La hipocresía turca alcanza nuevas cotas

En una reunión parlamentaria de su partido gobernante, el Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP), celebrada el 24 de julio, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó a Israel el «Estado más sionista, fascista y racista del mundo». En alusión a la reciente aprobación de la «Ley Básica de Israel como nación-Estado del pueblo judío» por la Knéset, Erdogan atacó al Gobierno israelí diciendo que su visión «no era distinta a la obsesión de Hitler con la raza aria».

De hecho, no hay nada «fascista» o «racista» en la nueva ley de Israel. Al contrario, como señaló David Hazony en The Forward:

La nueva ley llevaba fraguándose desde al menos principios de la década de 2000, un momento en que surgieron dos grandes fuerzas que amenazaban el proyecto sionista tal como se había entendido históricamente. El primero fue el surgimiento del «antisionismo», un pequeño pero apasionado movimiento intelectual-político que repudiaba explícitamente la idea del «Estado judío» y lo despojaba de cualquier conexión con la historia judía, su carácter de pueblo o su simbolismo.

El segundo factor más importante fue la «revolución constitucional» encabezada por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, que reconoció el estatus constitucional de dos Leyes Básicas previas, y que culminó con la aprobación de dos nuevas Leyes Básicas (Ley Básica de la dignidad humana y la libertad y la Ley Básica de la libertad de empleo) que estableció los derechos fundamentales de los ciudadanos israelíes, judíos o no.

Estas leyes básicas no eran en absoluto algo negativo. Lo cierto es que Israel es un Estado y una democracia liberal, y deben garantizar las libertades básicas para todos.

De todos, Erdogan es el que menos debería estar acusando falsamente de prácticas que él ha llevado a cabo durante años, e intensificado desde el fallido golpe de Estado para desalojarlo del poder en julio de 2016. De hecho, tan sólo hace unas semanas, el Gobierno turco despidió a más de 18.000 funcionarios públicos por presuntos lazos con organizaciones que «actúan contra la seguridad nacional».

Según el Informe Mundial 2018 de Human Rights Watch:

Con el Estado de emergencia en vigor desde [el fallido golpe de] julio de 2016, […] se han adoptado muchos decretos que incluyen medidas que socavan las protecciones de los derechos humanos y entran en conflicto con las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos.

Se sigue despidiendo o suspendiendo por decreto a funcionarios públicos sin el proceso debido […] Cientos de medios de comunicación, asociaciones, fundaciones, hospitales privados y centros educativos que el Gobierno cerró por decreto siguieron cerrados en 2017, y sus bienes se han confiscado sin recibir ninguna compensación […].

Se han seguido practicando detenciones y manteniendo en custodia preventiva a personas acusándolas de terroristas […]. Entre los procesados hay periodistas, funcionarios, profesores y políticos, así como policías y empleados del ejército […]. En los procesos […] suelen faltar pruebas convincentes de una actividad criminal […].

Turquía es país del mundo con más encarcelamientos de periodistas y trabajadores de los medios, mientras éstos se enfrentan a investigaciones y juicios […] En la mayoría de los canales de televisión no hay independencia y promueven la línea política del Gobierno […].

Las autoridades prohibieron con frecuencia y arbitrariedad reuniones públicas y dispersaron con violencia manifestaciones pacíficas […]

[…] más de 500 abogados han sido encarcelados a la espera de ser juzgados, y más de 1.000 procesados […]

Por tercer año, la oficina del Gobierno en Estambul prohibió las marchas anuales del Orgullo Gay y Trans de Estambul […]

El trato de Turquía a las minorías ha sido igualmente deplorable. El reciente lanzamiento de un proyecto de «transformación urbana» en Estambul ilustra una de las maneras en las que el Gobierno margina activamente sus historias judías y cristianas.

Según los medios turcos, el Ayuntamiento de Estambul ha declarado el barrio histórico de Kuzguncuk y otros dieciséis lugares de «transformación urbana». A juzgar por anteriores proyectos de este tipo, que acabaron reducidos a áreas verdes y en los que se sustituyeron viviendas históricas por edificios altos modernos, Kuzguncuk correrá la misma suerte. Este pintoresco vecindario había sido «una comunidad mixta de griegos, judíos y armenios» con una minoría de musulmanes, según la investigadora Amy Mills, en su libro de 2010 Streets of Memory: Landscape, Tolerance and National Identity in Istanbul (Calles de la memoria. Paisaje, tolerancia e identidad nacional en Estambul). Como escribe Mills: «En Kuzguncuk, en 1914, había 1.600 armenios, 400 judíos, 70 musulmanes, 250 griegos y 4 extranjeros».

