El heredero del trono saudí, Mohamed ben Salman, visitará la Casa Blanca este martes para reunirse con el presidente Trump. El príncipe se ha ganado los elogios de los líderes occidentales por sus audaces iniciativas, que incluyen la extensión de los derechos de las mujeres –mención especial al derecho a conducir– y los llamamientos a la tolerancia religiosa. Sin embargo, la situación de los presos políticos marca un acusado contraste con ese panorama liberalizador.
El más conocido preso político de Riad es, quizá, Raif Badawi, galardonado con un premio a los derechos humanos de la UE en 2015. Bloguero y activista, Badawi fue detenido en 2012 por gestionar una web en la que se criticaba a la casta religiosa del reino y se abogaba por la concesión de mayores derechos a las mujeres. Badawi fue condenado a 10 años de cárcel y a recibir 1.000 latigazos: los primeros 50 se los administraron en público en 2015. Aunque no ha vuelto a ser flagelado, Badawi permanece en prisión. Se dice que podría obtener el perdón real, pero las primeras informaciones al respecto se revelaron prematuras.
El Gobierno saudí ha encarcelado a otros activistas pro derechos humanos, como Mohamed al Oteibi, Abdulá al Atawi y el abogado del propio Badawi, Walid Abuljair. Abuljair fundó un grupo denominado Monitoreo de los Derechos Humanos y fue condenado a 15 años por “socavar al Gobierno”, mientras que un tribunal sentenció a Oteibi y Al Atawi, fundadores de la Unión por los Derechos Humanos, a 14 y 7 años, respectivamente.
El príncipe heredero ha sido asimismo acusado de violar los derechos humanos en la sorpresiva campaña anticorrupción que se saldó con la detención de más de 200 hombres de negocios, miembros de la realeza y otras figuras prominentes. Ni en el transcurso de la operación ni después de la misma ofrecieron las autoridades detalle alguno, acerca de las acusaciones que pesan sobre los detenidos o de si se ha llegado a algún tipo de acuerdo con ellos. Riad ha de responder a las acusaciones de abuso y coerción que han salido a la luz: 17 detenidos fueron hospitalizados, y uno murió estando en custodia. Riad debe explicar lo sucedido.
La creciente frecuencia con que se aplica la pena capital en el reino es también objeto de preocupación. El número de ejecuciones se ha incrementado sustancialmente desde que Salman se convirtió en príncipe heredero, el año pasado. Aunque Riad no divulga datos oficiales, relatores independientes de derechos humanos encontraron que entre julio de 2017 y febrero de 2018 Arabia Saudí llevó a cabo más de 130 ejecuciones, el doble de las reportadas entre octubre de 2016 y mayo de 2017.
Las razones por las que se ejecuta a la gente son igualmente preocupantes. Más del 40% de las ejecuciones de la primera mitad de 2017 tuvieron relación con delitos de narcotráfico no violentos. En la actualidad hay 18 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, en el corredor de la muerte por participar en protestas públicas.
Cuando el príncipe visite la Casa Blanca, el presidente Trump debe solicitarle que perdone a Raif Badawi. Los líderes del Congreso deberían hacer lo mismo. De hecho, el perdón a Badawi podría ser un test sobre el compromiso reformista de Mohamed ben Salman. Después de todo, Badawi fue a la cárcel por abogar, precisamente, por la clase de reformas que está acometiendo el príncipe heredero. A partir de ahí, el presidente y los líderes del Capitolio deberían presionar al príncipe en lo relacionado con la aplicación de la pena capital a condenados por delitos no violentos, especialmente cuando se trata de menores. Una respuesta positiva sería indicativa de que Mohamed ben Salman va en serio con las reformas.
© Versión original (en inglés): Foundation for Defense of Democracies (FDD)
© Versión en español: Revista El Medio
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