ACOM responde a la «Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina»

►► El 13 de agosto de 2016 la “Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina” —la agrupación de entidades y grupos adheridos a la campaña de boicot contra Israel— publicó un comunicado bajo el título “Comunicado de la RESCOP sobre los últimos éxitos de la campaña de Espacios Libres de Apartheid Israelí – BDS Institucional” en el que celebra el número de entidades locales declaradas “Espacio Libre de Apartheid Israelí” o adheridas a la campaña de boicot, e imputa a ACOM acusaciones delirantes.
No descenderemos a responder a los libelos ni a las acusaciones dirigidas contra Israel. Basta señalar que con frecuencia este país es un refugio de libertad para cada minoría perseguida en Oriente Medio, y el hogar para la más acosada de todas ellas.

ACOM es una asociación española formada por voluntarios que actúa con la ayuda de personas que detestan la discriminación. No recibimos ni una sola ayuda pública, ni de Israel ni de España ni de nadie. Desafiamos aquí a los grupos que forman esa “Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina” a afirmar lo mismo.

No obstante, dudamos que puedan hacerlo. Así, mientras que la campaña de boicot a Israel sólo ha conseguido la adhesión de un puñado de tiendas en toda España, su relación con las Administraciones Públicas es gobierne quien gobierne, envidiable. Como muestra, viene a la mente el caso de la asociación “Mundubat” que manejó un presupuesto en el año 2015 de 4.069.422 euros, de los que 108.144 euros fueron donaciones y 3.750.884 euros subvenciones de distintas entidades públicas. No es la única: el balance de la asociación “Paz y Dignidad” tenía en 2015 un activo corriente de 4.276.728,46 euros, del que 2.975,911,08 euros fue el saldo inicial de las subvenciones concedidas.

Siendo justos, no a todas las organizaciones les va tan bien: la “Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz” sólo recibió en 2015 ayudas públicas por 493,861,91 euros, cantidad que daría una gran paz a una persona normal pero que en este caso, probablemente sólo sirva para que sus cargos directivos pugnen por emular los logros económicos de otras asociaciones a las que tan a menudo, sonríe la fortuna en sus relaciones con la Administración.

Efectivamente, 51 Ayuntamientos, dos Diputaciones Provinciales y un Cabildo Insular se han adherido a la campaña de boicot a Israel. Sin embargo, el comunicado oculta que otras ciudades como Tarragona, Zamora o Córdoba y muchas, muchas más, han rechazado hacerlo al ser advertidas de los efectos discriminatorios y de la naturaleza de la campaña de boicot que ha sido rechazada hasta por el propio líder de la Autoridad Nacional Palestina. No menciona que durante este año el boicot ha sido anulado en otras seis ciudades como resultado de las acciones judiciales de ACOM, y que seis ordenes judiciales han suspendido el boicot en otras tantas ciudades. No explica el comunicado que las razones para tales anulaciones es la violación de los derechos y libertades constitucionales y el Derecho Internacional. No cuenta tampoco que la defensa legal de los proponentes del boicot en cada uno de los 50 casos que ACOM ha entablado ante los Tribunales, se centra siempre en negar que el boicot tenga la más mínima eficacia, escondiendo que se aconseja a los Ayuntamientos la aplicación interna sin dar muestras de publicidad para ocultar su aplicación a los Tribunales.

El comunicado afirma que ACOM desea socavar la democracia local, las libertades civiles y la libertad de expresión. A las airadas acusaciones de la campaña de boicot, ACOM responde que el imperio de la Ley es la mejor defensa frente a los abusos del poder. Sólo quienes eluden la Ley pueden considerarla una amenaza.

Cuando el comunicado invoca la libertad de expresión lo hace para defender el derecho a realizar boicots a los productos de Israel, sino para exigir que no pueden ser llevados a los Tribunales los acuerdos de boicot municipales que marginan a quienes tengan opiniones, simpatías y creencias distintas a las que ellos desean convertir en la línea oficial de las ciudades.

La libertad de los concejales para expresar y debatir opiniones es muy amplia –en la opinión de ACOM, merece ser casi irrestricta- no sólo por el derecho a la libertad de expresión sino también por el derecho también constitucional de los ciudadanos a la participación política a través de representantes elegidos por sufragio universal. Sin embargo, la libertad de los particulares ajenos a los privilegios y prerrogativas del poder no es de una condición inferior. Así, tras la deliberación de los concejales en el pleno, cuando el acuerdo municipal se ha adoptado, la libertad de los concejales está ya disipada, y la participación de aquéllos en la formación de la voluntad del Ayuntamiento, agotada. Las decisiones de los Ayuntamientos han de respetar las leyes y los límites de sus competencias, ya que mientras las personas son titulares de derechos constitucionales fundamentales, la Administración es sólo titular de competencias para servir los intereses públicos, careciendo de libertad de expresión.

El boicot a Israel –que tiene como objetivo a todas las empresas y organizaciones de un país en particular- está adornado de los atributos de la discriminación más intolerable: afecta a las personas y a las empresas no por su conducta particular, sino por quienes son, por su origen, y por donde descansan sus simpatías.

ACOM – Acción y Comunicación sobre Oriente Medio