primer lugar, está la seguridad, donde se pretende evitar la reconstitución militar de Hamás y el rearme a través de materiales de doble uso. Como segundo aspecto se encuentra el control de entradas y salidas, no solo como herramienta de seguridad sino como mecanismo de influencia directa sobre el ritmo de la reconstrucción. El tercero es la legitimidad política interna, la sobrevivencia de Hamas como organización líder en el enclave podría afectar la percepción de quién lidera o gobierna en el sitio y esto llevar a que el conflicto se mantenga inamovible.

También, si la reconstrucción es vista como un proceso que fortalece indirectamente a Hamás, o si la desmilitarización carece de mecanismos verificables y creíbles, la presión política interna para reactivar operaciones militares puede reaparecer rápidamente. En este marco, Israel no actúa únicamente como un actor interesado, sino como un poder con capacidad física y operativa para interrumpir el proceso, dados los intereses hacia cualquier elemento que socave su seguridad, será visto como una amenaza existencial.

Por otro lado, desde la perspectiva de Hamás, el dilema es aún más estructural. La organización islamista ha reafirmado su disposición a cooperar con el proceso respaldado por Estados Unidos, incluyendo la aceptación de un comité tecnocrático que asuma funciones administrativas, pero no renunciaría totalmente a las armas porque para ellos eso iría en contradicción de su “derecho a la resistencia” que es la razón de ser de su organización desde sus inicios en los años 80s del siglo pasado.

Sin embargo, rechazar o atrasar más de lo necesario el proceso tampoco es una opción exenta de costos. Una implementación fragmentada, por áreas, podría marginar progresivamente a Hamás del acceso a recursos, mientras aumenta la presión de mediadores regionales y se profundiza el aislamiento internacional, incluso aislarlo hacia zonas del enclave donde terminaría enfrentándose a otras facciones más pequeñas poder y control.

En términos estratégicos, es previsible que Hamás busque garantías creíbles de que la desmilitarización no equivale a una rendición sin protección, así como mecanismos que le permitan conservar redes sociales, políticas o narrativas que aseguren su supervivencia como actor importante.

Bajo un escenario de implementación relativamente exitoso, el plan podría producir cinco resultados relevantes. Primero, una reducción sostenida de la violencia mediante una arquitectura de verificación y una fuerza de estabilización con mandato claro y capacidades reales. Como segundo aspecto, la normalización parcial del flujo humanitario y la rehabilitación de infraestructura crítica, siempre que los accesos se mantengan abiertos de forma predecible.

Como tercer elemento, una separación funcional, aunque incompleta, entre administración civil y control armado, con una Autoridad Nacional de Coordinación en Gaza (NCAG) capaz de restablecer servicios básicos. En cuarto lugar, la movilización de capital árabe y privado bajo un paraguas político estadounidense, con Emiratos Árabes Unidos como actor potencialmente central en la reconstrucción del enclave en una especie de mecanismo de administración de fondos con gobernanza (trust – like). Finalmente, el plan podría abrir un horizonte político condicionado que, aunque ambiguo, sirva como punto de partida para una diplomacia posterior.

La principal debilidad del plan es la desmilitarización verificable sin recurrir a una guerra interna entre facciones. La combinación de redes clandestinas, incentivos de supervivencia organizacional y ausencia de una autoridad local con monopolio de la fuerza, parte de los elementos importantes de la autonomía y soberanía, hace que los esquemas de canje armamentístico (buyback) y monitoreo enfrenten obstáculos severos. Si el proceso de desmilitarización fracasa, la reconstrucción queda subordinada a la seguridad; si avanza la reconstrucción sin desmilitarización, corre el riesgo de caer en crisis en un corto plazo.

A ello se suma el riesgo de una “tecnocracia sin poder”. La NCAG puede administrar, pero difícilmente imponer decisiones en ausencia de control sobre seguridad, justicia o coerción llevando a un fracaso de la iniciativa y peligro de escalar nuevamente.

La legitimidad es otro punto crítico. La composición del liderazgo y la percepción de tutela externa alimentan críticas sobre un diseño impuesto, con riesgo de erosión de aceptación local conforme se extienda algo que parece temporal y se transforme en un modelo permanente bajo imposición.

Asimismo, modelos de reconstrucción basados en enclaves altamente vigilados pueden mejorar la seguridad, pero también profundizar desigualdades espaciales y reforzar narrativas de control.

La reapertura de Rafah y el rol de Egipto serán un vector fundamental sobre los avances del proceso. El paso es vital para la economía cotidiana de Gaza y funciona como palanca política permanente, dependiendo de las percepciones de seguridad, presión migratoria y cálculo regional en el gobierno del Cairo.

El plan para Gaza no fracasa ni triunfa en el papel, sino en la interacción entre incentivos contradictorios, capacidades reales y legitimidades frágiles. Su viabilidad depende menos de la sofisticación institucional que de la creación de mecanismos de cumplimiento creíbles para actores que conservan poder de bloqueo. En ausencia de ello, la reconstrucción corre el riesgo de convertirse en una pausa administrada del conflicto, más que en una transición sostenible hacia la estabilidad y el desarrollo necesario para esta castigada zona.