Por Israel
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| sábado febrero 20, 2021
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Los títeres europeos de la CPI


El sábado pasado, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) dieron un gran golpe al Estado judío. Dictaminaron que el fiscal de la CPI puede abrir una investigación formal contra Israel por falsos crímenes de guerra. El primer ministro Benjamín Netanyahu arremetió contra la decisión calificándola de “puro antisemitismo”.

Netanyahu añadió: “Este tribunal se fundó para evitar atrocidades como el Holocausto nazi contra el pueblo judío, y ahora ataca al único Estado del pueblo judío”.

Netanyahu tiene toda la razón. La decisión del tribunal es intolerante en su esencia. Para llegar a su decisión, los jueces tuvieron que ignorar el Estatuto de Roma de 1998 en el que se basa. El Estatuto de Roma deja claro que sólo los Estados o el Consejo de Seguridad de la ONU pueden solicitar al tribunal una reparación. Y habiendo ignorado su propio mandato legal, los jueces procedieron a clavar un cuchillo en el propio concepto de derecho internacional. Aplicaron a Israel una norma de comportamiento que no se aplica a ningún otro Estado, con el fin de señalar a Israel para un procedimiento judicial que no tiene base ni en el mandato específico del tribunal ni en el derecho de gentes.

El hecho de que Hamás -un grupo terrorista formalmente comprometido con el genocidio del pueblo judío- publicara una declaración aplaudiendo la sentencia del tribunal demuestra lo perjudicial que fue la decisión del tribunal. Merece la pena señalar que cada ataque con misiles y cada atentado suicida que los terroristas de Hamás llevan a cabo contra Israel es un crimen de guerra independiente según el derecho internacional actual.

Los terroristas de Hamás comprenden el tinglado que la CPI está llevando a cabo contra los judíos. La falsa investigación de crímenes de guerra es una aplicación práctica de la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU de 1975, que definía el sionismo -el movimiento de liberación nacional judío- como una forma de racismo y, por tanto, rechazaba el derecho moral de Israel a existir.

Aunque la Resolución 3379 fue anulada en 1991, sigue viva hoy en día en todas las agencias de la ONU, donde Israel es condenado a diario por absolutamente nada. Está viva en la Unión Europea, que somete a Israel a una discriminación sistemática. Y está viva en la izquierda internacional, cuyos miembros en todo el mundo occidental vilipendian a Israel en todo momento, de nuevo, por absolutamente nada.

Todas estas fuerzas entienden que el objetivo de llevar a los soldados, comandantes y civiles israelíes al banquillo de los acusados de la CPI por crímenes de guerra que nunca ocurrieron es avanzar en su objetivo de rescindir el reconocimiento internacional del derecho del Estado judío a existir como un Estado normal y soberano. También saben muy bien que, simplemente celebrando juicios de exhibición de judíos israelíes, legitimarán y ampliarán el apoyo al objetivo de Hamás: la destrucción física de Israel.

En la época en que se aprobó la Resolución 3379, Henry Kissinger afirmó que no había nada de qué preocuparse, en realidad. Ni Estados Unidos, ni “en el último análisis Europa”, jamás “negociarían sobre la supervivencia de Israel”, dijo.

Pero un examen de las fuerzas que están produciendo la inquisición de la CPI deja claro que Kissinger era un ingenuo, al menos en lo que respecta a Europa.

Sin duda, el principal responsable de la farsa de odio a los judíos en La Haya es la propia CPI. La política Star Chamber tiene un interés institucional en perseguir cargos falsos contra Israel. En 2017, la Unión Africana aprobó una resolución que pedía a sus Estados miembros que se retiraran de la CPI. La resolución de la UA surgió de lo que los líderes africanos consideraban razonablemente como el enfoque perjudicial de la CPI sobre sus gobiernos. Cuando se aprobó la resolución, nueve de cada diez casos presentados ante el tribunal se referían a Estados africanos. Los gobiernos de África estaban hartos de la discriminación del tribunal.

Poco después, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, terminó su estudio preliminar de Israel y presentó su solicitud a los jueces para que abrieran una investigación formal sobre crímenes de guerra. La cadena de acontecimientos da por terminado el juego. La CPI necesita un acusado no africano. E Israel encaja en la lista. Los africanos están satisfechos de que se persiga a un Estado casi occidental. Y los Estados occidentales están contentos porque no consideran a Israel un miembro de su club.