Todo eso cambió drásticamente a partir de 1915 y durante los diez años de genocidio perpetrado contra los armenios, los griegos y los asirios. Aunque fueron asesinados aproximadamente tres millones de cristianos, el Gobierno turco, hasta la fecha, sigue negando que el genocidio tuviera lugar.

Según un historiador y vecino de Kuzguncuk, Nedret Ebcim, la población del barrio en 1933 seguía siendo en un 90% no musulmana.

Escribe Mills:

La mayoría [era] judía, seguida de los griegos, los turcos y los armenios. […] Los residentes que recuerdan los viejos tiempos «describen una cultura en la que no era extraño que cada habitante hablara un poco de ladino [judeo-español], griego, armenio o francés.

Pero hoy, las familias judías y cristianas que viven en Kuzguncuk suponen sólo un puñado. Y la mayoría están casados con musulmanes […]. Las iglesias y sinagogas se sostienen en gran parte gracias a las personas que viven en otros barrios y vuelven a Kuzguncuk para asistir a las misas de fin de semana y sostener los centros […]. La iglesia armenia tiene muy pocos parroquianos que llegan de otras partes de Estambul, ya que casi no quedan armenios en Kuzguncuk.

Lo mismo ocurre con el resto de Turquía, donde los ciudadanos no musulmanes siguieron siendo perseguidos incluso tras la creación de la República turca en 1923. Una de las formas en que se hizo fue utilizando «códigos genealógicos» para registrar a las minorías en el Directorio de Población Turca, donde el número 1 señalaba a los griegos, el número 2 a los armenios y el número 3 a los judíos.

Según Mills:

Desde los primeros tiempos de la república, los gobernantes de Turquía quisieron aumentar la participación de los musulmanes en la economía y reducir la influencia de la minoría en ella, especialmente en Estambul […] Durante las décadas de 1910 y 1920, los boicots contra negocios no musulmanes y la expulsión de las minorías de cientos de trabajos en los que habían predominado provocaron que miles de no musulmanes abandonaran Estambul. Para 1929, 70.000 no musulmanes se habían marchado de Turquía.

En 1922, se fundó la Asociación Nacional de Comercio de Turquía para determinar qué negocios eran turcos. La asociación descubrió que el 97% del comercio de importación y exportación de Estambul, y todas las tiendas, restaurantes y centros de ocio en Beyoğlu estaban en manos de minorías. Esta inspección fue precursora de las acciones emprendidas con el objetivo de turquificar la economía de la ciudad; en 1923, se expulsó a los no musulmanes de sus trabajos en el comercio y las compañías aseguradoras. En 1924, se vetó a las minorías en los trabajos de intendencia, bares, restaurantes, cafeterías y oficios como el de capitán de barco, pescador y conductor de tranvía, trabajos en los que antes predominaban los no musulmanes. En 1934, una ley identificó más profesiones en las que predominaban las minorías para que se vetase a los extranjeros.

Las políticas de turquificación en la década de 1920 y 1930 en Estambul no estaban dirigidas sólo a los derechos de propiedad y económicos, también a la lengua y cultura no turcas.

En 1928, por ejemplo, una asociación de estudiantes de Estambul inició una campaña para obligar a las minorías a hablar turco. Se prohibió el uso público de otras lenguas distintas al turco, y quienes no acataban la norma eran amenazados, golpeados, detenidos o multados.

En 1941, los varones armenios, asirios, griegos y judíos de Turquía fueron enviados a campos de trabajos forzados —en cumplimiento de una política referida como «reclutamiento de las veinte clases»—, y fueron obligados a trabajar en unas terribles condiciones para construir carreteras y aeropuertos. Algunos perdieron la vida por enfermedades u otros factores.

En 1942, el Gobierno turco promulgó la Ley de impuesto a la riqueza, una vía para apartar a los armenios, los griegos y los judíos de la economía de Turquía. Los que no podían pagar los impuestos eran enviados a campos de trabajo o deportados, o el Gobierno confiscaba sus propiedades. Según el historiador Corry Guttstadt:

Muchas familias tuvieron que vender sus tiendas y negocios, sus casas e incluso sus alfombras, muebles y otros artículos domésticos, para reunir el dinero para pagar los impuestos. Algunas personas, desesperadas, se suicidaron.

