Por Israel
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| lunes agosto 15, 2022

AMIA: un acuerdo que debe ser rechazado


Lo acordado por el Gobierno con Teherán para avanzar en la investigación del atentado significará, de hecho, un enorme retroceso en la búsqueda de justicia
Editorial de La Nacion

 AMIA-pacto
Las lamentables consecuencias de haber negociado el acuerdo recientemente alcanzado con Irán a espaldas de todos están a la vista. Como no podía ser de otra manera, por su naturaleza y contenido, el cuestionable acuerdo ha generado el justificado rechazo de vastos sectores de la población que lo encuentran altamente perjudicial, en especial, en relación con la necesidad de llegar a la verdad y hacer justicia en la causa que, desde hace años, investiga el atentado perpetrado contra la AMIA.

Lo primero que cabe preguntarse es cuál fue la razón para el radical cambio de dirección de nuestra política exterior respecto de Irán. De haber denunciado enérgicamente a ese país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y haber ordenado a los miembros de la representación permanente de nuestro país ante la organización a abandonar la sala cuando, desde su podio, hablaba el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, nuestro gobierno pasó a negociar y alcanzar, en un marco de secreta intimidad, el citado acuerdo bilateral.

¿Por qué Irán, que nunca hasta ahora colaboró con la investigación del atentado, a la que siempre se refirió despectivamente y con total falta de respeto, de pronto cambió de idea?

Quizá porque, paralelamente con el cambio de dirección, el comercio con Irán creció en forma exponencial. Todo esto ocurrió en medio de misteriosas negociaciones carentes de toda explicación coherente. Nos referimos a aquellas en las que parecería haber tenido alguna intervención el autoritario gobierno de Siria, como sugiere el viaje -casi clandestino- que realizara nuestro cada vez más desprestigiado canciller, Héctor Timerman, a la ciudad de Aleppo, en enero de 2011.

Ese impredecible giro político podría estar asociado a un objetivo político subalterno, vinculado con el andar del particular universo bolivariano, al que en los últimos tiempos nos hemos acercado peligrosamente. Irán es, recordemos, un socio estratégico de la Venezuela chavista y de la Cuba totalitaria de los hermanos Castro. Nos referimos a una posible participación iraní dirigida a paliar las consecuencias del tremendo desmanejo del sector energético por parte de nuestro gobierno. Desde hace ya un año, Irán es proveedor habitual de combustibles de Rafael Correa y tiene múltiples negocios en marcha con Bolivia y Venezuela. Los «bolivarianos» parecerían haber influido muy significativamente en ese repentino cambio de orientación, para así favorecer a un socio estratégico.

Todo esto sucedió aun cuando el tratamiento de la cuestión de la AMIA debió haber sido una política de Estado. Abierta y clara. Absolutamente transparente. En cambio, el tema se condujo entre gallos y medianoche, a escondidas. Además, de modo faccioso, haciendo honor a la repudiable conducta, habitual en nuestras autoridades, de no escuchar a nadie e ignorar, con gran arrogancia, incluso el parecer de las víctimas y el de la oposición en un tema particularmente grave en el que los argentinos estamos sumamente interesados, porque es obvio que nos concierne a todos.

Para tratar de justificar lo absolutamente injustificable, el canciller describió el acuerdo alcanzado con Irán como una suerte de joya, una conquista «histórica» repleta de presuntos triunfos judiciales, altamente dudosos, si no inexistentes.

Para el Gobierno, el hecho de que se podría comenzar a tomar declaración a los imputados iraníes es un avance. En verdad, es lo que siempre debió haber sucedido. Pero ni el juez de la causa, ni el fiscal, estarán -ni se sentirán- libres de presiones al ser obligados a desplazarse a un país de corte claramente policial, conducido por fanáticos y en el que, ciertamente, el Estado de Derecho no existe como tampoco existe garantía alguna de respeto a lo convenido.
Pero a ello se agrega la creación de una insólita Comisión de la Verdad, ente que, desgraciadamente, proyecta toda suerte de sospechas sobre nuestro sistema judicial y limita lo que en su seno pueda ahora hacerse como consecuencia de la dilatada investigación en curso, obstruida hasta hoy por Irán, que siempre se ha negado a colaborar.

No se ha asegurado tampoco que, si luego de las declaraciones indagatorias, el juez de la causa decidiera ordenar la prisión preventiva de todos o de cualquiera de los indagados, ello vaya a ocurrir efectivamente. Para eso, debió haberse incluido en el acuerdo un compromiso expreso, asumido claramente por Irán, que ciertamente no se contempló. Para los imputados, esto es una suerte de privilegio, una ventaja injustificable. Para el juez y el fiscal actuantes, es un grave signo de interrogación por los peligros que entraña tener que actuar en Irán.

