AMIA, una herida aun abierta

Se trata del segundo golpe terrorista en América Latina ordenado por la teocracia iraní y perpetrado por Hezbollah. Dos años antes, una embestida semejante redujo a escombros el predio de la embajada de Israel en Buenos Aires. Ambos crímenes demuestran que no sólo la violencia es dirigida en contra Israel, cuya existencia es rechazada y amenazada por el régimen de los ayatollas; va más allá, revela que tampoco se acepta al pueblo judío, renovando los propósitos de los nazis. Y verifica que cualquier país es vulnerable a esta brutalidad.

Pese a que la principal responsabilidad es de la pandilla iraní, cuyos militantes ligados al terror tienen alertas rojas de Interpol, hay una conexión local implicada en la ejecución de ambos atentados. La investigación sobre los elementos locales fue enmarañada con la intención de encubrir a los involucrados y el sistema judicial no ha cumplido.

En 2013, el Congreso argentino aprobó el memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno de Cristina Kirchner y el de Ahmadinejad, con el supuesto objetivo que la justicia argentina interrogue a los imputados en Teherán. Muchos denunciaron que el memorándum no era un instrumento adecuado para resolver la causa y, por el contrario, se percibía una treta iraní a fin de solventar lo que le impedía establecer plenas relaciones con Argentina y proseguir su penetración en nuestra región. Tras años como consistente denunciante, la administración Kirchner se prestó al engaño. Al inicio del gobierno de Macri, el memorándum fue declarado inconstitucional.

Otro crimen relacionado, también cubierto por confusiones e impunidad, fue el asesinato del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, el cual trataron de pasar por un suicidio, en 2015.

Los acusados iraníes están resguardados en su país y es obvio que un régimen delictivo como el de Teherán continuará la confabulación; pero el Estado argentino está obligado a desenmascarar a los cómplices locales y ejercer debidas presiones a nivel internacional.