Los días 6 y 7 de septiembre de 1955, los griegos cristianos de Estambul se convirtieron en el objetivo de un pogromo dirigido por el Gobierno, del que también fueron víctimas armenios y judíos. Los turcos atacaron todo lo que pertenecía a los griegos: casas, negocios, iglesias, cementerios y escuelas, entre otros. Un periodista británico informó de que los barrios griegos de Estambul «parecían las áreas de Londres bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial». El salvajismo de las turbas generó tal clima de terror que, tras el pogromo, decenas de miles de griegos se marcharon de Turquía.

En esta foto de septiembre de 1955 se ve a una turba destruyendo tiendas de cristianos griegos en Estambul. (Image source: Wikimedia Commons).

En 1964, los griegos de Estambul —incluidos discapacitados, ancianos y enfermos— fueron víctimas de una expulsión masiva a manos del Gobierno turco. Se dio a los deportados doce horas para abandonar Turquía, y sólo se les permitió llevar consigo 20 kilos de pertenencias y una suma equivalente a 20 dólares, teniendo que dejar allí el resto de sus propiedades, de las cuales una gran parte fue confiscada por el Estado turco y ciudadanos particulares. Tras la deportación, muchos miembros de las comunidades griegas ortodoxas de fuera de Estambul también se marcharon del país, aumentando el total a los 45.000, según el historiador Salih Erturan.

Según un informe de 1992 realizado por Helsinki Watch, incluso en 1991, la reducida minoría griega de Estambul no tenía libertad de expresión, ya que era censurada continuamente por las autoridades turcas. Los dos periódicos en griego que quedaban en la ciudad tenían que enviar cinco ejemplares cada día a la oficina del gobernador, y no tenían permitido criticar al Gobierno turco.

En 2008, una periodista armenia escribió que muchos armenios de Turquía utilizan dos tarjetas de visita distintas: una para los demás armenios y otra con un nombre turco para los turcos que pudieran sentir hostilidad hacia los armenios. «La armenidad sólo es apreciable dentro de la comunidad [armenia]; no es visible en la esfera pública —escribió—. En particular, hace veinte o treinta años este fenómeno armenio ‘invisible’ era aún más generalizado». Al parecer, muchos armenios tomaban la precaución de seguridad de no revelar su verdadera identidad en público.

La actual población de la comunidad armenia en Turquía es de unas 60.000 personas. Hay menos de 15.000 judíos e igual de pocos cristianos asirios. Según un reportaje de 2005, sólo quedaban 1.244 griegos en Estambul en aquel momento. Además, incluso una parte cada vez mayor de esas pequeñísimas minorías están marchándose de Turquía para escapar de la inestabilidad y la agresión que sufren en el país.

Mientras tanto, Turquía está gobernada por un Gobierno que apoya el yihadismo e intenta aplastar cualquier migaja de libertad que quede en el país. Muchos turcos musulmanes que son destinatarios de los ataques de Erdogan a los derechos humanos parecen asombrados por los acontecimientos antidemocráticos que están teniendo lugar en Turquía. No deberían; esos abusos llevan décadas produciéndose en el país. Seguramente los turcos seguirán viviendo bajo la opresión que ellos mismos han creado.

La verbalmente violenta reacción de Erdogan hacia la Ley de la nación-Estado de Israel, por tanto, no sólo es hipócrita, sino completamente injustificada. No hay nada en las leyes que sea ofensivo contra las minorías, o como escribe Jonathan Tobin en National Review:

No hay nada ofensivo salvo que creas que los judíos merecen que se les nieguen los derechos básicos de asentamiento, soberanía y autodefensa en su propio país; derechos que a nadie se le ocurriría negar a otros. Por eso el sesgo antisionista es tan indistinguible del antisemitismo.

[…]

Una mirada más atenta no revela nada que en cualquier otro contexto pudiese ser controvertido. Declarar que el hebreo es la lengua oficial de Israel, mientras reconoce el estatus especial del árabe, no es más discriminatorio que la prioridad que se le da al español en toda España.

Hay que recordar a Erdogan que no es la conducta de Israel —una vibrante y próspera democracia con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos— la que recuerda épocas oscuras de la historia. Es la de Turquía.

 

Traducción del texto original: New Heights of Turkish Hypocrisy
Traducido por El Medio