Es hora de una diplomacia dura

Foto: UN

La  cuarta Conferencia de Durban  se reunirá el 22 de septiembre en Sudáfrica y es probable que sea un reflejo de la primera Conferencia de Durban, celebrada en 2001.

La cumbre celebrada hace 20 años pretendía discutir las violaciones de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, pero fue asumida por países musulmanes hostiles a Israel y llevaron a cabo un linchamiento diplomático del estado judío. Entonces, como ahora, la diplomacia israelí fue sorprendida, golpeada e insensible.

Entre las resoluciones que se sometieron a votación en 2001 se encuentran las que etiquetan a Israel como un estado de apartheid, lo que significa que tanto él como sus aliados deben ser objeto de boicots; Israel comete genocidio y crímenes de lesa humanidad, por lo que debe librarse una lucha armada contra él; y que el movimiento sionista es esencialmente un movimiento racista.

La conferencia fue un festival con veneno antisemita. El invitado de honor fue el entonces líder de la OLP, Yasser Arafat.

La primera conferencia de Durban dio a luz el movimiento de boicot, desinversión y sanciones y todas sus actividades familiares. Desde Durban, los países europeos comenzaron a condenar a Israel por cualquier acción que emprenda para protegerse de las oleadas mortales del terrorismo. Durban fue lo que llevó al establecimiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el 50% de las resoluciones son contra Israel. Durban es lo que inspiró a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a perseguir a Israel por crímenes de guerra.

Durban también fue el catalizador que llevó a la ONU a participar de manera obsesiva y parcial en el conflicto palestino-israelí. Solo en 2018, la Asamblea General de la ONU aprobó 21 resoluciones condenando a Israel, en comparación con seis que critican a otros países juntos.

Entre 2001 y 2018, Estados Unidos, utilizando su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, frustró 12 resoluciones que censuraban a Israel. En la composición actual de la administración Biden, será muy difícil obtener un veto estadounidense sobre las resoluciones antiisraelíes.

Hoy, la Autoridad Palestina, bajo los auspicios de la CPI y los diversos consejos de la ONU, ha estado trabajando vigorosamente para explotar plenamente el próximo Durban IV para otro ataque salvaje. Las tácticas de Israel, sin embargo, no han cambiado: suplica a los países que participan en la conferencia que se abstengan de votar. Atacar a nuestros detractores ni siquiera es una opción para no incurrir en la ira del resto del mundo.

La suposición que en cualquier guerra contra las organizaciones radicales de derechos humanos nos enfrentaremos a otra ola de odio antiisraelí, debe hacerse añicos.

Frente a las mentiras implacables hay que dar pasos decisivos y dejar de tartamudear. Debemos evitar la entrada de activistas del BDS al país, al igual que Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá prohíben la entrada a su territorio a quienes amenazan con procesarlos.

También debemos exigir un precio a los enviados de la ONU que escriben informes falsos sobre las operaciones de las FDI.

Sin embargo, ¿Cómo pueden quejarse de las medidas adoptadas por otros países si las propias autoridades israelíes se convierten en socios activos en el boicot a Israel y dan la espalda a la lucha contra el antisemitismo?

El fiscal general actualmente está impidiendo que los dueños de negocios judíos en Judea y Samaria demanden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su » lista negra «, a pesar de que es una lista discriminatoria y racista.

El tribunal de Jerusalén ha pedido al fiscal general Avichai Mendelblit que se pronuncie sobre el asunto en seis ocasiones desde agosto de 2020, pero él se niega a fallar por temor a molestar a la ONU, alegando que sus representantes están negociando para suavizar las decisiones.

Entonces, antes de señalar con el dedo culpable a países de todo el mundo, sería mejor que los altos funcionarios del país dejaran de comportarse como judíos exiliados que no creen en nuestro derecho al estado.