Los pasos para neutralizar la Corte Internacional de Justicia en La Haya

Fatou Bensouda Fiscal de la CPI

En un intento por tratar de justificar la participación del Ministerio de Justicia y del Fiscal General en las decisiones políticas y en temas de seguridad, la ex diputada de la Knesset Tzipi Livni recibió a altos funcionarios de la oficina legal y militar y del Departamento de Justicia Internacional en la propia Knesset. Afirmaron y afirman, por regla general, que “el sistema judicial israelí es la Cúpula de Hierro legal de las FDI contra las acusaciones de crímenes de guerra en foros extranjeros e internacionales”.

Con la reciente decisión de Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, vimos que esta línea de pensamiento, inventada por el juez Aharon Barak en la década de 1990, no era más que una mentira. Se llegó a justificar con esto la intervención de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Israel, del Ministerio de Justicia y de los abogados del ejército, sobre los poderes de los comandantes de las FDI y de los funcionarios electos.

El final de la mentira (de la Cúpula de Hierro), que vino con la esencia del mensaje de Fatou Bensouda, es un gran daño estratégico para el estado y un peligro para la vida de los soldados de las FDI, sus comandantes y funcionarios electos.

Como ha dejado claro en las páginas de este periódico el Profesor Aby Bell, se trata de un fracaso en la estrategia adoptada por Israel, guiado por juristas equivocados y engañosos a la hora de abordar la campaña política contra el país en el ámbito internacional. Ahora, para comenzar a reparar el tremendo daño que nos causaron esos consejeros de Ajitofel, Bell afirma inequívocamente que Israel debe abolir esta estrategia y reemplazarla por una política.

La estrategia política tiene cinco componentes:

El primer elemento es la transferencia de la responsabilidad sobre la campaña a las partes relevantes: El primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores. Binyamín Netanyahu hoy tiene que emitir una orden, a todas las entidades jurídicas, desde la oficina de Mandelblit, a través del Departamento Internacional del Ministerio de Justicia, la Oficina del Fiscal General y la Oficina de Derecho Internacional, que cesen todos los tratamientos del problema. Ha quedado claro que no existe relación alguna entre una corte internacional de justicia y la Corte Penal Internacional.

El segundo componente es legislativo. A diferencia de Israel, los estadounidenses, que son el objetivo secundario de la CPI, entendieron su naturaleza hostil desde el principio. En consecuencia, en 2002, el Congreso aprobó la “Ley del Departamento de Defensa de los Estados Unidos”. La ley, denominada “Ley de Invasión de La Haya”, exige “defender al personal militar de los EE.UU., a los funcionarios electos y a los superiores del gobierno de los EE.UU. ante un enjuiciamiento penal en la Corte Penal Internacional, de la cual Estados Unidos no es miembro”.

La ley autoriza al presidente a usar “todas las medidas necesarias y apropiadas para lograr la liberación de cualquier servidor estadounidense o aliado de los EE.UU. (es decir, Israel) arrestado o detenido por o según una solicitud de la Corte Penal Internacional por delitos”.

La ley también prohíbe que cualquier organismo gubernamental de los Estados Unidos ayude a la CPI de cualquier forma y también prohíbe que los estados miembros del tribunal reciban ayuda militar de los Estados Unidos.

La Knesset debe actuar ahora mismo para aprobar la misma ley. La verdad es que esto es un escándalo, producto de la Oficina del Fiscal del Estado, que aún no ha promulgado ninguna ley de este tipo.

El tercer componente de la estrategia de amenaza de la CPI es político. Reconociendo que las investigaciones de la CPI son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y sus tropas, los estadounidenses han firmado acuerdos bilaterales con docenas de estados, en los que las partes se comprometieron a no cooperar entre sí contra la CPI. Israel también debe actuar de la misma forma.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe acercarse a cualquier país que reciba asistencia de Israel, incluidos los países africanos, y tratar de firmar un acuerdo de defensa mutua con ellos, e incluso condonar la continuación de esta asistencia con esta firma.

El cuarto elemento es explicativo. Desde ahora hasta el cierre de la CPI, todos los representantes israelíes en el mundo deberían recibir instrucciones inequívocas para atacarlo en cada oportunidad y de cualquier manera: el objetivo es destruir su derecho a existir. Evidentemente, la CPI no debe ser recibida ni sus representantes deben recibir visados para poner un pie en Israel. Cualquier factor de este tipo que se encuentre en los territorios controlados por Israel debe ser expulsado de inmediato.

El último elemento está en la política israelí en Judea y Samaria. Según el informe, Mandelblit y sus colegas utilizaron las amenazas de la CPI como un medio para evitar la evacuación de Khan Al-Ahmer y evitar la aplicación de la ley israelí al Valle del Jordán y al asentamiento en Judea y Samaria. Si esta consideración estaba ante los ojos de Netanyahu, entonces debería ordenar la evacuación de Khan Al-Ahmer de inmediato y no esperar ni un día para aprobar una decisión del gobierno que aplique la ley israelí en estas áreas.

El reclamo de que el sistema judicial israelí protege a Israel ante demandas solo es cierto hacia entidades legales extranjeras. La decisión antisemita de la CPI de incriminar al sionismo y al Estado de Israel demuestra que el cuerpo de Bensuda no es un cuerpo legal, sino uno muy político y también hostil.

El escalón político cometió un grave error al escuchar a los juristas equivocados, engañosos y hambrientos de poder. Ahora que todo está claro, el tratamiento de la Corte Internacional de Justicia en La Haya en los Países Bajos debe eliminarse de una vez por todas y los enemigos políticos del Estado de Israel deben ser combatidos con las herramientas políticas relevantes para la realidad actual.