AMIA: el vergonzoso acuerdo con Irán

Lo que verdaderamente ha acordado el gobierno argentino con Teherán es otra demora, quizá definitiva, en el esclarecimiento del horrible atentado

EL Poder Ejecutivo anunció anteayer mediante 19 tuits de la Presidenta que ha arribado a un acuerdo con Irán -inusual y peligroso- sobre «los temas pendientes vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA», ocurrido el 18 de julio de 1994. Este extraño convenio , que según su propio texto deberá ser ratificado por los congresos de ambos países y que no menciona la realización de juicio alguno, se negoció en medio de la opacidad y se suscribió a pesar de lo estipulado específicamente en el artículo 109 de nuestra Constitución, que dispone que el presidente no puede, en ningún caso, «arrogarse el conocimiento de causas pendientes».

Lo más grave es que el acuerdo, al establecer la creación de una comisión para investigar el atentado, parece ignorar lo actuado por la justicia argentina en una causa que aún está en curso.

La decisión del Gobierno -dada a conocer insólitamente el Día Internacional del Holocausto, negado por Irán- recibió críticas tanto de la AMIA y de la DAIA como de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) y del arco político opositor, que la considera inconstitucional. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sostuvo, con sorpresa y desencanto: «Implicar al presunto culpable en la investigación, luego de haber llegado a conclusiones que llevaron a emitir la alerta roja por parte de Interpol, no tiene precedente».La llamada «Comisión de la Verdad» estaría compuesta por cinco juristas internacionales independientes que analizarán toda la documentación que le sea presentada por las partes. Agrega el texto algo inaceptable: que los dos países se intercambiarán y enviarán a la Comisión «la evidencia que se posee sobre la causa AMIA». No puede admitirse que en virtud del acuerdo el fiscal federal Alberto Nisman, que depende del Poder Ejecutivo, y el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, tengan que remitir las constancias de su investigación.

La comisión por crearse, que eventualmente formulará «recomendaciones», no puede sustituir a la justicia argentina. El informe final que redactará no puede suplir la labor de nuestros jueces ni la de los fiscales, pues el atentado ocurrió aquí y mal puede el Gobierno resignar la jurisdicción. Si el Poder Ejecutivo duda de lo actuado por la Justicia, debe proceder en el marco de ella misma, cuestionando o impugnando su labor. No puede hacerlo por medio de la comisión por crearse.

Una vez constituida esa comisión, proceso que seguramente no será rápido, sus integrantes y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para interrogar a las personas sobre las cuales Interpol, a solicitud de las autoridades argentinas, ha emitido la llamada «recomendación roja». Son los iraníes a quienes la justicia local considera responsables del atentado.

La comisión aludida, cabe destacar, tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte (esto es, a los de la Argentina e Irán). Cabe suponer que no interrogarán, cual alumno, al fiscal actuante, lo que sería inaceptable. Lo que no es obviamente lo mismo que interrogar a las personas ya requeridas judicialmente, atribución que no puede serle negada al fiscal de la causa.
No está nada claro si Nisman podrá interrogar, él solo, como obviamente corresponde, a los ciudadanos iraníes requeridos o si deberá hacerlo en presencia de los miembros de la Comisión, lo que sería limitar severamente sus facultades y constreñirlo fuertemente. Más aún cuando se lo obliga a hacerlo en el territorio de Irán.
Tampoco está claro si Irán se ha comprometido a entregar a los interrogados a la justicia argentina, si ésta eventualmente los requiriera, luego de sus declaraciones. En rigor, parecería que esto no ha ocurrido. Luego de los interrogatorios, entonces, todo podría volver a quedar paralizado. Como hasta ahora. Se habrá perdido más tiempo en una causa que cumplirá 19 años.

En caso de que el acuerdo celebrado entre los poderes ejecutivos de ambas naciones provocara controversias sobre su interpretación o aplicación, ellas serán resueltas por medio de consultas entre ambas partes, lo que puede naturalmente eternizar la puesta en marcha de lo acordado. Particularmente, siendo que la diplomacia iraní es reconocida por su fabulosa capacidad de dilatar todo hasta el infinito, según lo demuestra la marcha de las conversaciones con la comunidad internacional relativas a su cuestionado programa nuclear.
Queda visto que el acuerdo está plagado de numerosos y graves interrogantes y contiene dudas de peso. Irán está inmerso en un complejo proceso electoral que tendrá lugar a mediados de este año y que podría contribuir a dilatar, al menos hasta entonces, el trámite doméstico de aprobación del acuerdo comentado, procedimiento al cual curiosamente tampoco se ha puesto plazo alguno.
De esta manera, el gobierno argentino ha concluido, en la sombras y rodeado de las peores sospechas, lo que había comenzado con idéntica clandestinidad en los primeros contactos con Teherán. Se comprende ahora el porqué: se estaba negociando la entrega de la jurisdicción argentina y se facilitaba una nueva demora, quizá definitiva, para llegar a la verdad. Salta a la vista quién gana y quién pierde en este acuerdo que nuestro Congreso de ninguna manera deberá refrendar. Gana Irán, pierde la Argentina. Y las víctimas del atentado, sus familiares y toda la sociedad argentina han sido burladas una vez más.