El costo del activismo contra Israel para la ciudadanía de Gijón

La reciente publicación de una convocatoria de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Gijón pone de manifiesto, nuevamente, la fijación de dicho Consistorio con cuestionables proyectos relacionados con la “causa palestina”, y la laxitud con que dona el dinero de sus contribuyentes a la misma. Cabe recordar a los gijoneses que con estos proyectos son tasados doblemente por la ayuda destinada a solidaridad internacional: la primera, la que de sus impuestos se destina en Presupuestos Generales del Estado a ese fin, como el resto de los españoles.

Pero el ayuntamiento de Gijón, además de eso, decide gastarse el dinero de sus ciudadanos, no en los asuntos de ámbito local propios de un consistorio y que, ni el gobierno central, ni ningún otro estamento sufragará, sino en más ayuda a otros países. Y puestos a elegir en quién gastar ese dinero que parece sobrarle al ayuntamiento, no buscan, ni a los más desfavorecidos, ni a las víctimas de los peores conflictos. Eligen dar nada menos que 100.000 euros sólo para Palestina.

Según el Índice de Pobreza Multidimensional mundial (utilizado internacionalmente por agencias de cooperación al desarrollo), ¡hasta 90 países! presentan peores indicadores que los presentados por los Territorios Palestinos, que tienen una puntuación similar a la de Serbia, Bosnia o Tailandia y mejor que la de Méjico, Colombia o Brasil. ¿Qué hambruna o crisis humanitaria reclaman ese apoyo de los gijoneses a una población palestina que ya recibe en ayuda internacional per cápita una cantidad absolutamente desproporcionada, incluyendo la mayor parte del presupuesto para refugiados de la ONU y con la que ni Asturias ni España tienen vínculos particularmente estrechos?

Sin ir a latitudes más lejanas, sorprende la focalización en ese área concreta y relativamente tranquila de Oriente Medio en comparación con otros conflictos en curso como los de Irak, Yemen, Libia, el Kurdistán o Siria. En este último caso, se estima la cifra de muertos en medio millón de personas, y en centenares de miles los desplazados. Pero esa pobre gente no tiene en la casa consistorial gijonesa los amigos que parecen tener los favorecidos palestinos.

Quizá la razón última de todo ello sea que, en realidad, no se trata de paliar necesidades urgentes, sino de alimentar la obsesión anti israelí de muchos de los que siguen teniendo como títere a la alcaldesa Carmen Moriyón.

Las ayudas no suelen ir destinadas a valientes activistas pro Derechos Humanos como Bassem Eid, víctimas de la persecución de los estamentos palestinos. A las organizaciones tradicionalmente beneficiarias de estas ayudas, los palestinos les interesan en realidad muy poco. Su única causa verdadera es la destrucción de Israel. Y para ello han montado una industria millonaria a costa de subvenciones públicas, como la que aquí comentamos. Esas subvenciones suelen acabar, por una parte, en sueldos para sus activistas, típicamente asociados a grupos de la órbita de IU-Podemos, y, por otra, en colaboraciones con organizaciones pantalla de bandas terroristas.

Habiendo identificado con todo detalle a esos grupos, anunciamos que vigilaremos muy de cerca la otorgación de esas donaciones ante cualquier atisbo de que los beneficiarios incumplieran criterios mínimos de elegibilidad, por promover el odio antisemita y glorificar el terrorismo, o por si tuvieran vínculos con organizaciones terroristas. Si así fuera, el consistorio gijonés y sus ediles incurrirían en graves responsabilidades civiles y penales que ACOM denunciaría sin dilación.

Cabe recordar que los grupos que suelen mágicamente beneficiarse, ayuntamiento tras ayuntamiento, y año tras año, de estas subvenciones son los mismos que han promovido el boicot contra Israel en ayuntamientos como Avilés, Gijón o Langreo. Ese boicot ya ha sido declarado ilegal e inconstitucional en 13 sentencias hasta la fecha, entre otras la del propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Son esos grupos los que, con el apoyo activo o pasivo de Foro, PSOE y Podemos en Gijón, consiguieron arrastrar por la ignominia internacional a la ciudad hasta que la situación insostenible les forzó a rectificar cuando el daño ya estaba hecho.

Parece que la alcaldesa Moriyón, en su permanente deriva, no siente que ya manchó suficientemente el nombre de Gijón. O sigue teniendo inconfesables deudas con los radicales a los que decide volver a regar con el dinero de todos.

Conminamos a la sociedad civil asturiana a que participe en la fiscalización de esas ayudas que salen de sus impuestos para que cese el flujo que alimenta intereses e influencias opacas que parecen existir entre el entramado antisemita BDS y el Ayuntamiento de Gijón.