En otras palabras, Israel es el chivo expiatorio de la CPI que puede sacrificar para asegurar sus intereses organizativos.

Pero por muy corruptas y depravadas que sean las motivaciones de la CPI para construir un falso caso de crímenes de guerra contra Israel, la CPI no podía actuar por sí sola. Necesitaba que otros hicieran tres cosas para permitir sus acciones.

Lo primero que había que hacer para presentar cargos falsos contra Israel era que la Autoridad Palestina, que no es un Estado, se uniera a la CPI como Estado signatario del Estatuto de Roma. Como la AP no es un Estado, para fingir que lo es, la CPI necesitaba la cobertura de la ONU. Así que, en 2012, la AP solicitó el estatus de observador no estatal en la ONU.

Las votaciones en la CPI y en la Asamblea General de la ONU fueron aprobadas por abrumadora mayoría. La República Checa fue el único Estado miembro de la UE que se opuso a esta iniciativa sin fundamento jurídico.

Para ser claros, el propósito de la AP al firmar el Estatuto de Roma y solicitar la mejora de su estatus en la ONU era conocido por todos los implicados. Todos los Estados que aprobaron estas medidas -o que no se opusieron a ellas- sabían que sus acciones estaban creando las condiciones para que la CPI juzgara a soldados, comandantes y civiles israelíes inocentes por crímenes de guerra que nunca se cometieron.

El propio Estado de Israel no puede ser juzgado formalmente. La CPI, como órgano supuestamente legal, necesitaba denuncias contra israelíes realmente nombrados. Y necesitaba “pruebas” y “testimonios” para dar peso a las acusaciones. En los últimos años, NGO Monitor ha documentado abundantemente cómo dos grupos diferentes de organizaciones no gubernamentales han dirigido esta parte del espectáculo. En primer lugar, grupos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han dirigido un importante esfuerzo de presión contra Israel durante décadas. Su objetivo es negar a Israel el derecho a la autodefensa. En los últimos años, esos esfuerzos se han centrado específicamente en presionar a la AP para que se adhiera a la CPI, a pesar de que el acto era una violación material de los acuerdos firmados por la AP con Israel. Han publicado acusaciones espurias de “crímenes de guerra” israelíes, han presionado para mejorar el estatus de la OLP en la ONU y para que la CPI acuse a Israel de crímenes de guerra.

El segundo tipo de organización que respalda los esfuerzos de la CPI son las ONG locales israelíes y palestinas. Grupos israelíes (de izquierda), como B’stelem, Yesh Din y Breaking the Silence, y grupos palestinos, como el Centro Palestino de Derechos Humanos, Al-Haq, Al Dameer y Al-Mezan, se encargaron de ello. Los gobiernos europeos, entre los que se encuentran Alemania, Francia, Holanda, Suiza, Noruega, Suecia y Gran Bretaña, aportan millones de euros anuales, tanto por separado como bajo la égida de la Unión Europea, a estos y otros grupos.  Como ha documentado NGO Monitor, en los últimos años, una parte de esas contribuciones se ha dirigido específicamente a acciones para facilitar las acciones de la CPI contra Israel. Sin el apoyo de los Estados europeos y de la UE, estos grupos carecerían de los medios financieros para llevar a cabo campañas para demonizar a Israel y promover la caza de brujas de la CPI contra sus soldados, oficiales y civiles.

Por último, la CPI no habría optado por desacreditar todo el concepto de derecho internacional persiguiendo a Israel por crímenes inexistentes si creyera que sería penalizada por hacerlo. En 2015, cuando Bensouda inició su investigación preliminar, Israel pidió a los financiadores de la CPI que tomaran represalias contra la medida desfinanciando la institución. La petición de Israel fue rechazada.

Más del 60% del presupuesto de la CPI está financiado por gobiernos europeos. Alemania es, por lo general, el mayor o segundo financiador de la CPI. Un representante del gobierno alemán citado en un informe de Reuters sobre la petición de Israel dijo que Alemania “no podía imaginar” la reducción, y mucho menos la desfinanciación del tribunal político.

