La Enfermedad Intelectual del Siglo XXI

«Debemos dar una nueva vida a nuestra cultura del martirio, porque a nada le temen más los enemigos de Alá que a nuestro amor por la muerte». Le propongo un acertijo. ¿A quién cree Ud. que más probablemente pertenezca esta frase?: a) un sacerdote católico, b) un rabino judío, c) un imán musulmán. Si el lector está mínimamente informado de los asuntos mundiales y es un observador honesto, entonces seguramente optará por la opción última. Voilá! Es la correcta: la cita fue pronunciada por el clérigo Anwar al-Awlaki, popularmente apodado «el Bin-Laden de internet». Otro desafío. Si están por subir a un avión con destino a Boston tres hombres jóvenes, a saber: a) un tibetano budista, b) un panameño evangelista, c) un nigeriano musulmán, y solamente uno de ellos puede ser monitoreado, ¿a quién, en su opinión, deberían los oficiales de seguridad aérea escrutar? Si el lector está mínimamente informado de los asuntos mundiales y es un observador honesto, entonces, nuevamente optará por la opción última. Ello no lo convierte a Ud. en un racista, como los bienpensantes alegarán, sino en apenas un individuo sensato: Ud. sabe que, salvo los tigres tamiles de Sri Lanka, el terrorismo suicida es un menester puramente islámico.

Sin embargo, aún admitiendo en nuestro fuero íntimo la verdad de estos asuntos, nos negamos públicamente a declararla. Padecemos, como sociedad, una enfermedad intelectual moderna (data de finales del siglo pasado) que nos inhibe, en lo relativo al fundamentalismo islámico, en llamar a las cosas por su nombre: la corrección política. Ella afecta primordialmente a las elites intelectuales, ámbito en el que ha alcanzado proporciones epidémicas, aunque también ha infectado a niveles gubernamentales. Cuatro manifestaciones recientes sugieren que la misma ya ha contagiado a la Administración Obama:

1) La decisión de cerrar la prisión de Guantánamo. Aún cuando la evidencia prueba que en varios casos terroristas liberados reinciden en el oficio del terror, y aún cuando los burócratas norteamericanos no han hallado todavía una reubicación adecuada para los reclusos, Barak Obama luce decidido a cumplir con su promesa de campaña de cerrar terminalmente esta prisión. El motivo es principalmente una cuestión de imagen pública: la administración demócrata quiere con ello mejorar la percepción global de su patria. Como ella lo ve, clausurar Guantánamo significaría cerrar un capítulo infame de la era Bush y restituir los valores morales perdidos en la guerra contra el terror. Sin embargo, conforme Breth Stephens ha observado, la Encuesta Global del Centro Pew del 2009 sobre las impresiones extranjeras acerca de USA consignó como opiniones favorables el 14% en Turquía, 15% en zonas palestinas, 16% en Pakistán, 25% en Jordania y 27% en Egipto; índices de aprobación muy bajos y apenas una leve mejoría de los años de la presidencia republicana.

2) Llevar a Khali Sheik Mohamed a juicio civil en Manhattan. El ideólogo de los atentados del 9/11, detenido en Guantánamo, gozará del privilegio de regodearse en la escena del crimen, contar con una plataforma internacional espectacular para la divulgación de sus patrañas, beneficiarse de una defensa legal seria, y -al menos teóricamente- aspirar a ser puesto en libertad (recuérdese que en todo juicio justo se presume la inocencia del acusado); todo por el noble deseo de los demócratas de mostrar al mundo cuán auténticamente correcto Estados Unidos realmente es. Según el académico James Wilson, el juicio costará a la alcaldía de Nueva York unos USD 200 millones anuales y expondrá a toda la ciudad a renovadas amenazas a su seguridad. Para demostrar su culpabilidad, probablemente la fiscalía se verá obligada a divulgar información clasificada. Al menos ello ocurrió cuando fue juzgado el jeque Omar Abdel Rahman por intentar explotar el World Trade Center en 1993 y el gobierno debió revelar la identidad de todos los co-conspiradores del caso que no habían sido juzgados; una lista que incluía a Osama Bin-Laden y muchos otros cómplices más que quedaron así advertidos de que estaban siendo observados.

3) El permiso otorgado a Tariq Ramadan de ingresar a Estados Unidos. En el año 2004, este profesor de la Universidad de Oxford fue invitado a enseñar a la Universidad de Notre Dame en Indiana, pero las autoridades estadounidenses le impidieron ingresar al país debido a que éste había financiado a grupos vinculados al movimiento terrorista Hamas. Durante los siguientes cinco años el affair fue intensamente debatido y, finalmente, la Administración Obama levantó las restricciones legales. Un vocero oficial explicó, en un comunicado prefigurado, que «el gobierno de Estados Unidos está buscando una nueva relación con las comunidades musulmanas basada en intereses mutuos y respeto mutuo». Pero tal como Daniel Pipes señaló, este era un caso de terrorismo desvinculado de asuntos del Islam. Además, de que modo ayudará a crear respeto mutuo el facilitar el ingreso al territorio nacional de un acusado de financiar terrorismo anti-occidental, es algo que el gobierno demócrata aún debe explicar.

4) El manejo del caso Umar Farouk Abdulmutallab. Primero el fracaso colosal de seguridad al permitir que un joven musulmán nigeriano entrenado por Al-Qaeda, presente en los listados de sospechosos, que pagó en efectivo y no despachó equipaje, abordara un avión con destino a Estados Unidos. Segundo el fiasco legal de haberle leído los Derechos Miranda al cabo de apenas cincuenta minutos de interrogación, tras lo cuál el detenido se llamó a silencio y quedó a la espera del arribo de su abogado, privando de esta manera a los agentes de seguridad de información preciosa acerca de Al-Qaeda en Yemén, la agrupación que lo entrenó y envió en su misión suicida en un avión con cientos de pasajeros a bordo. Conforme Charles Krauthammer ha indicado, esta decisión fue tomada sin el conocimiento o consulta al Secretario de Defensa, al Secretario de Seguridad Interna, al Director del FBI, al Director del Centro de Contra-terrorismo y al Director de Inteligencia Nacional. Ahora el gobierno deberá pagar con concesiones en el área de la penalidad la obtención de información crucial para la protección de los ciudadanos norteamericanos. Ciertamente, la Administración Obama adoptó la decisión coherente de monitorear especialmente a futuros pasajeros provenientes de catorce países cuyas poblaciones son mayormente musulmanas que albergan islamismo interno. Esta decisión de apartarse un poco del sistema absurdo de chequeo al azar, empero, contrasta con el trato legalmente puritano concedido a Adbulmuttalab. La pregunta crítica que muchos norteamericanos se están haciendo es si es prudente tratar a los terroristas como criminales comunes en vez de cómo enemigos combatientes.

En un relato publicado en 1883, Mark Twain afirmó que una pregunta sencilla y una respuesta sencilla marcan el camino más corto para salir de los mayores interrogantes. El interrogante en cuestión aquí es si la Administración Obama debiera poner en juego la seguridad de los ciudadanos norteamericanos en aras de la aprobación de la imagen de su país en tierras foráneas. Dado que la corrección política puede ser mortífera, la respuesta a esta pregunta es bien sencilla.

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