La nueva ofensiva palestina

En su última intervención en la ONU, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás sostuvo que en la última guerra de Gaza, Israel cometió “crímenes similares al genocidio” y afirmó que “no había motivos para una guerra y fue la tercera guerra racista en cinco años”.

No mencionó los permanentes ataques terroristas perpetrados por palestinos, el secuestro y asesinato de ciudadanos israelíes ni el lanzamiento de miles de cohetes contra la población civil israelí, que fueron su causa.

Aseveró que para enfrentar al terrorismo en la región «como el Estado Islámico y otros que cometen atrocidades, se requiere más que la confrontación militar y más que declaraciones”. Se necesita una estrategia integral, una alianza de naciones, pueblos y civilizaciones y para lograrlo es imprescindible “poner fin a la ocupación israelí”. Cualquier observador imparcial puede comprender que el intento por establecer un vínculo entre el dominio de Israel sobre ciertos territorios y el secuestro y decapitación de occidentales y la persecución y crucifixión de cristianos en el Estado Islámico, es un despropósito.

Su exposición se enmarcó en una nueva y definida estrategia, que en el plano interno se dirige a fortalecer su gobierno de unidad nacional con el grupo fundamentalista islámico Hamás, y en el externo busca internacionalizar el conflicto para aislar diplomáticamente y deslegitimar a Israel.

Un claro ejemplo es el reconocimiento de Palestina que muchos países latinoamericanos y europeos han otorgado, en el entendido que aportaban un elemento positivo a la paz, cuando en realidad logran el efecto contrario, pues sólo presionan a Israel y no les exige a los palestinos ninguna contraprestación o compromiso, imprescindible para alcanzar un entendimiento.

Otro ejemplo es la demanda de Hamás ante la Corte Europea de Derechos Humanos para ser quitado de la lista de organizaciones terroristas. Por razones de procedimiento, el tribunal hizo lugar a su requerimiento, lo cual se subsanará por la intervención de los gobiernos europeos, pero ilustra el uso de un tecnicismo jurídico como parte de sus recursos.

A fines de 2014, Jordania presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de Abás, exigiendo el establecimiento de Palestina dentro de las fronteras de 1967 y la retirada de los territorios ocupados en un plazo de tres años.

La resolución no fue aprobada, pues no obtuvo los votos afirmativos necesarios. Y aunque los hubiese obtenido, EE.UU. ya había anunciado previamente su veto. No haber conseguido ese resultado favorable, oculta bajo la apariencia de un fracaso, lo que la dirigencia palestina considera un éxito.

No haber logrado ningún cambio real en el terreno es, precisamente, su objetivo. Lo que busca es generar actos simbólicos, que no tengan el potencial de crear un Estado propio. No aspira a su concreción efectiva, pues dejaría aún más al descubierto sus irreconciliables diferencias internas, que desembocarían en una guerra fratricida, tal como sucede con muchos de sus vecinos árabes.
Su última maniobra diplomática consistió en adherirse al Estatuto de Roma para denunciar a Israel por los supuestos crímenes de guerra cometidos en Gaza. Dejando de lado que sólo los Estados pueden ser miembros del Tratado y que Palestina no lo es, la Corte Penal Internacional actúa en forma subsidiaria a los tribunales penales nacionales. Sólo en el caso de que el Estado en cuestión no cuente con un Poder Judicial independiente que investigue los casos cuestionados, puede intervenir la Corte Penal Internacional.

Israel es una democracia, con plena vigencia de los derechos humanos y la separación de Poderes, que ejerció su derecho a defenderse frente a los ataques indiscriminados de Hamás. Y a pesar de tener que librar el combate en áreas densamente pobladas, no hay antecedentes en la historia militar, del envío de todo tipo de advertencias a la población civil mediante la distribución de volantes, llamadas y mensajes a teléfonos celulares y radios con datos precisos sobre el lugar donde se efectuarían los ataques, para que esas zonas fueran evacuadas.

En cambio Hamás, como organización terrorista, no sólo carece de un sistema legal serio, sino que es a todas luces el agresor. Abusa de sus propios civiles usándolos como escudos humanos y tiene como blancos a los ciudadanos israelíes. Además utiliza escuelas, mezquitas y edificios de la ONU como plataforma de lanzamiento de misiles, todo lo cual constituye efectivamente delitos de guerra.

Sin embargo, tratándose de organismos internacionales, Israel no puede esperar resoluciones imparciales y ajustadas a derecho. La ONU es un organismo disfuncional que no discierne si el Estado que ejerce su voto es una democracia representativa, una dictadura autoritaria o un reino medioeval violador de todos los derechos humanos. Está secuestrada por mayorías automáticas y sus órganos emiten pronunciamientos cuya enorme mayoría son censuras contra Israel. Y eso incluye condenas por hechos que nunca tuvieron lugar como el incendio de una mezquita que jamás existió o el robo de agua o la destrucción de vestigios arqueológicos que jamás acontecieron.

La estrategia eficaz para avanzar hacia la paz y mejorar la calidad de vida de los pueblos, no es perseguir pírricas victorias diplomáticas, sino comprometerse en negociaciones serias y directas.