La elección de la República Islámica de Irán para integrar el Comité del Programa y de la Coordinación (CPC) de Naciones Unidas, por un período de tres años a partir de enero de 2027, vuelve a poner de manifiesto una contradicción difícil de justificar. El régimen de Teherán, responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de una sistemática represión de las mujeres, acaba de obtener un lugar en un órgano central para la planificación y coordinación de los programas de la organización internacional.
El 11 de noviembre de 2026, la Asamblea General eligió a Irán mediante una votación secreta. Según los resultados difundidos, obtuvo 144 votos. La decisión había sido precedida por su nominación en el Consejo Económico y Social (ECOSOC), en abril, cuando Estados Unidos fue el único país que manifestó expresamente su oposición.
El CPC no es un organismo dedicado exclusivamente a los derechos humanos ni a la protección de las mujeres. Su función consiste en examinar los programas de Naciones Unidas, evaluar su ejecución y formular recomendaciones sobre prioridades y coordinación. Sin embargo, sus áreas de trabajo incluyen cuestiones como los derechos humanos y la igualdad de género. La absurda incorporación de Irán representa un premio a un régimen que persigue a las mujeres y reprime las libertades fundamentales de su propia población, al concederle, irónicamente, un lugar en la estructura de una organización que proclama defender esos mismos valores.
La composición del comité presenta, además, un dato llamativo: Irán e Israel fueron reelegidos para el período 2027-2029, mientras que Argentina también obtuvo un asiento. Los tres países compartirán, insólitamente, ese mismo espacio institucional, aunque fueron elegidos en representación de distintos grupos regionales y para sus respectivos cupos. Irán obtuvo 144 votos, Israel 126 y Argentina 168. Los resultados no permiten inferir afinidades políticas ni atribuir respaldos mutuos, dado el carácter secreto de las votaciones.
No es la primera vez que Naciones Unidas se enfrenta a una contradicción semejante. En 2010, las aspiraciones del gobierno iraní de ocupar distintos espacios dentro de la organización provocaron una intensa reacción internacional.
En abril de aquel año, Irán retiró su candidatura al Consejo de Derechos Humanos, después de una campaña de rechazo encabezada por organizaciones defensoras de las libertades fundamentales. Sin embargo, casi simultáneamente, consiguió ingresar por aclamación en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un organismo dedicado precisamente a promover la igualdad de género y los derechos femeninos. La decisión generó protestas de entidades y activistas que denunciaban la discriminación institucionalizada en la República Islámica.
La controversia continuó en noviembre de 2010, cuando Teherán intentó obtener un asiento en la junta ejecutiva de ONU Mujeres. Esta vez, la presión diplomática y la movilización de organizaciones de derechos humanos impidieron que alcanzara su objetivo. Timor-Leste compitió por el puesto y derrotó a Irán en la votación del ECOSOC.
El antecedente resulta revelador: hace dieciséis años, la reacción internacional consiguió frenar una aspiración iraní dentro de la estructura dedicada a la igualdad de género. Hoy, pese a las denuncias acumuladas contra el régimen, Naciones Unidas vuelve a concederle un espacio institucional de relevancia.
Las mujeres iraníes, víctimas de la represión
La contradicción adquiere una dimensión dramática cuando se examina la situación de las mujeres en Irán. Desde la instauración de la República Islámica en 1979, sus derechos han estado sometidos a un sistema jurídico y político que restringe su autonomía y castiga determinadas expresiones de disidencia.
La muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral en septiembre de 2022 por supuestamente incumplir las normas obligatorias sobre el velo, desencadenó una ola de protestas bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad». La movilización trascendió el reclamo inicial y se convirtió en un desafío a la estructura represiva del régimen. La respuesta oficial incluyó detenciones masivas, violencia contra manifestantes y procesos judiciales cuestionados.
La persecución continúa. Según el informe anual elaborado conjuntamente por Iran Human Rights y la organización ECPM, durante 2025 fueron ejecutadas al menos 48 mujeres en Irán, la cifra más alta registrada en más de dos décadas. Los datos más recientes de Iran Human Rights indican que, durante los primeros diez meses de 2026, otras 23 mujeres habían sido ejecutadas. Son cifras especialmente alarmantes en un país donde los procedimientos judiciales carecen con frecuencia de garantías suficientes y donde la pena capital se aplica incluso por delitos que no alcanzan los estándares internacionales para justificarla.
No se trata de episodios aislados, sino de una realidad persistente, marcada por la discriminación legal, la persecución de activistas y las restricciones impuestas a millones de mujeres.
La responsabilidad de Naciones Unidas
La elección de Irán al CPC no significa que la organización haya aprobado formalmente sus políticas internas ni convierte a ese comité en un tribunal de derechos humanos. Pero constituye una decisión política de sus Estados miembros y merece ser examinada. Los procedimientos institucionales no pueden servir para diluir la responsabilidad de quienes permiten que regímenes con antecedentes tan graves ocupen posiciones de influencia.
El resultado obliga a preguntarse qué criterios prevalecieron y qué responsabilidad asumieron los Estados que hicieron posible la elección.
La comparación con 2010 es inevitable. Entonces, la presión internacional consiguió impedir que Irán ingresara en la junta ejecutiva de ONU Mujeres. Ahora, el régimen vuelve a ocupar un lugar en la estructura de Naciones Unidas, pese a que su conducta continúa siendo objeto de graves denuncias internacionales.
La organización nacida después de la Segunda Guerra Mundial para promover la paz, la cooperación y la defensa de los derechos humanos no puede limitarse a proclamar esos principios. También debe demostrar coherencia en sus decisiones y en los Estados a los que concede representación.
Para las mujeres iraníes que desafían las imposiciones del régimen, para las activistas encarceladas y para quienes viven bajo la amenaza de una condena capital, la elección de su propio gobierno para integrar un organismo de Naciones Unidas constituye una nueva afrenta. Sus padecimientos quedan relegados mientras quienes las someten obtienen reconocimiento y espacios de representación internacional.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
Porisrael.org




















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