La declaración indagatoria de esos imputados es sólo un acto de defensa que daría comienzo al proceso. Según nuestra legislación, los indagados podrían quedar detenidos luego de declarar o, por lo menos, tras el procesamiento que se les imponga pesaría sobre ellos la prisión preventiva. Se trata de delitos gravísimos que podrían catalogarse como de lesa humanidad. Es prácticamente imposible que esto vaya a suceder. La imposibilidad de detener a los imputados hace que éstos mejoren su situación actual. Dejarán de ser prófugos y quedarán a derecho, con todas las ventajas que esto supone: designar defensores, conocer el expediente completo, interponer recursos y nulidades, incluso para obstruir el normal desarrollo de la causa. Si ésta avanzara hacia un procesamiento con prisión preventiva, estas sanciones serían muy difíciles de cumplir.

La comparación invocada del caso AMIA con el precedente del caso Lockerbie es imposible. Casi grotesca, como justificación. Está claro que Escocia defendió su soberanía mucho mejor que nuestras autoridades. En ese precedente todo ocurrió en un tercer Estado: Holanda. Y no hubo mecanismo, ni «comisión» alguna que, con su parecer, pudiera influenciar o desteñir el proceder de los magistrados judiciales, a los que siempre se respetó y tuvo en cuenta. Por lo demás, a diferencia de Irán, Libia había admitido explícitamente su participación en el crimen que era investigado. Y terminó indemnizando a las víctimas, lo que trasladado al caso argentino equivaldría a que Irán sometiera a los acusados al proceso argentino y a sus consecuencias.

Quizá lo más grave de lo que ha sucedido es que nuestras autoridades, en violación de lo dispuesto en el artículo 109 de nuestra Constitución, concedieron, en los hechos, al dictatorial régimen iraní una suerte de presunción de que la investigación judicial argentina podría efectivamente estar mal hecha o tener serias fisuras. Esta admisión podría determinar que la causa quede detenida hasta tanto esa comisión determine la corrección de lo actuado. Al aceptar conformar una Comisión de la Verdad se ha incurrido en una sorprendente cesión de soberanía por parte de una administración que ha hecho de su defensa una excusa para decisiones importantísimas. Nuestra Justicia deberá actuar, de aquí en más, como una suerte de «veeduría» externa, con las consiguientes presiones, situación absolutamente inédita y claramente perjudicial para su proceder, para su dignidad, imagen y hasta para sus posibilidades.

Es cierto, el Gobierno podría haber tenido algunas dudas sobre la investigación en curso. En ella han desaparecido pruebas valiosas, como las escuchas telefónicas sobre el atentado terrorista. Nuestra actual mandataria integró, en su momento, la comisión bicameral de seguimiento del tema y debiera entonces conocerlo bien. Por ello, no puede descubrir recién ahora, al cabo de una frustrante década, que hay deficiencias en el proceso judicial y, menos aún, tratar de corregirlas a través de terceros, cuando el tema no sólo es sumamente serio, sino absolutamente nuestro. No se puede exponer así a nuestra Justicia. Hay otros caminos para corregir lo que eventualmente hubiera que mejorar.

Por esto, a medida que pasan los días, el acuerdo alcanzado por nuestro gobierno con Irán luce cada vez más peligroso y más perjudicial para los intereses de nuestro país. Pero también para la posibilidad de hacer efectivamente Justicia y para los derechos de las víctimas del atentado. Un país como Irán, que niega sistemáticamente la existencia del Holocausto, no puede realmente tenerse por sincero en lo que se refiere a la búsqueda de la verdad en el caso AMIA.
No obstante, la Presidenta acaba de enviar el acuerdo al Congreso. Al hacerlo, expresó que «la Justicia no va a ser obstruida y las autoridades podrán ir a interrogar a todos los acusados», agregando que dicho convenio «destraba la causa». El tiempo dirá si tuvo razón o no. Pero por más que el Gobierno continúe insistiendo en las eventuales ventajas del acuerdo con Irán, son demasiadas las dudas que éste genera, no sólo sobre sus posibles consecuencias sino, lo que es aún peor, también acerca de las verdaderas razones que lo han inspirado.

Desde estas columnas abogamos porque el Congreso de la Nación, por unanimidad, rechace este acuerdo, a todas luces opuesto a los intereses de nuestra Nación. De lo contrario, como sostuvo Robert Cox, estaremos en el lugar equivocado de la historia. Ya ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Argentina decidió ser neutral con el régimen nazi, en lugar de defender la libertad y los principios democráticos.

 
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