Así pues, sin las acciones de gobiernos europeos como Alemania, Holanda, Suiza, Francia, Noruega, Gran Bretaña y Suecia, y sin la UE en su conjunto, la CPI nunca habría abierto su proceso de intolerancia contra Israel, cuyo propósito es rechazar el derecho de Israel a existir. En todo momento, los europeos tuvieron el poder de impedir o poner fin al trato intolerante de la CPI hacia el Estado judío. Y en todo momento, los europeos tomaron medidas activas para garantizar que el tratamiento continuara. De hecho, al financiar y dirigir los esfuerzos de ONGs como Breaking the Silence y Al-Dameer (afiliada al grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina), los europeos fueron los maestros de las marionetas que dirigieron este juego.

El Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, criticó la decisión de la CPI en una declaración que hizo pública poco después de que se anunciara. Maas no condenó la inmoralidad de perseguir falsas acusaciones de crímenes de guerra contra una nación inocente. Más bien, la crítica de Maas se centró en el hecho de que, a pesar de los esfuerzos de la CPI y la ONU, el hecho es que “Palestina” no es un Estado. “El tribunal no tiene jurisdicción”, tuiteó, “debido a la ausencia del elemento de estatalidad palestina requerido por el derecho internacional”.

Este es, sin duda, el principal problema jurídico de la decisión de la CPI. Pero el problema mucho mayor de la decisión de los jueces es que la investigación es un esfuerzo políticamente motivado para causar un daño material a Israel, como Estado judío. Israel respeta escrupulosamente las reglas de la guerra, y todo el mundo lo sabe. La razón por la que los políticos alemanes como Maas deberían oponerse a la sentencia es porque el comportamiento del tribunal forma parte de un esfuerzo mayor por socavar la aceptación internacional del derecho del pueblo judío a su Estado. Pero entonces, como uno de los principales financiadores tanto de la CPI como de las ONG que están detrás de las acusaciones ficticias y difamatorias, y como un Estado que no se opuso a las ofertas legalmente infundadas de los palestinos para el estatus de Estado en la CPI y la ONU, Maas claramente no tiene un problema con la inmoralidad de la empresa. Al contrario, está desempeñando un papel clave en su avance.

En cierto modo, los esfuerzos de la CPI por perjudicar al Estado judío son una versión moderna del juicio Dreyfus. El juicio Dreyfus fue una reacción antisemita contra la decisión de Francia de conceder los plenos derechos de ciudadanía a los judíos franceses en el marco de la Emancipación. Los oficiales antisemitas del Estado Mayor francés necesitaban un chivo expiatorio al que culpar de los actos de traición que habían cometido. Al elegir al capitán Alfred Dreyfus, un judío alsaciano, para ese papel, los oficiales contaron con la cobertura y el apoyo de poderosos clérigos antisemitas, intelectuales y editores de periódicos antisemitas y políticos antisemitas. Todas las figuras implicadas se dieron cuenta de que al inculpar a Dreyfus “el judío”, avanzaban en sus esfuerzos por desacreditar la idea de que los judíos podían ser socios de pleno derecho en la vida pública francesa.

La gran diferencia entre las personas que produjeron y dirigieron el libelo de sangre contra Dreyfus hace 125 años y las personas que están produciendo y dirigiendo el libelo de sangre contra Israel hoy en día es que, en Francia a principios del siglo XX, la gente estaba orgullosa de atacar a los judíos abiertamente. Hoy, sus sucesores contemporáneos prefieren un enfoque agresivo pasivo. Fingen oponerse a los esfuerzos por deslegitimar y criminalizar al Estado judío mientras los pagan y dirigen.

Traducido por Israelnoticias.com

 
Comentarios

Los lobyes y grupos de presion pro-palestinos, estan lo suficientemente implantados en Europa, y ostentan la suficiente fuerza de influencia mediática y social, como para incidir en una decision de esta naturaleza, tan desafortunada como injusta …
no creo «descubrir» nada al señalarlo …por otra parte, sus terminales (BDS y ONGS , Amnistia, y demas patulea) mantienen un incesante nivel de actividad y de proselitismo intoxicador en contra de Israel, al cual criminalizan sin pruebas, pero con notable éxito de aceptacion entre sus bases …
Asi las cosas, asiste a Israel, el derecho y el deber de defender su buen nombre ante la Corte penal internacional, y denunciar de paso, el hostigamiento y vitupério de los cuales viene siendo víctima reiterada
por mas que existan escasas posibilidades, que sus demandas sean tenidas en cuenta, dada la parcialidad que caracteriza a los miembros de esa corte penal , tratandose de Israel …

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