El artículo mencionaba que “aunque en un primer momento se [había informado] ‘detención administrativa’ -un método con el que Israel suele detener a palestinos sin cargos ni juicio por tiempo indefinido-, una portavoz de la familia en los territorios palestinos aclaró que Ruiz Sánchez se encuentra ‘detenida con propósito de interrogación’”.
Es decir, no se señalaba mucho más que lo que decía un “portavoz de la familia” – según la agencia, el Ejército israelí había dicho entonces que “que respondería en los próximos días”.
Pero la agencia había apuntado algo más:
“Ruiz Sánchez… trabaja desde hace décadas como coordinadora de proyectos de los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo al mismo tiempo que lucha por sus derechos”.
La ONG Comités de Trabajos para la Salud. Como un dato más, junto al de su edad y lugar de residencia. Nada más. Al parecer, se producen crónicas basadas únicamente en declaraciones y comunicados…
Un día después, el 25 de abril de 2021, el diario El País volvía a hacerse eco del tema y a nombrar la ONG:
“Trabaja desde hace tres décadas para una ONG palestina, donde coordina las ayudas de asociaciones humanitarias y entidades públicas españolas para programas de sanidad”.
Y, además, apuntaba que:
“La operación [es decir, la detención] se produjo un mes después de que el Ejército irrumpiera en [¿registrara?] la sede central de Comités de Trabajo para la Salud, la ONG en la que trabaja la ciudadana española, en Ramala, sede administrativa de la Autoridad Palestina, según un comunicado de la campaña de solidaridad organizada en España para su liberación”.
“En la redada, en la que fueron decomisados archivos y equipos informáticos, fue detenido el jefe del departamento de contabilidad de la ONG, Taysir Abu Sharbak. ‘Estas circunstancias nos hacen sospechar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la organización y que pretenden involucrar a Juana Ruiz en esta acusación’, reza el comunicado”.
Otra vez los comunicados como fuente (o, acaso, como voces) de información.
Además, el diario indicaba que:
“…. medios israelíes han señalado que en la lista del partido izquierdista Frente Popular para la Liberación de Palestina —clasificado como grupo terrorista por Israel, EE UU y la UE tras la Segunda Intifada (2000-2005)—, figura como candidato Walid Hanatsha, detenido tras ser acusado de estar implicado en un atentado en el que murió una adolescente israelí en Cisjordania en 2019. Hanatsha había ocupado con anterioridad el puesto de director administrativo y financiero de los Comités de Trabajo para la Salud”.
El periodista elegía no ahondar en el vínculo vislumbrado.
El 22 de diciembre de 2019, el Jerusalem Center for Public Affairs daba a conocer que una investigación del Shin Bet (Agencia de Seguridad israelí) había revelado la nueva estructura jerárquica del grupo terrorista Frente para la Liberación de Palestina en Cisjordania, y que había detenido a Walid Hanatasha, que era el jefe del “brazo militar” del Frente Popular de Cisjordania y el comandante de Samer al-‘Arbid, el jefe del escuadrón terrorista que asesinó a Rina Shnerb.
Jefe del “brazo militar” del grupo terrorista ni más ni menos. Comandante del jefe del escuadrón que asesinó a Rina Shnerb. Y que, traducido-suavizado-blanqueado por El País resultaba en una confusa “implicación” (¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En qué grado?) …
La cobertura lo reducía todo, a lo sumo, a un coro (desbalanceado, porque las voces palestinas eran más numerosas) de dichos, versiones y comunicados, donde la “verdad” se encuentra en los ojos de quien lee – y de quien ofrece, sugiere, claro.
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Pequeña nota de color
Decía la crónica de El País – que había destacado que vive en Belén desde 1984 (hace 37 años) con su marido palestino:
¿Trabaja en una ONG en Cisjordania, con palestinos, y vive hace 37 años allí (¡!) y aún tiene dificultad para leer y escribir el idioma? ¿Es esto una estrategia defensiva anticipada? ¿Cómo esto no hace sonar las alamas periodísticas del profesional que redactaba el texto?
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Más allá de repetir la escueta descripción de ONG, no había mucho más. Bueno, en la crónica, porque en realidad, había algo más. Había la tan mencionada ONG.
Según la organización NGO Monitor, la ONG Comités de Trabajos para la salud (HWR, por sus siglas en inglés), es la filial en Cisjordania y Jerusalén de la Unión de Comités de Trabajadores de la Salud (UHWC), una ONG con sede en Gaza “identificada por Al Fatah como ‘filial’ del FPLP y por la auditoría realizada por la USAID como ‘la organización sanitaria del FPLP’”, además, añadía, Viva Salud, una de sus ONG socias, se refiere a HWC como la «organización hermana» de UHWC.
Aparentemente, no todo es “salud” en el universo de esta ONG. Según explicaba NGO Monitor, la organización es también miembro de la «secretaría del BDS». Es decir, de la campaña de boicot contra Israel que, por ejemplo, en Alemania ha sido declarada una campaña antisemita. Vale la pena recordar lo que decía Omar Barghouti, co-fundador la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel (PACBI, por sus siglas en inglés), y que hecha luz sobre el verdadero fin del BDS:
“Definitivamente nos oponemos a un estado judío. Ningún palestino racional… aceptará jamás un estado judío en cualquier parte de Palestina”.
En enero de 2020, la Red Palestina de ONG (PNGO), de la cual Comités de Trabajos para la Salud es miembro, se opuso a una nueva cláusula en los contratos de subvención de la Unión Europea con las ONG palestinas que prohíbe a los beneficiarios trabajar con organizaciones e individuos designados en las listas de terroristas de la UE y financiarlos.
Unas horas después del que el Huffington Post publicara su crónica, la agencia Efe – recogido por Swissinfo.ch – aportaba nueva información; es decir, una nueva declaración:
“Según informó a Efe un portavoz del Ejército, Ruiz Sánchez… fue detenida bajo sospecha de presunto [doble disminución del cargo] lavado de dinero en un caso que involucraría al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización política considerada terrorista por Israel [y la Unión Europea y Estados Unidos].
El Ejército la considera sospechosa ‘de haber cometido delitos de prestación de servicios para una organización ilegal afiliada’ al FPLP, de haber mantenido ‘contacto con un agente extranjero’ y de ‘delitos relacionados con el blanqueo de capitales’, según concretó”.
La agencia de noticias decidía que el FPLP es una organización política, pero Israel la considera terrorista – el hecho de que perpetre atentados terroristas tiene a la agencia sin cuidado. A su vez, silenciaba, para sostener la necesaria y pretendida idea de una confrontación de interpretaciones, visiones, que la Unión Europea y Estados Unidos también consideran a FPLP un grupo terrorista. Es decir, rebajaba la gravedad de un posible vínculo de Ruiz Sánchez con el FPLP a una actividad más propia de la política (con sus errores y aciertos).
Además, la agencia tampoco realizaba, siquiera ante la novedad dada a conocer, una búsqueda de información sobre esta ONG, ciñéndose a los comunicados: lo que resulta en una suerte de lucha de versiones. Algo que, en el fondo, favorece a la imagen de colaboradora-víctima que parece pretender imponerse a la audiencia en español a lo largo de la práctica totalidad de medios – que comparten las mismas fuentes y voces: deviniendo la pluralidad de coberturas en algo más parecido a un eco altavoz, a una cámara de repetición.
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